Argentina está dispuesta a dialogar para hallar una solución a la disputa con los fondos buitre, pero cumplir al pie de la letra con las órdenes del juez Thomas Griesa es imposible. Aunque considera absurdo el fallo y suma respaldos en diferentes foros internacionales, el Ministerio de Economía reconoce la derrota judicial y está dispuesto a entablar una “negociación genuina” en la que acatar la sentencia no implique violar las condiciones pactadas con los bonistas que ingresaron al canje. Por eso, durante la reunión con Daniel Pollack, el mediador designado por el tribunal, el ministro Axel Kicillof reiteró la necesidad de suspender transitoriamente la ejecución del fallo para avanzar en la definición de condiciones “justas, equitativas y legales” para el conflicto. Si bien el juez ya rechazó el mismo pedido de medida cautelar realizado por el país semanas atrás, el responsable del equipo económico solicitó a Pollack que evaluara la posibilidad de interceder ante Griesa y los demandantes para reinsertar ese “paraguas legal”. Cualquier solución, enfatizan desde el equipo económico, debe contemplar los intereses de todos los acreedores: los fondos buitre beneficiados por la sentencia, el resto de los holdouts y el 92,4 por ciento de los inversores que reestructuró sus títulos en 2005 y 2010.

El argumento del Ministerio de Economía es sencillo y contundente: la decisión del tribunal neoyorquino no involucra sólo a los litigantes, sino que también abre una ventana legal para que reclamen todos los tenedores de bonos que no ingresaron al canje. Por lo tanto, si se decide pagar a los buitres, nada impide que otros fondos especulativos vuelvan a obstaculizar los pagos de los vencimientos en el corto plazo. Pero además, si Argentina cumple con las órdenes de Griesa, habilitaría demandas por sumas exorbitantes al violar la cláusula de Derechos sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés), que restringe hasta el 31 de diciembre de 2014 la posibilidad de realizar ofertas a los holdouts en mejores condiciones que las del canje.

Con ese diagnóstico, Kicillof reiteró a Pollack la necesidad de reponer la medida cautelar (stay) para abrir una instancia de diálogo donde negociar un mecanismo de pago sustentable. Se trata de resolver la disputa legal con los acreedores que lograron el fallo favorable y establecer los parámetros para potenciales demandantes que ingresarían por la misma vía, sin violar las condiciones de pago acordadas en 2005 y 2010 con los bonistas que participaron de la reestructuración. El primer pedido realizado por Argentina fue rechazado por Griesa. Ahora se debe esperar que el mediador acuse recibo, transmita el mensaje y que tanto los buitres como el tribunal accedan. La intransigencia buitre encabezada por el fondo NML Capital de Elliot Management dificulta ese camino.

El fallo de Griesa obliga a pagar 1500 millones de dólares a un grupo de fondos buitre encabezados por NML Capital y ordena a los intermediarios en el pago de la deuda reestructurada a que no cumplan sus obligaciones. Argentina pagó en tiempo y forma los vencimientos de capital e intereses de los títulos emitidos bajo legislación extranjera (norteamericana e inglesa). El país depositó 832 millones de dólares que vencieron el 30 de junio en las cuentas del Bank of New York Mellon, el agente de pago, y los fondos ya son de los acreedores. Sin embargo, los intermediarios no canalizaron los recursos a sus propietarios. Por eso el Ministerio de Economía intimó a los diferentes eslabones de la cadena para que procesen los pagos. No sólo no cursaron los vencimientos de los bonos con ley norteamericana, sino que tampoco lo hicieron con los títulos emitidos bajo legislación inglesa y argentina que están fuera de la jurisdicción de Griesa.

“Nosotros hemos pagado y no les dejan cobrar a los dueños del dinero”, señaló Kicillof la semana pasada. Sin embargo, en las condiciones actuales, si no se logra remediar antes del 30 de julio la irregularidades en el cumplimiento del contrato que rige los bonos, esos acreedores podrían iniciar acciones legales y el país se vería forzado a un default por la Justicia de Estados Unidos. Hoy, el horizonte temporal para alcanzar un mecanismo de pago sustentable para pagar a los buitres y generar los parámetros para que regularicen sus pasivos el 7,6 por ciento de todos los que no ingresaron el canje es muy reducido. Pero, además, si se decidiera pagar como dispuso Griesa se habilitarían demandas del 92,4 por ciento de los acreedores que participaron del canje, ya que se les estaría ofreciendo mejores condiciones violando la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO). Por eso, el stay debería alcanzar, por lo menos hasta fin de año, cuando pierden vigencia esos términos de la deuda reestructurada bajo ley de Nueva York.