El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló ayer que desde el Gobierno se trabaja para saldar la deuda con el Club de París. En el acto de cierre de la 19ª Conferencia de la Unión Industrial, el funcionario enumeró las señales del Gobierno para facilitar el ingreso de inversiones, entre las que detalló –por primera vez en boca de un integrante del gabinete nacional– la intención oficial de arribar a un acuerdo por los más de 9000 millones de dólares que se mantienen en default con ese grupo de acreedores. La creación de la unidad para renegociar la deuda, que está a cargo del ex ministro de Economía Hernán Lorenzino, había dejado abierta la posibilidad de incluir ese tema en la agenda. Capitanich mencionó la normalización de los juicios perdidos ante el Ciadi para conseguir financiamiento del Banco Mundial, acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el de Desarrollo de Brasil, convenios bilaterales –entre ellos, con China y Rusia– y “acciones que tienen que ver con el proceso de negociación con el Club de París, que ha sido muy complejo”.

El jefe de Gabinete arribó pocos minutos antes del horario previsto para su exposición, a las 13, acompañado por la ministra de Industria, Débora Giorgi. También compartió panel con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, quien había expuesto anteriormente. La mesa se completó con el titular de la UIA, Héctor Méndez, y el presidente de la Conferencia Industrial, Héctor Motta. El salón volvió a nutrirse de los casi 500 empresarios que asistieron a las jornadas, sobre un total de casi mil inscriptos al evento.

Capitanich utilizó el estrado para seducir al empresariado para que acompañe el proceso de industrialización con mayor volumen de inversiones. Con ese objetivo, apuntó a las señales que envió el Gobierno a los potenciales inversores extranjeros a partir de lo que denominó una “normalización financiera con los organismos internacionales”. Explicó que la decisión de pagar las cinco sentencias contrarias al país dictadas por el Ciadi, el tribunal de arbitraje internacional, a compañías que habían operado en la Argentina, tuvo como justificación “generar las condiciones para el financiamiento del Banco Mundial”. Ejemplificó con el acuerdo por tres mil millones de dólares que la institución desembolsará en los próximos tres años. En la misma senda ubicó el tema del Club de París y la negociación con los bonistas que no entraron a los canjes y al preacuerdo con Repsol.

En referencia a los fondos buitre, cuyo litigio todavía se dirime en los tribunales de Nueva York, el funcionario destacó que la Argentina haya defendido su soberanía “de manera irreductible, en pleno cumplimiento de la Constitución”. Cualquier arreglo de la deuda tanto externa como interna se decide en el Congreso, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución nacional, indicó el jefe de Gabinete. Según explicó, el financiamiento que busca el Gobierno contribuirá al “desarrollo de una plataforma para proyectos productivos de carácter estratégico”. La aclaración busca despejar los rumores de un endeudamiento de la economía para saldar otros vencimientos.

Capitanich aseguró que “lo primero que debe hacerse es invertir en energía, porque cuando la industria crece se incrementa la demanda energética”. “La República Argentina necesita incrementar la inversión bruta interna, de la mano de la inversión pública y privada. En la inversión pública hemos tenido un incremento sostenido”, agregó. En referencia a los dichos de Méndez (ver aparte) exhortó: “Ustedes le piden al Estado este tipo de cosas, además de una baja de impuestos o reintegros. El Estado les pide a los empresarios que inviertan”. El funcionario también se refirió al tipo de cambio: “Quiero transmitir esta decisión política de la Presidenta de impulsar la inversión pública, inyectar moneda extranjera y lograr efecto sobre otra cuestión, el tipo de cambio”. El funcionario defendió el esquema de flotación administrada y enfatizó que “no hay posibilidad de disociar crecimiento de inversión pública”. Finalmente, resaltó la importancia de desarrollar la logística y que Argentina tenga “un tipo de cambio real, efectivo, competitivo y de largo plazo”.