La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revirtió ayer una decisión del juez Thomas Griesa a pedido del Gobierno argentino. Es la cuarta vez que esa instancia judicial le devuelve al magistrado una propuesta para determinar el monto del daño en una demanda colectiva. El caso satélite denominado Brecher es impulsado por un conjunto de individuos e inversores que rechazaron participar de la reestructuración. El panel de tres jueces de segunda instancia rechazó la interpretación de “clase amplia” validada por Griesa. Consideraron que la redefinición del concepto para beneficiar a un universo indefinido violaba la legislación norteamericana. La Cámara de Apelaciones le indicó al tribunal de distrito que convoque a una nueva audiencia para intentar determinar de manera razonable y precisa la cifra que debería pagar Argentina a ese universo de litigantes que no participaron del canje. De lo contrario, el octogenario juez de primera instancia deberá determinar cada sentencia monetaria en forma individual.

El nuevo revés a las extravagancias de Griesa se suma a la inembargabilidad de las reservas del Banco Central definida por esa misma instancia judicial, con otra conformación de jueces, semanas atrás. La decisión conocida ayer es similar a la tomada por la Cámara de Apelaciones en otra accion colectiva más amplia conocida a mediados del mes pasado. No ponen en riesgo la fortaleza de las órdenes a favor de los buitres encabezados por Elliott Management de Paul Singer. Sin embargo, dejan al descubierto que el errático y cuestionable accionar de Griesa es revisable. La prolongación y ramificación de la disputa comienza a fastidiar a sus pares de instancias superiores. El fallo difundido calificó de “exasperante” la tarea de los jueces para determinar el monto de las sentencias.

Las “acciones de clase” son un tipo de juicio impulsado por un grupo reducido en beneficio de todos aquellos que se encuentren en su misma situación. El grupo de demandantes individuales encabezado por Henry Brecher obtuvo una “acción de clase certificada”, es decir que se aceptó esa vía para canalizar sus reclamos. Todavía falta que la Justicia les dicte la sentencia monetaria donde determine el monto del daño. Sobre ese punto es donde las pretensiones del tándem Griesa-demandantes colisionaron con la legislación norteamericana. El juicio de base realizado por esos holdouts es una demanda “tradicional” por incumplimiento en el pago de los vencimientos durante el default de 2001. Son acreedores que no participaron del canje. No es un juicio por violar la cláusula pari passu, la vía utilizada por los fondos buitre y sus imitadores con la que consiguieron bloquear el mecanismo de pago de la deuda externa emitida bajo legislación extranjera.

En 2009, Griesa definió la clase indicando que estaría compuesta por aquellos demandantes que pudieran probar la tenencia de sus bonos desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva. Es decir, una “tenencia continua”. La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia pero reenvió el caso a Griesa para que buscara un modo de calcular el monto estimativo que se reclamaría en aquella acción. Al involucrar a muchas personas es prácticamente imposible conocer el número exacto de miembros de la clase y/o la suma reclamada. Además, según advirtieron los jueces, el cálculo realizado por los demandantes estaba inflado. Finalmente, la Cámara agregó que, si no fuera posible proceder de esa forma, el juez debía calcular el monto individualmente y disolver la clase.

Para evitar este cálculo estimativo, que seguramente limitaba la fuerza del reclamo, los demandantes solicitaron la redefinición del concepto de “clase”. El objetivo era incluir a todos aquellos que poseyeran el título al día del dictado de la sentencia. Griesa concedió el deseo pero Argentina apeló. Ayer la Cámara compuesta por los jueces Calabresi, Raggi y Wesley falló en contra de los demandantes: rechazó la definición de clase amplia adoptada por Corte de Distrito porque creaba una clase cuyos miembros no era “determinables”, uno de los requisitos establecidos por la ley federal de los Estados Unidos en este tipo de causas.

La decisión conocida ayer es similar a la tomada por otro panel de jueces del mismo tribunal a mediados de agosto. En la causa Seijas, que agrupa ocho demandas colectivas, la Cámara de Apelaciones le reprochó con fastidio a Griesa el incumplimiento de sus precisas instrucciones para determinar el monto de la sentencia. En el fallo de diez páginas difundido ayer, el razonamiento de la Corte es que la nueva definición de la clase viola la ley federal de Estados Unidos, porque no es posible determinar de manera suficiente quiénes componen el grupo.