En la que sería su última sesión del año antes de que asuman sus nuevos integrantes, el Consejo de la Magistratura podría tratar mañana la situación del juez federal Daniel Rafecas, acusado por mal desempeño en la causa que instruía por presuntos delitos en el levantamiento de la quiebra de la empresa Calcográfica Ciccone. La denuncia fue presentada por el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, y sostenida por el consejero por la UCR, el senador Mario Cimadevilla. Aunque ha transcurrido un año y medio largo, la Comisión no ha producido dictamen, lo cual refleja los conflictos que suscita en distintos sectores y el temor de que resulte un disparo en el pie o un nuevo Caso Dreyfus, que la historia registre como un modelo de arbitrariedad y abuso de poder. Con dictamen de mayoría, el procedimiento pasaría al plenario y de no obtenerse los dos tercios pasaría al archivo. Por eso, su inclusión no figura en el temario de mañana. Sólo se consideraría, sobre tablas, si los catones alcanzaran los 2/3 del plenario. Los consiguieron en su última reunión para acusar al camarista Alfredo Barbarosch, pero el caso y la personalidad de Rafecas son incomparables. Designado en 2004 por el ex presidente Néstor Kirchner luego de haber ganado el concurso en el Consejo que ahora podría propiciar su destitución, es el máximo símbolo de la renovación del Poder Judicial luego de la crisis de fin de siglo y ha recibido una impresionante cantidad de apoyos, sin precedentes en los treinta años de democracia. Esto pone al sistema político en un grave dilema, ya que la expulsión de este magistrado en un Poder Judicial en el que hay lugar para Norberto Oyarbide y para el coleccionista de objetos nazis Luis Osvaldo Rodríguez lo pondría en abierta contradicción con los valores que dentro de una semana se conmemorarán como básicos del sistema democrático y la legitimidad institucional. Entre los oficialistas que deberían votar por su destitución están el diputado Carlos Cuto Moreno y el senador Marcelo Fuentes, cuyas historias de vida hacen inconcebible tal pronunciamiento contra el magistrado que más ha hecho en los últimos años por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes del Terrorismo de Estado. Tampoco el Ministerio de Justicia apoya otra cosa que una sanción disciplinaria por una infracción menor.

