La Ley Antiterrorista será aplicada por primera vez en la Argentina: el gobierno nacional denunció a la imprenta Donnelley, que se había declarado sorpresivamente en quiebra este lunes, “por alteración al orden económico y financiero” y por intentar “crear temor en la población” al cerrar sus puertas de forma injustificada, dejando a cuatrocientos trabajadores en la calle. El anuncio de la acción penal lo hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer por la tarde, en un acto en la Casa Rosada. Allí vinculó a la multinacional que tiene su planta en la localidad bonaerense de Garín, a través del fondo de inversión Black Rock, con el grupo NML que dirige de Paul Singer y que reclama ante el juez neoyorquino Thomas Griesa al país el pago de 1300 millones de dólares de deuda no reestructurada. También señaló a funcionarios del Poder Judicial local por haber colaborado con esta “quiebra express”, que enmascara, según dijo, un intento de desestabilización política.

“Este gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos”, aseguró CFK al anunciar que solicitó para este caso, y por primera vez, la aplicación de la Ley Antiterrorista, que en su momento había sido duramente criticada por partidos de izquierda e incluso sectores del oficialismo por considerar que podía poner en peligro derechos laborales, sindicales y de protesta. La denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, pide que se investigue a Donnelley por fraude fiscal y evasión, por forjar una quiebra fraudulenta, y solicita la aplicación de esta norma, que implica penas más fuertes, ya que considera que la maniobra no estaba justificada por la situación económica de la empresa, sino que tuvo como único fin “alterar el orden económico y financiero, y crear terror en la población”.

Para sustentar esta afirmación, la Presidenta reveló vínculos entre la imprenta, una multinacional que tiene base en Chicago, con los fondos buitre que litigan contra la Argentina en los Estados Unidos por el cobro de bonos de deuda no reestructurada. Según la mandataria, Paul Singer era dueño del 7 por ciento de las acciones de Donnelley, un paquete que hoy se encuentra en manos de otro fondo de inversión, Black Rock, a través del cual el titular de NML operó para retirar la empresa del país con fines de desestabilización política. En ese sentido, Fernández de Kirchner trajo a colación las palabras del presidente de Aurelius, otro de los grupos en litigio en el juzgado de Griesa, Mark Brodsky, quien hace dos días había amenazado al Gobierno con que “lo peor está por venir” si no pagan lo que se reclama.

“Los fondos buitre no quieren arreglar. No es solamente avaricia y codicia sino una decisión política y geopolítica de querer volver a endeudar la Argentina, y tirar abajo de cualquier modo la reestructuración de deuda soberana”, agregó CFK, que le contestó a Brodsky: “Nos gustaría saber qué es lo que está por venir”. También apuntó contra los “buitres de adentro” que “defienden a esta gente y defienden actitudes como ésta, amenazantes e hirientes para la soberanía y la dignidad nacional”, y lo relacionó con la decisión del juez Gerardo Sandiglia de otorgar una “quiebra express” a Donnelley apenas un día hábil después de que lo solicitara una empresa que “no tiene problemas económicos”. Para la mandataria “hay un proyecto claro de volver a endeudar a la Argentina y darle papelitos a cambio de los recursos naturales”, y hay agentes extranjeros y locales coligados en ese esfuerzo, lo que amerita la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Además se realizará una segunda denuncia por maniobras fraudulentas contra Donnelley ante el Security and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, el órgano gubernamental encargado de supervisar los mercados financieros en ese país. La imprenta es una de las empresas líderes mundiales en ese rubro, con ventas por más de 10 mil millones de dólares al año, que desde hace tiempo es vinculada con diversos fondos especulativos, entre los que están Black Rock y Paul Singer, pero también otros personajes muy vinculados con el mundo de las finanzas como Sanfor Weill (ex CEO de Citigroup) y Fred Eckert, un ex Goldman Sachs y actual “estrella” entre los buitres, tal como lo describe The New York Times.

Estos anuncios se hicieron en el marco de un extenso acto en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada. “Hay muchos temas para hablar y, como no sale por cadena nacional, voy a aprovechar”, había advertido la mandataria al comienzo de su discurso, que tuvo lugar luego de que se otorgara un nuevo plan de viviendas que beneficiará a 18 provincias (ver aparte). Junto a ella estuvieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. También había más de diez gobernadores y, entre los invitados, en las primeras filas había una importante presencia de dirigentes sindicales, además de diputados nacionales, secretarios de Estado y funcionarios de segundas y terceras líneas.

La Ley Antiterrorista fue una reforma al Código Penal impulsada por el Gobierno a partir de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera), con el objetivo original de evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional, agravando las penas de una serie de delitos ya establecidos cuando estuvieran vinculados con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Una primera versión de la norma fue aprobada en el año 2007; y la definitiva, a fines de 2011. Fruto de una serie de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos, quienes temían que la ley se usara para perseguir luchas sociales y gremiales, la última modificación incluyó un agregado que exime de su alcance los hechos que “tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Con la denuncia contra la imprenta Donnelley será la primera vez que se va a aplicar la Ley Antiterrorista, sostuvo ayer la Presidenta.