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“Los representantes que integran la Junta Directiva de la UIA expresaron su rechazo al proyecto de Ley de Abastecimiento enviado al Poder Legislativo. Este proyecto, además de los cuestionamientos legales, por implicar una delegación extraordinaria no habilitada en la Constitución, representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada.” De esa manera, la UIA encabezó el comunicado difundido ayer en contra de la medida propuesta por el Gobierno. Los bancos y la Federación Agraria criticaron la iniciativa, y las pymes mantienen cierta distancia.

“La potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad, incluso la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional repercutirán negativamente en los niveles de inversión y empleo, agravando el delicado contexto productivo que vive el país”, indicaron los empresarios de la UIA. También se hicieron eco del reclamo los bancos extranjeros nucleados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). “El proyecto desalentará inversiones privadas al no garantizar la previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego. Fuertes controles e intervencionismo afectarán la transparencia de los mercados y el clima de negocios”, indicaron. Una posición similar plantearon los banqueros privados de capital nacional nucleados en Adeba. “La nueva ley traerá como consecuencia efectos opuestos a los perseguidos. La intromisión del Estado terminará por inhibir la inversión privada”, indicó la entidad que preside Jorge Brito, también titular del Banco Macro.

Por su parte, la conducción de la Federación Agraria, que encabeza Eduardo Buzzi, expresó a través de un comunicado una “honda preocupación por el intento del Gobierno de impulsar una remozada ley de abastecimiento”. En la misma línea, los empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa cuestionaron por “intervencionista” el proyecto de ley.

En cambio, las pymes de la Cgera manifestaron “estar de acuerdo con los objetivos del proyecto, que busca que la población y las pequeñas empresas tengan acceso a los bienes y servicios a precios razonables”, pero cuestionaron que “se ata el cumplimiento a las autoridades de aplicación, que dependerán de los sucesivos gobiernos que vengan”.