La medida cautelar concedida por el juez estadounidense Thomas Griesa a los fondos buitre aumentará hoy de 1700 a 8000 millones de dólares. La aritmética se convalidará esta tarde durante una audiencia en Nueva York, en la cual el magistrado extenderá a los denominados “me too” (“yo también”, en inglés) los mismos términos de la orden pari passu que benefició a los litigantes carroñeros originales. La decisión no está tomada pero, basándose en el historial y los antecedentes recientes, el equipo económico y el estudio de abogados que representa al país ya trabajan en la respuesta legal. A diferencia de otras resoluciones de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, esta innovación será apelable en segunda instancia.

Desde el Palacio de Hacienda advierten que, aunque improbable, existe la posibilidad de que la cámara revierta esa ampliación de la orden. Si ese hipotético escenario se concretara, también sería reversible la sentencia pari passu inicial. La presentación de los escritos advirtiendo sobre las consecuencias sistémicas del fallo, el primer paso formal, llegará en las próximas semanas. En cambio, la resolución del planteo no tendrá lugar sino hasta comienzos de 2016, cuando las riendas de la disputa con los buitres estén a cargo del nuevo gobierno.

“Lo más probable es que Griesa demuestre una vez más que teníamos razón: la orden original que forzaba al país a pagar 1300 millones de dólares era una trampa (N.d.R: ese era el monto inicial, pero ya se acumularon intereses por otros 400 millones de dólares). La inminente decisión del juez demuestra que hicimos bien en no pagar ya que eso no solucionaba el problema. Como dijimos, vinieron otros a reclamar exactamente lo mismo”, explicaron a Página/12 desde el Palacio de Hacienda.

Los “me too” no son nuevos litigantes sino que gran parte de esos demandantes son los propios inversores carroñeros. En noviembre pasado, el fondo NML Capital que encabeza el magnate Paul Singer confirmó que exige otros 3000 millones de dólares como me too.

El encuentro tendrá lugar esta tarde en las oficinas de Griesa. De convalidarse la pretensión de los me too, si Argentina quisiera volver a utilizar los canales establecidos en 2005 para pagar su deuda externa regida por legislación extranjera –Nueva York y Londres– deberá desembolsar en paralelo 8000 millones a un ampliado grupo de buitres. Cuatro veces más que el monto original dispuesto por el octogenario magistrado.

“Queda demostrado una vez más que Griesa comprende poco del caso en cuestión, que las medidas pari passu, como tantas veces lo advirtió la Argentina, no sólo no son la solución al conflicto, sino que incluso lo agravan, ya que le otorgan mayor poder extorsivo para que los fondos buitre intenten emplear contra la República”, afirmó en junio pasado el Palacio de Hacienda a través de un comunicado.

El reclamo formal de los “me too” tuvo su primer round en una audiencia el 29 de mayo. Durante ese encuentro Griesa se mostró desorientado con respecto al caso e incluso solicitó que le recuerden cuáles eran los efectos prácticos de su propia orden pari passu, el elemento central de toda la causa. En ese momento el Ministerio de Economía advirtió que “lejos de ayudar, esta nueva aberración jurídica, hace imposible, que en la práctica, se llegue una verdadera solución al conflicto”.

Como sucedió en cada instancia, el Gobierno reiteró entonces su voluntad para acordar con la totalidad de sus acreedores (el 7,6 por ciento que no participó de la reestructuración) en condiciones “justas, equitativas, legales y sustentables”. Si el tribunal confirma el pedido de los “me too”, un escenario altamente probable, el reclamo ante la Corte de Apelaciones será impulsado por Argentina con entusiasmo, ya que la segunda instancia neoyorquina rechazó la visión de Griesa en las últimas tres causas que analizó. De todas formas, las posibilidades reales de que los jueces a cargo de la apelación reviertan la inminente ampliación de la orden pari passu original son escasas.