El futuro del dólar, los planes sociales, la inflación, el Impuesto a las Ganancias y las retenciones a las exportaciones ocupan el centro del debate económico entre los candidatos presidenciales. Sin embargo, cuando restan apenas dos semanas para el ballottage es poco lo que se sabe sobre sus propuestas en materia de políticas de comunicación y tecnologías de la información. Daniel Scioli promete continuidad con lo que ha venido haciendo el gobierno actual, mientras que Mauricio Macri hasta ahora sólo se diferenció explícitamente al adelantar que buscará reformar la ley de medios audiovisuales y con algunas críticas a Arsat, pero ninguno dio precisiones. A raíz de esta situación, un grupo de tecnólogos de distintas asociaciones profesionales nucleados en la flamante Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (www.fundtic.org.ar) reseñó los principales desafíos que deberá encarar la nueva gestión, incluyendo además una serie de recomendaciones sobre lo que debería contemplar un plan nacional de desarrollo de TICS. “Nos reunimos hace algunos meses porque nos llamó la atención que los candidatos no fijaran posición sobre algunos temas claves, como la televisión digital terrestre, Argentina Conectada y el plan satelital. Por eso decidimos trabajar en un documento donde se plantean estos temas”, aseguró a Página/12, Luis Valle, vicepresidente de la entidad.

- Plan Satelital de Telecomunicaciones. La Cámara de Diputados convirtió en ley el martes un plan de desarrollo satelital que prevé la construcción de ocho nuevos satélites de telecomunicaciones en los próximos 20 años. El objetivo es montar satélites pequeños y medianos para uso propio y para otros países. El plan de negocios prevé realimentarse con los recursos generados por la propia explotación de servicios en marcha sin tener que depender de financiamiento externo ni de agentes privados. Es una apuesta ambiciosa para garantizar el desarrollo de la industria satelital nacional, pero el próximo gobierno tendrá que resolver algunas cuestiones para su concreción exitosa. Fundtic advierte que para avanzar con la fabricación de satélites para uso propio será necesario gestionar nuevas posiciones orbitales y bandas de frecuencias asociadas ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones porque sino no habrá lugar donde colocar esos nuevos satélites. A su vez, remarca que el próximo gobierno deberá tener en cuenta dos aspectos clave para avanzar con la fabricación de satélites para otros países o consorcios internacionales que los requieran: 1) Revisar y rearmar la estructura de costos a fin de hacer competitiva la industria satelital nacional con proveedores similares en el orden internacional. 2) Procurar la formación de un consorcio con países o industrias afines para construir una red de satélites, de orbita media o baja, de manera tal de conformar una organización a modo de lo que realiza la Unión Europea.

- Red Federal de Fibra Optica. En octubre de 2010, el Gobierno anunció el Plan Argentina Conectada con el objetivo de democratizar el acceso a las nuevas tecnologías y lograr de ese modo una mayor integración del territorio nacional. Desde entonces, montó unos 17 mil kilómetros de red troncal de fibra óptica y compró otros 4494 kilómetros de ductos a las empresas Silica, Giga Red y Level 3 (ex Global Crossing). También sumaron unos 6500 kilómetros de la red provincial que se montó con financiamiento de la administración central. La obra civil está muy avanzada, pero aún resta la iluminación y posterior conectividad de la mayoría de esa red. Por lo tanto, Fundtic remarca que el próximo gobierno tendrá la tarea de concluir el tendido y puesta en funcionamiento de la red. Una vez terminada esa tarea, le corresponderá definir el costo que tendrá el uso de esa banda ancha para todos los grandes usuarios y prestadores que deseen acceder a ella en todo el ámbito nacional. Por ese motivo, se remarcó también la necesidad de que el próximo gobierno asegure un costo igualitario para evitar la discriminación y garantizar la igualdad de posibilidades para todos los habitantes del país. A su vez, Fundtic solicitó “la interconexión igualitaria, gratuita y no discriminatoria a la red de quienes lo soliciten, con la sola condición de respetar los parámetros técnicos para su acceso y operación y los costos asociados”.

- Televisión Digital Terrestre. El Gobierno adoptó en agosto de 2009 una norma técnica para el desarrollo de la TDT y comenzó un plan de implementación que debería concluir en 2019 con el apagón analógico. La TDT permite transmitir entre cuatro o cinco canales de definición estándar en los 6 MHz que hoy ocupa un canal analógico. Por este motivo, Fundtic destaca que se deberá considerar la compartición de canales, redes e infraestructura. Esto significa contemplar redes de televisión integradas en lugar de asignaciones exclusivas por canal radioeléctrico y por área de cobertura. A su vez, advierte que se deberá prever qué utilización se le dará al espectro ocupado por los canales analógicos una vez que este se libere a partir de 2019.

- Convergencia. El Gobierno sancionó una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y otra de telecomunicaciones, dejando pendiente la convergencia regulatoria. La propuesta de Fundtic incluye la sanción de una única ley de convergencia tecnológica en complementación y/o sustitución de la ley de medios audiovisuales y de Argentina Digital para superar la dualidad de regulaciones que hoy presentan el Afsca y la Aftic y conformar una nueva autoridad que alcance todos los servicios de tecnologías de la información y la comunicación.

- Arsat. La propuesta de Fundtic remarca la necesidad de ratificar el papel del Estado Nacional como prestador de servicios TICS. Frente a propuestas de la oposición para incorporar capital privado en Arsat, esta fundación evita fijar una posición y se limita a decir que deberá ser el próximo gobierno el que decida si la empresa debe ser puramente estatal o contemplar un modelo mixto, aunque deja en claro que en caso de que se decida abrirla a nuevos accionistas, debería considerarse no solo la participación de empresas privadas sino también de entes provinciales u otros organismos tales como cooperativas y organizaciones de trabajadores de las telecomunicaciones. Además, se aclara que en cualquier escenario el Estado debería conservar el menos el 51 por ciento de las acciones.