La disputa entre Repsol y el gobierno argentino por la expropiación del 51 por ciento de YPF está a un paso de finalizar. Las partes anunciaron ayer que arribaron a un principio de acuerdo que deberá ser ratificado mañana por el máximo órgano rector de la petrolera española, el Consejo de Administración. Si eso ocurre, el convenio se ejecutará en pocas semanas y los contendientes desistirán de las acciones legales en curso. La más importante es la demanda por 10.500 millones de dólares de Repsol contra el Estado nacional ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. La noticia se conoció ayer por la tarde luego de una reunión en la sede de YPF en Puerto Madero entre el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, con el ministro de Industria español, José Manuel Soria, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Ellos fueron los representantes de los tres gobiernos que trabajaron por el acuerdo: el argentino, el español y el mexicano. Los otros asistentes fueron el anfitrión, Miguel Galuccio; el director general de negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta; Isidro Fainé, en representación de la Caixa –accionista de Repsol–, y el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini.

El Ministerio de Economía, Repsol y Pemex –que tiene el 9,34 por ciento de la petrolera española– entregaron sendos comunicados con conceptos similares. El párrafo sustancial del texto que emitió el Palacio de Hacienda dice lo siguiente: “Se ha arribado a un principio de acuerdo acerca de la compensación por la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF ocurrida en abril de 2012, sujeto a ratificación de los máximos órganos rectores de Repsol. Tal principio de acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso. Las partes coinciden en que el presente principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y sus empresas”.

Hasta que el entendimiento sea aprobado por el Consejo de Administración de Repsol, que se reunirá mañana para esa tarea, las condiciones pactadas tienen carácter confidencial. Repsol quiso hacer valer en la negociación la valuación que le asignó a YPF el día antes de la expropiación del 51 por ciento de las acciones: 18.300 millones de dólares. El 51 por ciento de esa cifra son 9333 millones de dólares, algo menos que los 10.500 millones que fue a reclamar al Ciadi. Después de idas y venidas, de presiones cruzadas dentro mismo de Repsol –de sus accionistas y por parte de Pemex, que quiere entrar en Vaca Muerta pero no puede hacerlo mientras siga abierto el conflicto por la expropiación de YPF–, la empresa española accedió a bajarse de aquel monto.

Diarios españoles como El Mundo y Expansión mencionaban anoche que el pago sería en bonos por 5000 millones de dólares. Esa cifra surgió de una de las propuestas que hizo Pemex, que se dividía en 1500 millones en efectivo y el resto en activos de Vaca Muerta, el yacimiento de gas y petróleo no convencional del sur argentino. El Consejo de Administración de Repsol lo rechazó porque los activos eran sujetos a exploración, es decir, no estaba probada su capacidad productiva ni su rentabilidad potencial. Además, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se opuso a integrar nuevamente una sociedad con YPF. La exigencia del sector de accionistas de Repsol representados por Brufau fue que cualquier pago sea realizable de inmediato. Esa sería la clave por la cual se pudo llegar ahora a un principio de acuerdo: el gobierno argentino accedió a pagar en efectivo o en bonos, pero lo más probable es que sea en títulos públicos. Lo que en principio quedó descartado es la entrega de activos en Vaca Muerta, como pretendía Brufau.

El mes pasado se alcanzó un acuerdo con cinco empresas que tenían sentencias definitivas contra el país en el Ciadi. A cambio de levantar las demandas, el Estado entregó dos bonos: el Boden 2015 y el Bonar X (con vencimiento en 2017) por 506 millones de dólares. La emisión para pagarle a Repsol sería muy superior. Aunque se mencionó que podrían ser 5000 millones de dólares, no hay que descartar un monto mayor. El bajo nivel de endeudamiento en dólares del Estado nacional –equivalente a 8,5 puntos del PIB– permite absorber ese incremento. De todos modos, mientras más lejano sea el pago, mejor. De allí que anoche se escuchó que el bono con más chances podría ser el Bonar X, aunque también se especuló con el Bonar 19, un título en dólares que vence dentro de seis años, o un mix de diferentes papeles.

Una de las razones centrales por las cuales el Gobierno pretende cerrar este conflicto es para destrabar financiamiento internacional para YPF, que en la actualidad se complica por las demandas de Repsol. Es decir, el pago de una compensación a los españoles por la expropiación del 51 por ciento de la petrolera abriría la puerta a corto plazo a créditos, colocaciones de deuda y acuerdos con otras petroleras que permitirían elevar la producción de hidrocarburos, achicando el déficit energético que le hace perder divisas al Banco Central. La otra gran explicación del entendimiento que buscó Argentina –Galuccio fue hace un mes a España y dijo que de una manera u otra el país le pagaría la indemnización a Repsol antes de fin de año– es para cerrar los juicios a nivel internacional. Si eso no ocurría, el proceso de expropiación podía tardar hasta diez años en quedar clausurado. Es demasiado para una empresa con otras urgencias de crecimiento. El caso de Aerolíneas Argentinas es un buen ejemplo de las dificultades a sortear por no haber terminado la etapa de expropiación, que todavía sigue abierta.

Si bien Galuccio estuvo todo el tiempo al tanto de la negociación, la responsabilidad y la firma recae en el Poder Ejecutivo, que es quien ordenó la expropiación, mientras que el Estado es el propietario de las acciones. La ausencia de Brufau ayer en Buenos Aires generó especulaciones sobre un eventual rechazo suyo a la propuesta. Pero no sería ése el tema, sino que la razón de la ausencia habría que buscarla en un pedido del gobierno argentino, que ya no lo quiere en la mesa de discusión.

El artículo 12 de la ley de expropiación de YPF estableció que correspondía pagar una compensación a Repsol, como marca la legislación argentina para esos casos. En rigor, es lo que ocurre también a nivel internacional. Países de la región que han expropiado empresas también han pagado indemnizaciones. Por ejemplo, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ahora la Argentina está a un paso de cerrar una negociación que le permitirá terminar el capítulo de recuperación de su petrolera.