Ganar tiempo. Ese es el primer objetivo del Gobierno frente al fallo en contra del país que propiciaron Estados Unidos, México, la Unión Europea y Japón en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por supuesto daño económico provocado por la política de administración comercial. Por eso la delegación argentina en Ginebra, Suiza, negocia con los reclamantes el “plazo razonable de implementación” del fallo. Las versiones que circulan de que Argentina tendría que presentar una propuesta alternativa a las Declaraciones Juradas de Importación (DJAI) a fin de año fueron rechazadas por Cancillería. De todos modos, el proceso tampoco terminaría allí, porque ese plan a su vez tiene que ser analizado por los reclamantes en la instancia de discusión concreta de la implementación. Vencido ese período, la OMC puede aprobar la aplicación de medidas de retaliación. Aunque ese desenlace no se espera en el corto plazo, tarde o temprano se impone alguna modificación de la estrategia de protección comercial.

Días atrás, Estados Unidos dio luz verde a las importaciones de carne argentina. El ministro de Economía, Axel Kicillof, celebró la novedad, pero aclaró que los últimos ocho años “se perdieron 1600 millones de dólares en exportaciones”. Ese es la esencia de los casos en la OMC: se genera un supuesto daño y la medida debe ser modificada para que al demandante no le den el visto bueno para el contraataque. Argentina mantiene reclamos en la OMC por carnes (cuyo informe está cerca de ser distribuido) y limones.

El país también ocupa el banquillo de los acusados. Página/12 accedió a un informe elaborado por el Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería en el cual se detalla la demanda de los países desarrollados, la respuesta argentina, los plazos para lo que viene y las posibles consecuencias. Es un problema complejo para el próximo gobierno, que no tendrá muchas variantes más que revisar los mecanismos de administración comercial. La salida proteccionista es complejizar las herramientas, a través de medidas fitosanitarias, por ejemplo. El camino liberal, de mayor desempleo y destrucción de capacidad industrial, es la apertura comercial.

El trámite en contra de la Argentina comenzó en 2012. Las medidas impugnadas fueron las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), un filtro a toda operación de compra de bienes al exterior, y las llamadas “reglas no escritas”, las exigencias de inversión, exportación, equilibrio de precios y empleo sobre las empresas importadoras.

La OMC difundió un primer informe el 22 de agosto de 2014, en el cual sentenció que Argentina debía poner las medidas mencionadas “en conformidad con las normas multilaterales”. El 26 de septiembre, Argentina apeló el fallo, pero el 15 de enero el órgano de apelación rechaza el planteo argentino. Entonces, el 23 de febrero el Gobierno manifiesta la intención de “aplicar las recomendaciones” realizadas por el panel arbitral del organismo.

Las medidas puestas en cuestión dan una idea de la orientación del Gobierno: “Compensar el valor de las importaciones con un valor al menos equivalente de las exportaciones”, “alcanzar un determinado nivel de contenido nacional en la producción”, “hacer inversiones en la Argentina”, “abstraerse de repatriar beneficios”, se quejan los reclamantes. La Argentina apeló y argumentó que “no se presentaron pruebas de una única medida global” y que sólo es aceptable caracterizar esa política como una serie de “acciones individuales y aisladas”. La respuesta fue que “las medidas individuales forman parte de la medida global”.

Actualmente están bajo negociación “los plazos razonables de implementación del fallo”. Cancillería niega que esa discusión esté cerrada. Si ese momento llegara a ser a fin de año, el Gobierno tendrá que presentar una propuesta, que será, otra vez, negociada. De cualquier modo, tarde o temprano se imponen cambios en las DJAI. Fuentes oficiales advierten que una posibilidad es complejizar las herramientas de protección, a través de medidas fitosanitarias, licencias no automáticas de importación, paraarancelarias o subsidios a la producción, por ejemplo, y al mismo tiempo liberar importaciones en algunos segmentos.