Uno de los mejores

Para las Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la regional H.I.J.O.S. de la Capital Federal, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Memoria Abierta, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la asociación civil Buena Memoria, la Comisión de Homenaje a las víctimas de Vesubio, Puente 12 y Comisaría de Monte Grande, la Comisión Juicio Campo de Mayo, se trata de “uno de los mejores jueces de la democracia, comprometido con la causa de los derechos humanos y con la reparación adecuada a las víctimas de la última dictadura cívico militar”. También han expresado su preocupación el Consejo Nacional Armenio, la entidad política de la colectividad judía (DAIA), el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Comisión Bonaerense por la Memoria, los familiares de De-saparecidos Judíos y la organización gremial de los trabajadores judiciales que dirige Julio Piumato. En la nota enviada al presidente del Consejo, el juez Mario Fera, el conjunto de los organismos defensores de los derechos humanos citados destacaron que Rafecas “cumplió un papel clave” para impulsar y desarrollar estrategias de investigación y ordenamiento de esos procesos, que hasta entonces “avanzaban en forma muy desordenada y despareja”. Rafecas consiguió “darles racionalidad y desarrollar teorías y categorías jurídicas que reflejen con propiedad “el fenómeno criminal, político y económico que se está juzgando”. La megacausa Primer Cuerpo del Ejército es la más importante desde el juicio a los ex Comandantes de 1985, con más de 1200 víctimas en numerosos centros clandestinos de detención (CCD) en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Los criterios claros de Rafecas permitieron fragmentar la investigación por centro clandestino de detención (como Mansión Seré, Vesubio, Atlético, Banco, Olimpo, Automotores Orletti, Sheraton, Hospital Posadas), pero sin perder la visión general del ataque sistemático a la población civil. “Esto lo diferenció de otros magistrados que en un principio dividían la investigación por cada víctima, lo que hacía perder de vista el carácter de plan masivo”, dicen los organismos. Rafecas aplica en estos procesos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que comprende todos los padecimientos sufridos y no sólo la aplicación de golpes o picana eléctrica. Además “ha sido especialmente cuidadoso en el trato dado a las víctimas que buscaban reparación después de más de 30 años”. Esto “permitió avanzar en testimonios difíciles, inspecciones oculares inéditas, y el desarrollo de herramientas innovadoras para la reconstrucción virtual de los centros clandestinos de detención, aportando a la comprensión de las pruebas en investigaciones complejas”. También integra la Comisión Interpoderes, que la Corte Suprema creó como instancia de coordinación institucional para resolver las dificultades procesales y garantizar una respuesta acorde de todos los organismos y funcionarios involucrados en el proceso de Verdad y Justicia, agregan los organismos. En una nota personal, Pérez Esquivel sostuvo que al analizar la conducta de un juez “no debe atenderse a un hecho aislado sino a su conjunto, y que de avanzar el juicio político se perjudicaría el desarrollo de las causas por crímenes de lesa humanidad”, por lo que expresó su esperanza de que Rafecas pueda seguir “su excepcional labor”. La Comisión Bonaerense por la Memoria se dirigió al Consejo en el mismo sentido. Sostiene que al reconstruir la lógica del plan sistemático de exterminio, la estrategia procesal de Rafecas respetó a las víctimas de modo que no se vieran “obligadas a declarar en infinidad de oportunidades, con la consecuente revictimización, como suele ser el diseño investigativo de otros magistrados”. Rafecas también acompañó a esa Comisión Bonaerense “en la lucha contra la tortura hoy”. Su definición amplia de ese delito, sobre el que versó su tesis de doctorado, “ampara y avala jurídicamente nuestro empeño en que se reconozcan estas prácticas en la actualidad, perpetradas por las fuerzas de seguridad y policiales, y se propenda a la persecución penal de los responsables para que se erradiquen definitivamente”. Rafecas, dicen, “conjuga solvencia como magistrado, excelencia como académico e investigador y compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos como ciudadano, lo cual lo hace merecedor de nuestra mayor consideración”. El presidente y el secretario de la DAIA, Julio Schlosser y Jorge Knoblovits, le comunicaron al Consejo su consideración por Rafecas, como juez comprometido con los derechos humanos y por sus estudios sobre el Holocausto judío, la Shoá, por los cuales goza del reconocimiento de los sobrevivientes de los campos de exterminio. El Consejo Nacional Armenio de Sudamérica destacó la labor fundamental del juez para el avance de los juicios y su compromiso para mantener viva la memoria de causas justas, como el Genocidio contra los armenios o el Holocausto judío. “Jueces como Rafecas amplían los estrechos márgenes de la dogmática existente en el proceso penal, incorporando aquellas nociones necesarias a fin de proveer justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. A su vez, sus incansables estudios hacen al progreso no solo de la ciencia del derecho, sino también de la sociología y la historia. Escasos son los ejemplos, tanto en el Estado como en la Sociedad Civil, de ciudadanos que lleven a tal extremo de coherencia su accionar, conjugando la investigación académica con su tarea cotidiana”. Su labor “es demostrativa de una ética del ejercicio de la función judicial que bien debiera ser tenida en cuenta por el resto de los magistrados”.

Extraña pareja

En el otro platillo de la balanza están la denuncia que hizo en su contra el vicepresidente Amado Boudou en una conferencia de prensa, que motivó la excusación de Rafecas para seguir entendiendo en la causa Ciccone, pero también la inquina de la UCR contra el juez que investigó las coimas en el Senado, causa que motivó el suicidio del senador José Genoud y el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa. De acuerdo con los alineamientos producidos hasta hoy, se reagruparía el bipartidismo justicialista-radical en contra de Rafecas, y la corporación judicial, incluyendo jueces y abogados, en su favor. Si esos cálculos se confirman, la acusación no llegaría a los dos tercios necesarios. Aquí entra en juego la llamativa relación del acusador Ordiales con el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, quien lideró la resistencia contra todos los proyectos de reforma judicial del Poder Ejecutivo, al que Ordiales representa en el Consejo. Pese a ello, Ordiales operó en la Cámara de Casación para que Ana María Figueroa votara por mantener en forma permanente a Cabral como juez subrogante, pese a que fue designado hace un año y medio al margen de la ley. Cabral y Figueroa integran junto con el radical conservador Juan Carlos Gemignani la sala I de la Cámara de Casación, que tendrá a su cargo la apelación cuando el Tribunal Oral falle en la causa por los sobornos del Senado. La mujer de Ordiales, Fabiana León, fue defensora de algunos de los senadores justicialistas procesados, como Augusto Alasino y Alberto Tell. Ordiales vive en Puerto Madero, pero no visita a Cabral en su despacho de la Cámara de Casación sino en la quinta que el presidente de la Asociación de Magistrados tiene en General Rodríguez, donde entre achuras y vino Rutini pueden debatir las cuestiones de la Justicia con absoluta discreción. Según sus propios comentarios, Cabral habría tratado de convencer a Ordiales de que la cuestión se zanje con una mera sanción disciplinaria a Rafecas por los intrascendentes mensajes de texto que intercambió con un amigo de su familia sobre la causa Ciccone. Pero bastaría con que un juez desertara del bloque defensor para que Ordiales consiguiera los dos tercios.