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El titular de la AFIP, Alberto Abad, defendió el endurecimiento de las penas por delitos tributarios, así como la extensión de la responsabilidad a quienes asesoren a los evasores. Fue en una reunión con los diputados de la Comisión de Legislación Penal en la que reseñó los contenidos del proyecto.
El proyecto, que será tratado hoy en la Cámara baja junto a otras leyes económicas, prevé reprimir con penas de tres años y seis meses a diez años de prisión a quien “formare parte de una asociación u organización compuesta por tres o más personas destinada a posibilitar, facilitar o brindar la colaboración necesaria para la ejecución de los delitos previstos en la presente ley por el mero hecho de integrarla”. Respecto de los jefes u organizadores, el mínimo legal será de cinco años de prisión.
El titular del ente recaudador mencionó entre estas organizaciones a las “usinas de facturas apócrifas”, integradas por organizaciones que venden a terceros facturas por servicios no prestados, para que puedan deducirlas de sus declaraciones del impuesto a las Ganancias.
Abad también hizo referencia a la adulteración de programas para evadir los controles fiscales, facilitada por “ingenieros expertos que incluso les hacen el mantenimiento”, y señaló la elaboración de “documentación falsa sobre operaciones internacionales que nunca se hicieron, por ejemplo, préstamos para justificar pasivos”.
El proyecto del Ejecutivo menciona que “la experiencia recogida por la Administración Federal de Ingresos Públicos ha permitido apreciar la proliferación de un alto grado de especialización en la ejecución de conductas delictivas, habiéndose detectado la actuación de verdaderas organizaciones ilícitas dedicadas a vender –como si se tratara de un producto– el soporte técnico, logístico o intelectual para la comisión de delitos de evasión”. Según Abad, estas actividades “responden a una triste realidad y carcomen la carga tributaria de la Argentina”. La nueva legislación penal permitiría que las investigaciones se dirijan no sólo a los evasores contribuyentes sino que posibilitaría la individualización de las organizaciones que facilitaron la operatoria.