El candidato del gobierno estadounidense para el cargo de director ejecutivo del FMI, Mark Sobel, alertó ayer que un fallo de la Justicia de su país contra la Argentina y favorable a los fondos buitre “podría alterar el orden y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de deuda soberana”. El litigio que enfrenta a la Argentina con un grupo de fondos especulativos que demandan el cobro en efectivo y en un solo pago de 1330 millones de dólares, por sus tenencias de bonos defolteados en 2001, se encuentra en la Corte Suprema de Estados Unidos, a la espera de que decida si toma el caso. “No es sólo una cuestión de Argentina”, afirmó Sobel al ser consultado por el senador republicano John McCain, en la audiencia convocada por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, donde se analiza su nominación como director ejecutivo de Estados Unidos ante el FMI. Según el funcionario, el caso “es importante para el orden y la previsibilidad del proceso de deuda soberana, así como para el rol de Nueva York como centro financiero”. La demanda de los buitres incluye el pedido de embargo de los fondos que sean destinados al pago de deuda vigente.

En febrero de 2012, el juez del Distrito de Manhattan (Nueva York), Thomas Griesa, emitió un fallo en el que ordena a la Argentina pagarles a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel 1330 millones de dólares sin quita. El Gobierno apeló esa sentencia y el 26 de octubre subsiguiente la Cámara de Nueva York convalidó la sentencia en favor de los fondos especulativos, a partir de una reinterpretación de la cláusula pari passu, que establece la igualdad en el trato entre acreedores. La Argentina llevó a la Corte el pedido para que se expida sobre estas decisiones. En este sentido, son clave los acompañamientos que reciba el pedido argentino de revisión por parte de otros gobiernos como de organismos multilaterales de crédito, principalmente de la administración Obama y del FMI, ya sea por decisión propia o por solicitud de la Corte.

Sobel, actual secretario adjunto de Política Monetaria y Financiera del Departamento del Tesoro, se manifestó preocupado por la interpretación realizada por los juzgados de instancias inferiores sobre la cláusula pari passu. En ese sentido, recordó que “la administración de George W. Bush presentó un amicus en 2004 ante la Corte de Apelaciones. Y el Tesoro también presentó dos escritos en 2012 sobre el tema”, a cuya resolución le adjudicó implicancias globales. “Hay una preocupación desde hace largo tiempo. No es sólo del Tesoro, ya que junto al Departamento de Estado y el de Justicia, las tres dependencias federales se unieron para intervenir en estos asuntos.”

Sobel, el candidato que presentó Obama en febrero para un cargo de dirección del Fondo Monetario, mencionó además el “tremendo” incremento de los juicios que llevan adelante los fondos buitre en todo el mundo. “Esa es la preocupación de Estados Unidos”, subrayó. El secretario rechazó haber instado al gobierno de México a presentar un amicus brief (amigo de tribunal) en apoyo de la Argentina ante la Corte Suprema de Justicia. “El gobierno de México consultó al Departamento del Tesoro sobre el litigio, pero decidió por su cuenta presentar el escrito, tal como lo hicieron Francia y Brasil”, explicó. La apelación argentina ante la Corte contó con apoyo, además, de la American Chamber of Commerce of Argentine y del Premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz.

De parte del gobierno de Obama, la Argentina recibió hace dos meses un fuerte respaldo en una causa satélite de este litigio, en que la Corte Suprema analiza la posibilidad de que fondos buitre busquen activos argentinos en el exterior con el fin de embargarlos. Durante la audiencia llevada a cabo el 21 de abril último, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó por primera vez los argumentos argentinos sobre el caso. La posición argentina fue acompañada por el procurador general adjunto del Departamento de Justicia de ese país, Edwin Kneedler, quien resaltó el carácter de inembargables de los bienes soberanos externos protegidos en su país por la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera y el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas. Ayer, Sobel recordó además que el secretario del Tesoro, Jack Lew, se había pronunciado en ese mismo sentido durante una reciente audiencia convocada por la Cámara baja del Congreso estadounidense.