El juez Thomas Griesa declaró a la Argentina “en desacato” por incumplir con su fallo que obliga al país a pagarles 1330 millones de dólares más intereses a un grupo de fondos buitre. La decisión del magistrado estadounidense no contempló ninguna sanción monetaria como solicitaron los demandantes aunque, acorde a su errático y contradictorio comportamiento, dejó abierta la puerta para hacerlo eventualmente en otro momento. En el equipo económico cuestionaron al juez por convalidar el pedido buitre, aunque explicaban que, incluso si se impone una multa pecuniaria, la medida no tendrá consecuencias prácticas sobre el país. El Gobierno evaluaba anoche la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones. Más temprano, la Cancillería expresó formalmente su malestar ante las autoridades diplomáticas estadounidenses (ver aparte). El nuevo rótulo legal decidido por Griesa no afecta la decisión del país de intentar garantizar los próximos pagos a los tenedores de bonos reestructurados a través de las herramientas contempladas en la Ley de Pago Soberano de la Deuda Externa. Desde el Ministerio de Economía confirmaron a Página/12 que a lo largo de la jornada depositarán en las cuentas de Nación Fideicomisos, el nuevo agente pagador, los 191 millones de dólares correspondientes al vencimiento de lo bonos Par programado para hoy (ver página 5).

“Declarar al país en desacato es un disparate jurídico que ofende a nuestra soberanía, pero nada puede ser más disruptivo que el bloqueo al pago de los vencimientos de la deuda externa convalidado por todo el sistema judicial de Estados Unidos. Estamos frente a un nuevo intento de forzarnos a pagar una sentencia que ya demostramos que es imposible de cumplir”, indicó a este diario un colaborador del ministro de Economía, Axel Kicillof. En el equipo económico consideran que no fue casual que la determinación del juez llegara tres días después de que decidiera habilitar al Citibank “por segunda única vez” a canalizar los pagos de los vencimientos de los bonos en dólares con legislación argentina en poder de acreedores en el exterior. “Busca mostrar que, aunque está equivocado y debe dar marcha atrás, tiene la autoridad y el control”, expresó un funcionario del Palacio de Hacienda.

“La decisión del juez municipal Thomas Griesa de declarar en desacato a la Argentina es violatoria del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Todos estos instrumentos establecen que los Estados Unidos como Estado es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial”, afirmó ayer la Cancillería. A través de un comunicado, la cartera encabezada por Héctor Timerman reforzó los cuestionamientos remitidos en la carta al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, enviada por la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, donde recordó la demanda iniciada contra ese país ante la Corte Internacional de Justicia. “La decisión no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina”, indica el texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (ver aparte).

La figura de desacato sobre un Estado soberano constituye una rareza legal que carece de consecuencias concretas. “Es disparatado que una nación soberana pueda ser declarada en desacato por un juez municipal”, había anticipado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. De hecho, el propio Griesa ya había rechazado hace dos meses un pedido buitre similar donde indicó que el desacato no ayudaría a resolver la disputa o encontrar una solución legal, equitativa y sustentable. La decisión de ayer no contempló una multa monetaria. El fondo buitre NML Capital encabezado por el financista Paul Singer reclamó en esta oportunidad una sanción diaria de 50.000 dólares que por ahora no fueron convalidados por el juez. “No creo que sea apropiado lidiar con sanciones esta tarde”, sostuvo el magistrado en la audiencia desarrollada ayer.

Sin embargo, incluso en los pocos casos donde existieron intentos de jueces norteamericanos para imponer multas a países –como Congo en 2006– la legislación vigente en Estados Unidos vuelve prácticamente imposible su cumplimiento a menos que el demandado decida voluntariamente pagar. “Estados Unidos insta a esta corte a rechazar las sanciones monetarias como un mecanismo para coercionar a un Estado extranjero al cumplimiento de las órdenes. La declaración de desacato con sanciones monetarias va en contra de la práctica de la comunidad internacional y tiene el potencial para lesionar nuestras relaciones exteriores y abrir la puerta a la imposición de sanciones contra nuestro gobierno. Contra todas esas consideraciones de política están los inexistentes beneficios de una sanción que es imposible de implementar. Bajo estas circunstancias una corte de distrito yerra y abusa de su discreción cuando ordena sanciones monetarias contra un Estado extranjero”, sostuvieron las autoridades norteamericanas en un amicus curiae presentado en el caso de una empresa contra el Congo donde el juez recurrió al desacato y a multas.

“Si bien la decisión del juez constituye una grave ofensa a la soberanía del país es una declaración meramente simbólica”, indicaron a Página/12 en el Palacio de Hacienda. “Argentina no cumple con su extravagante sentencia porque está impedida legalmente para hacerlo por la cláusula RUFO y porque es imposible alcanzar una solución sustentable para el país y la reestructuración de deuda negociando con sólo una parte reducida de los fondos que tienen los títulos no ingresados al canje”, precisaron desde el equipo económico, donde reiteraron la decisión de comenzar a implementar la Ley de Pago Soberano de la Deuda Externa.