La Justicia argentina cuestionó por primera vez los excesos de jurisdicción del magistrado estadounidense Thomas Griesa. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 hizo lugar ayer a una medida cautelar solicitada por el Ministerio de Economía para que la sucursal argentina del Citibank no ejecute un acuerdo alcanzado en Estados Unidos con los fondos buitre homologado por Griesa. Aquel pacto comprometió al banco a retirarse del negocio de custodio de títulos en la Argentina y a renunciar a su derecho de apelar la orden del magistrado neoyorquino que pretende interrumpir la cadena de pagos de los bonos regidos por ley argentina. A cambio, NML y el resto de los demandantes le permitirían realizar los pagos de marzo y junio de 2015. Sin expresarse sobre la cuestión de fondo, el pedido de declaración de inconstitucionalidad y nulidad del pacto realizado por el Palacio de Hacienda, la Justicia local concedió una medida cautelar. Busca garantizar que la entidad financiera cumpla con sus obligaciones en el pago de los bonos en dólares regidos con legislación local. El holding financiero puede apelar la medida.

El caso es una de las últimas ramificaciones generadas por el cuestionado fallo de Griesa a favor de los fondos buitre. El Citi es el responsable de canalizar a los bonistas radicados en el extranjero el pago de los títulos en dólares emitidos con ley argentina. El año pasado el holding cuestionó en tándem con Argentina las decisiones de Griesa y logró transferir en “tres únicas oportunidades” los fondos a su cargo. La posición del banco cambió en marzo cuando alcanzó el acuerdo con los buitres y decidió desistir de sus cuestionamientos. “Este pacto no sólo genera daños a los clientes del banco y a la propia institución en términos de ganancias, sino que el acuerdo vulnera el orden público argentino porque viola e interfiere la regulación de nuestra deuda pública”, afirmó el mes pasado el ministro de Economía, Axel Kicillof, al presentar el pedido de nulidad contra el acuerdo. Como parte de esa disputa legal y en paralelo a la demanda iniciada el mes pasado por el equipo económico, el directorio del Banco Central inhabilitó al CEO del Citibank.

Ayer, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 dio un paso relevante: le ordenó a la sucursal argentina de la entidad financiera abstenerse “de realizar cualquier acto” destinado a cumplir con el pacto. Asimismo, dispuso que el holding no puede “tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de Bonos Argentinos del Canje”. La resolución judicial limita por primera vez el poder supremo ejercido por el juez del distrito sur de Nueva York, al ser cuestionado en un nivel político y jurídico de importancia equivalente: un magistrado de la Justicia argentina.

La Justicia argentina consideró ayer necesaria su intervención, ya que el “acuerdo ha tenido comienzo de ejecución”. El Citibank ya les comunicó a Euroclear y Clearstream –las dos cámaras compensadoras a las que les transfiere los dólares pagados por el país– la rescisión de los respectivos contratos de custodia sobre títulos públicos argentinos. La decisión de la jueza Marra Giménez remarca que los bonos en discusión están regidos por la legislación argentina y que la decisión de Citibank para desvincularse de su rol de custodio se realizó de manera unilateral y evadiendo la legislación vigente. En el texto conocido ayer, la magistrada agregó que la entidad financiera tampoco cumplió con los requisitos del Código Procesal para darle validez en territorio nacional al acuerdo homologado por Griesa.

“La República Argentina sostuvo que el acuerdo del Citibank y los fondos buitre, además de ser violatorio del orden público argentino al interferir en la regulación de su deuda pública, debió ser ejecutado por Citibank en Argentina, requisito que fue omitido aun cuando así lo exige la normativa vigente”, indicó el Palacio de Hacienda en un comunicado difundido anoche.

La demanda impulsada por el Palacio de Hacienda y la Procuración del Tesoro permitió mudar la definición de una parte de la disputa desde los tribunales de Nueva York a los de Buenos Aires. Todavía se debe esperar una definición sobre el fondo de la cuestión, pero los argumentos para conceder la medida cautelar sugieren cuál es la posición de fondo del juzgado. No se trata de lograr un cuestionamiento político a la postura del juez Griesa. La estrategia a la que apunta el equipo económico es poner en contradicción la resolución del magistrado de Nueva York con el pronunciamiento que se pide, de parte de un juez argentino, sobre actos en el extranjero (el pacto entre privados y su homologación por el juez Griesa) que provocan consecuencias en el país violatorias del orden jurídico local (el perjuicio para los clientes del Citibank).