“El futuro de Grecia está en juego. El asunto es claro: o votamos la ley o el país se va a la bancarrota.” La declaración no es de estos días. No se vincula con el referéndum que tendrá lugar mañana en aquel país para decidir si la ciudadanía acepta o rechaza las nuevas exigencias del Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea. El dramático llamamiento a votar la ley fue realizado el 6 de mayo de 2010 por el entonces primer ministro heleno, Giorgos Papandreu, antes de una sesión clave en el Parlamento en la que “debía convalidar” un doloroso paquete de ajuste fiscal para evitar el default. La votación finalmente resultó positiva, con 172 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones. La alemana Angela Merkel y el francés Nicolas Sarkozy se congratularon: “El gobierno griego ha demostrado un gran coraje. Respaldamos su determinación y estamos convencidos de que los pasos dados, aunque difíciles, son necesarios para restaurar la confianza en la economía y asegurar un mejor futuro para el pueblo griego”. Papandreu agradeció a los legisladores: “Esta es nuestra última jugada. El gobierno tiene la responsabilidad de implementar las medidas más difíciles jamás tomadas por esta nación”.

Entre esas medidas figuraba el despido del 20 por ciento de los empleados públicos en un año y una rebaja de sueldos de hasta 30 por ciento, el achicamiento en un 10 por ciento de las plantillas de 151 empresas con participación estatal, la supresión del aguinaldo (se pagaban dos salarios extra al año), el congelamiento de las contrataciones en el Estado, el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, la reducción en un 20 por ciento de los haberes previsionales superiores a 1200 euros, la suba del IVA al 23 por ciento, la segunda del año, un nuevo impuesto al alcohol, el tabaco y los combustibles y el achicamiento de gastos para obras públicas y defensa, entre otros recortes. Cuando se aprobó la ley, Grecia entraba en su segundo año en recesión, luego del impacto global por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos.

“Me hace acordar al paquete de salvataje que armó el FMI para Argentina en 2001. Nuestra experiencia demuestra que este tipo de programas de ajuste no es sustentable porque no resuelve el problema de la deuda y, sobre todo, porque se desentiende del crecimiento económico, dejándolo librado al futuro acceso a los mercados voluntarios de deuda”, recriminó por aquellos días el ministro de Economía argentino Amado Boudou. El vocero de la Confederación de Trabajadores Griegos, Stathis Anestis, también lo advirtió: “Estas medidas son duras e injustas. Llevarán a los trabajadores a la miseria y al país a una recesión más profunda”. Desde la academia, los premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman alertaron sobre la falta de efectividad de las medidas porque profundizarían la contracción del nivel de actividad.

La apuesta de la troika (FMI, BCE y CE) y del gobierno griego era estabilizar al sistema financiero y evitar el default con un gigantesco auxilio por 110 mil millones de euros, aportados por esos organismos. La interpretación que los guiaba era que lo peor que le podía pasar a Grecia era caer en el incumplimiento de pagos, y que esa situación provocaría un derrumbe en dominó de otras economías europeas como las de Irlanda, Portugal, España e Italia, haciendo estallar al euro. El default, a su vez, golpearía a financistas y bancos alemanes, franceses e ingleses, con fuertes inversiones en títulos de deuda griegos.

El FMI estimó que en un año Grecia retomaría el crecimiento económico y el acceso a los mercados de deuda internacionales. Pasado ese tiempo, ocurrió todo lo contrario, con el agravante de que el desempleo había escalado al 25 por ciento, el nivel de deuda sobre el PBI había crecido del 150 al 170 por ciento y la sociedad se sacudía entre las protestas, la represión y la depresión. El PBI se contrajo 5,4 por ciento en 2010 y un violento 8,9 por ciento en 2011. El gobierno griego entregó la toma de decisiones sobre política económica a la troika, cada vez más exigente en la aplicación de las medidas pactadas. Delegados del FMI y los restantes organismos se instalaron en Atenas y auditaron el cumplimiento de las exigencias antes de autorizar nuevos desembolsos de aquel paquete de 110 mil millones de euros. Y esa situación se repitió cada tres o cuatro meses. “No hay plan B, Grecia tiene que hacer lo que tiene que hacer y nosotros haremos lo que tenemos que hacer”, declaró el presidente del Eurogrupo y premier de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, el 25 de junio de 2011.

