El Senado de la Nación aprobó anteayer con 57 votos y por unanimidad el proyecto de ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. Una de las postales de la sesión fue la serie de modificaciones que se le introdujeron al texto enviado por el Ejecutivo, consensuadas con la oposición, quienes suelen cuestionar en los medios de comunicación que las leyes se votan a “libro cerrado”. Las modificaciones apuntan a darles mayor participación a las provincias en el control y seguimiento de la normativa y a excluir de las sanciones a aquellas empresas que se vean obligadas a despedir trabajadores por estar en zonas declaradas en emergencia. También quedarán afuera de los beneficios especiales las empresas con más de 80 trabajadores. La iniciativa será tratada la semana próxima en las comisiones de Presupuesto y Legislación laboral de la Cámara de Diputados. El 21 de mayo podría convertirse en ley.

El proyecto legislativo contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral. Desde el Ejecutivo aseguraron que con esta batería de instrumentos se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento.

Durante el debate en comisión, la bancada del Frente para la Victoria (FpV) ya había anticipado que aceptaría una modificación que surgió de una propuesta del radicalismo. Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque oficialista, y Gerardo Morales (UCR) habían acordado un cambio en medio del debate en comisión.

Una de las modificaciones establece que la AFIP incluirá en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales las sentencias firmes o ejecutorias “por las que se establezca que el actor es un trabajador dependiente con relación laboral desconocida por el empleador o con irregularidades”.

Otro cambio propuesto por el radicalismo y consensuado con el oficialismo fue la admisión de excepciones para los empleadores que estén incluidos en el registro de sanciones, en aquellos casos en que el Poder Ejecutivo declare la emergencia regional en una zona determinada. A su vez, se modificó la composición del Comité de Seguimiento de la aplicación de la norma, para una mejor articulación con las provincias. Los integrantes del comité serán elegidos por la AFIP, Anses y los ministerios de Trabajo y Economía de cada jurisdicción.

Por último, quedó modificado el artículo 24 para disponer que los empleadores que tengan más de 80 trabajadores quedarán afuera del régimen especial de contribuciones patronales previsto en la normativa. De esta manera, el esfuerzo para la formalización de trabajadores estará concentrado en las micropymes, pymes y medianas empresas.

Durante la votación en particular, la oposición basó sus disidencias en el rol fiscalizador del Estado nacional al calificarlo de “excesivo”. La senadora Laura Montero (UCR) calificó a la nueva ley como un “veraz laboral”. Por su parte, la macrista Gabriela Michetti alertó sobre problemas de “incompatibilidad” en la conformación y ampliaciones de las medidas de las inspecciones al recordar que “la ciudad de Buenos Aires ya cuenta por convenio con la potestad de efectuar controles”. El titular de la bancada del FpV salió al cruce de la senadora por CABA. “Ya que la ciudad de Buenos Aires tiene una policía tan ejemplar, esperamos que se ocupen de los talleres textiles, porque allí hay trabajo esclavo.”

El proyecto ya fue girado a la Cámara de Diputados. El próximo 13 de mayo las comisiones de Presupuesto, presidida por Roberto Feletti, y Trabajo, a cargo de Héctor Recalde, recibirán al ministro Carlos Tomada para continuar con el análisis de la iniciativa y emitir el dictamen correspondiente. El proyecto sería tratado en el recinto el próximo 21. Junto a esta iniciativa se tratará otra para modificar el esquema de multas por violación a normas laborales, que también recibió media sanción del Senado.