“La participación del sector privado, desde el punto de vista de un mecanismo de arreglo, es una cuestión que no incumbe ni es competencia del Estado nacional”, sentenció ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El funcionario dejó así en claro que las distintas alternativas privadas, provenientes de empresas de primera línea y bancos locales e internacionales, no cuentan con respaldo legal del país, mientras continúa la ofensiva judicial contra lo actuado por el juez de Nueva York Thomas Griesa. Capitanich también rechazó las declaraciones de Griesa respecto de declarar a la Argentina en desacato por los avisos legales que difundió el Gobierno en distintos medios alertando a los tenedores de deuda sobre los caminos legales que pueden transitar para cobrar sus vencimientos. “Habría que preguntarle al juez Griesa para que lo explique, porque en la condición de país soberano no existe una orden de desacato, salvo violando efectivamente esa inmunidad soberana”, aseguró el jefe de ministros.

Desde el ámbito empresario y financiero pretenden hacer una oferta a los fondos buitre para comprarles el juicio por unos 1500 millones de dólares contra la Argentina y reestablecer la suspensión a la sentencia del juez de Manhattan, cuyo cumplimiento por parte del país desarticularía la reestructuración de deuda. Cualquier convalidación del Estado nacional sobre algún acuerdo entre privados podría ser tomado como una propuesta superadora directa a los buitres, lo que gatillaría la cláusula RUFO, que obliga al país a replicar las condiciones de quienes ingresaron a los canjes de deuda cualquier mejora a los holdouts. En ese sentido, Capitanich dejó en claro que son negociaciones entre privados. La apuesta del sector privado es que una eventual pérdida entre lo que les reconozcan a los buitres en la compra de este juicio y lo que obtengan después de enero, cuando venza la RUFO, será más que compensado por una suba de bonos locales y un mayor acceso al financiamiento externo para empresas y bancos.

“La participación del sector privado, sea a través de empresas, bancos extranjeros o nacionales, desde el punto de vista de un posible mecanismo de arreglo, es una cuestión entre privados. Esto puede generar desde la adquisición de una opción hasta la compra del juicio hasta distintas opciones, pero eso no incumbe y no es competencia del Estado nacional”, detalló Capitanich. El Estado nacional ha fijado una posición, es una posición muy clara, explícita y contundente, que surge claramente del contrato de fideicomiso que precisamente está perfectamente estipulado en el prospecto”, agregó.

La ofensiva argentina contra lo actuado por el tribunal de Nueva York y sobre el acatamiento de bancos intermediarios continúa sumando actores a ese reclamo. A los bonistas europeos, quienes adelantaron que accionarán contra el Bank of New York (BoNY) por no distribuir aún los fondos depositados por la Argentina el 26 de junio último, se sumaron los tenedores locales. Un grupo de bonistas intimó al BoNY a que transfiera los fondos pagados por Argentina antes de medianoche. Se trata de tenedores que entraron al canje de deuda de 2010 y tienen en su poder títulos Discount nominados en euros con vencimiento en 2033, sujetos a leyes y tribunales del Reino Unido. Entre ellos hay inversores individuales, sociedades de Bolsa, empresas y también fondos de inversión extranjeros.

La carta documento enviada por estos bonistas al BoNY señala que el ente “como titular de una cuenta bancaria ubicada en el territorio de la República Argentina, particularmente en el Banco Central, y destinada al pago de los títulos, sólo puede obedecer sentencias judiciales emanadas de los tribunales de la República Argentina”. Por su parte, aún se aguarda la respuesta formal de los Estados Unidos ante la intimación argentina frente al Tribunal de La Haya sobre lo actuado por su Justicia: “La Argentina planteó en su demanda que, si Estados Unidos no acepta la competencia de la Corte de La Haya, tiene que formular una propuesta alternativa de mecanismo de solución de la controversia”, explicó el profesor de Derecho Internacional e integrante del equipo jurídico argentino en el tribunal de La Haya Marcelo Kohen.