El ministro De Vido junto a la secretaria de Energía, Mariana Matranga, y Juan Carlos Lascurain.

El Gobierno inauguró ayer la central térmica Vuelta de Obligado, ubicada en la localidad santafesina de Timbúes. La obra aportará al sistema una potencia de 540 megavatios con dos turbinas a gas de 270 Mw cada una. En agosto del año próximo se sumará además una turbina a vapor que permitirá cerrar el ciclo combinado y elevar la potencia a 810 Mw. La inversión fue de 850 millones de dólares. “Esta es la central número 26 que inauguramos desde 2004 con el plan energético lanzado por Néstor Kirchner”, aseguró el ministro de Planificación, Julio De Vido, al conectarse desde Santa Fe por videoconferencia con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para poner formalmente en marcha la usina.

El proyecto de la central se gestó a comienzos de 2011. El Estado había acumulado una deuda millonaria con las generadoras eléctricas Sadesa, Endesa y Duke Energy. Como no estaba claro cuándo iba a devolver el dinero, las empresas negociaron con el Gobierno canjear sus acreencias por financiamiento para la construcción de una nueva usina en Timbúes. Para la concreción del proyecto, el 11 de mayo de ese año se creó la firma Central Vuelta de Obligado S.A. Sadesa, la firma del Grupo Miguens que controla las centrales Puerto y Piedra del Aguila, se quedó con el 56 por ciento de ese consorcio. El grupo español Endesa, que opera las usinas Costanera, Dock Sud y El Chocón, ingresó con un 41 por ciento y la estadounidense Duke, que tiene el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados y la térmica Alto Valle, acaparó el 3 por ciento restante.

El acuerdo fue que, una vez finalizada la obra, la firma Central Vuelta de Obligado operará la usina por diez años y luego el 70 por ciento de las acciones de esa compañía pasarán a manos del Estado, quedando sólo el 30 por ciento restante en poder de las tres generadoras privadas. El dinero para financiar la obra provino del Fondo de Inversiones Necesarias para el Mercado Eléctrico Mayorista (Foninvemem) y se canalizó a través de un fideicomiso.

El 5 de julio de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la adjudicación de la obra a una Unión Transitoria de Empresas integrada por la estadounidense General Electric, la española Duro Felguera y la pyme argentina Fainser, propiedad del ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain.

El contrato se firmó en octubre de ese mismo año y a las pocas semanas comenzó la construcción de la central acordando la entrega bajo la modalidad “llave en mano”. General Electric fue la responsable de proveer las turbinas, Duro Felguera estuvo a cargo de los trabajos de ingeniería, el suministro de los equipos del balance de planta, la obra civil y la puesta en marcha, mientras que Fainstein fabricó parte de las calderas, el edificio de las turbinas y además tuvo a su cargo las interconexiones. “Es la primera vez que una pyme metalúrgica tiene la posibilidad de demostrar sus habilidades en una obra de esta envergadura”, aseguró ayer Lascurain, quien acompañó a De Vido y a la secretaria de Energía, Mariana Matranga, durante el anuncio.

Además de la construcción de la central, la obra contempló la ampliación de la Estación Transformadora Río Coronda de 500 kilovatios para su conexión a la red nacional y la construcción de un gasoducto de 16 kilómetros de extensión, conectado al gasoducto troncal de Transportadora de Gas del Norte. Las turbinas de la central podrán utilizar tanto gas natural y gasoil como biodiésel. A su vez, su estratégica localización junto al río Coronda garantiza el suministro hídrico de la usina, que tomará agua de dicho cauce para refrigerarse y asegurar el funcionamiento del ciclo combinado. Al lado, funciona desde 2010 la central termoeléctrica San Martín que aporta 830 megavatios de potencia al sistema.

El ministro De Vido no sólo destacó la energía que aportará la central, sino también el grado de integración nacional de la obra, el cual, según dijo, llegó al 50 por ciento. “No vamos a comprar afuera ningún elemento que pueda fabricar un trabajador argentino”, aseguró. A su vez, el funcionario destacó la creciente participación del Estado en la matriz energética. “En 2003 sólo el 21 por ciento de la propiedad de la generación eléctrica estaba en manos del Estado nacional y hoy es el 42 por ciento. Esto explica claramente el protagonismo del Estado”, aseguró.