Entrado 2012 era evidente que a Grecia no le alcanzaría el blindaje de 110 mil millones para evitar el default. Entonces comenzaron las negociaciones con la troika para un segundo paquete de “rescate”. “Es necesario tomar medidas adicionales de austeridad. Si quieren que salvemos la economía, hay que cumplir con las reformas estructurales y fiscales”, diagnosticó Evangelos Venizelos, ministro de Finanzas de Papandreu, el 21 de septiembre de 2011, preparando el terreno para lo que vendría. El nuevo programa de ajuste se afincaba en la suspensión de 30 mil empleados estatales y un nuevo recorte de jubilaciones, a la vez que se redujo el piso a partir del cual los ciudadanos debían tributar al fisco de 8000 a 5000 euros anuales. La troika reclamó además un amplio programa de privatizaciones.

Las “negociaciones” fueron concluidas por el nuevo primer ministro griego, Lukas Papademos, quien antes de la votación del Congreso, el 12 de febrero de 2012, advirtió a los legisladores: “La Nación nunca nos perdonará si no hacemos nuestro deber”. La votación arrojó 200 votos a favor y 74 en contra. “Con el voto de hoy aseguramos el futuro de nuestro país”, les dedicó. “Si todo va bien, en 2013 es posible que haya los primeros signos de recuperación”, prometió. A cambio del renovado ajuste, la troika comprometió asistencia financiera por 130 mil millones de euros adicionales, cuya entrega quedó condicionada como siempre al cumplimiento de metas fiscales, una reforma laboral y el plan de privatizaciones. Además, la troika lideró un proceso de reestructuración de deuda griega para bajar su nivel al 120 por ciento del PBI en 2020. Los tenedores de deuda debieron aceptar quitas del 53,5 por ciento sobre el valor nominal de los bonos.

“Ha sido el segundo paso decisivo que Grecia necesitaba para regresar a una senda sostenible. En circunstancias difíciles, fue otro acto de responsabilidad nacional”, elogió un comunicado de la Comisión Europea. Pero en 2012 la caída del PBI fue del 6,6 por ciento, y en 2013, del 3,9. El reemplazante de Papademos en el gobierno fue el conservador Antonis Samaras. El 31 de agosto de 2012 afirmó que el país debía ser “serio con los compromisos adoptados” y cumplir con los ajustes. “Estas medidas de recortes son parte del plan de rescate de Grecia. De no cumplirlas perderíamos completamente nuestra credibilidad y el país sería pronto obligado a abandonar la Eurozona”, afirmó. Durante su gestión se aprobó el cobro de cinco euros por visita médica a hospitales públicos, una tasa de 25 euros por internación y un euro por entrega de receta, así como la reducción de la cobertura de medicamentos para enfermos crónicos. La oposición acusó al gobierno de haber sancionado una ley de 279 páginas con ajustes y nuevas privatizaciones con sólo dos días para analizar el texto. Pero nada de eso fue suficiente. En agosto de 2014 el gobierno de Samaras aceptó poner en venta o alquilar unos 80 mil inmuebles para cancelar deudas con el FMI, incluidos un castillo en Corfú, una ex base militar de Estados Unidos en Creta y una lujosa villa construida para Benito Mussolini, que nunca llegó a habitar.

Después de caer 30 puntos entre 2008 y 2013, la economía griega creció 0,8 por ciento en 2014. Según la organización Attac, que promueve el control democrático de los mercados financieros, el 80 por ciento de los fondos del rescate fueron destinados a bancos o al pago de la deuda. Aun así, la deuda representa en la actualidad el 175 por ciento del PBI. En el mismo período, después de haberse sacado de encima al FMI, la Argentina puede mostrar la recuperación de los fondos previsionales, la nacionalización de YPF y Aerolíneas Argentinas, la creación de la Asignación Universal por Hijo, la incorporación de tres millones de jubilados, la entrega de cinco millones de computadoras a estudiantes secundarios, programas de estímulos a la educación como el Progresar, miles de millones de pesos en créditos a la producción, records históricos de cosechas y producción industrial, bajo nivel de desempleo y una economía desendeudada, en acotado resumen. El pueblo griego, entre tanto, parece vivir la pesadilla argentina de 2001 de manera permanente. Mañana tiene una nueva oportunidad. Los últimos años fue arrastrado por la lógica neoliberal, resignando los estímulos keynesianos al consumo y a la inversión. Los resultados están a la vista.

“Sigo pensando que para ayudar a restablecer la estabilidad y el crecimiento económico en Grecia se requiere una estrategia equilibrada, con las debidas reformas estructurales y fiscales”, insistió anteayer la titular del FMI, Christine Lagarde.