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Los 20 años a los que había amagado el fiscal ante las cámaras de tevé a mediados de octubre se le redujeron a un pedido de cinco. Finalmente, el ex comisario Pablo Márquez, de la policía de Córdoba, juzgado por maltratar a sus subalternos exigiéndoles que detuvieran a destajo para hacer números, fue condenado a tres años de prisión efectiva, tras ser encontrado culpable. Lo histórico del caso es que por primera vez se condena por parte de un jurado popular a un comisario, por una acusación vinculada a sus funciones policiales, en Córdoba. Lo que ya tiene su historia es que pese a que quedó demostrada la práctica ilegal de detenciones masivas, la condena sólo trató los excesos de Márquez como jefe sobre sus subordinados y no sobre el resto de la población. Terminado el juicio, en un gesto más simbólico que práctico, Márquez partió con custodia personalizada hacia la cárcel de Bouwer.

Márquez fue juzgado tras la denuncia de tres uniformados que trabajaban a sus órdenes y que lo acusaban de someterlos a castigos laborales cuando no cumplían con el inflado de las estadísticas. Dos de los tres uniformados, una subinspectora y un sargento, finalmente se presentaron como querellantes lo que les significó el ostracismo con chaleco: fueron ninguneados, nunca más tuvieron ascensos y trabajaron en las peores condiciones imaginables.

Durante el juicio, se presentó como testigo Hugo Seleme, director del Programa de Etica y Teoría Política de la UNC, quien con su equipo realizó un informe en 2011 sobre la selectividad policial aplicada mediante el polémico Código de Faltas cordobés. En el informe se demuestra que la detención masiva es completamente arbitraria y no impacta en las estadísticas de seguridad. Cuando en mayo pasado, la policía cordobesa detuvo a unas 350 personas en una razzia gigantesca, Seleme presentó un hábeas corpus colectivo. La Justicia le hizo lugar y la policía, en respuesta al pedido de informes del juez, proporcionó datos de las circunstancias en que se produjeron las detenciones. La información proporcionada fue utilizada por el equipo de Seleme para realizar un nuevo informe, esta vez sobre los delitos cometidos por los uniformados durante la gigantesca razzia.

Con esas pruebas, Seleme testimonió durante el juicio a Márquez. La información proporcionada es tan contundente que, sumada a los testimonios de una docena de uniformados que confirmaron las denuncias de los dos querellantes, demuestran que las detenciones masivas ilegales que ordenaba Márquez para generar estadísticas positivas en su legajo constituyen un sistema de funcionamiento establecido en la policía cordobesa. De hecho, la Marcha de la Gorra en su 9ª edición es una demostración de protesta contra la práctica habitual de los uniformados cordobeses.

El día del testimonio de Seleme, el fiscal del juicio, Marcelo Hidalgo, se rodeó de micrófonos para decir que se podría acusar a Márquez en una sumatoria de casos que podría alcanzar los 20 años. La cantidad resultó ampulosa a la hora de hacer cuentas: pidió cinco años de prisión. El abogado querellante, Carlos Nayi, pidió seis. Finalmente, el jurado lo encontró culpable y los camaristas lo condenaron a tres años de prisión efectiva, más seis de inhabilitación.

De los procedimientos ilegales sistemáticos, nada. Posiblemente que el juicio iniciado contra Márquez haya sido por “abuso de autoridad y coacción reiterada” (contra los denunciantes) permitió a la Justicia cordobesa concentrar la lupa sobre Márquez y no tener que avanzar sobre terrenos más sinuosos como llevar al banquillo a sus superiores y al sistema mismo. Para zanjar la cuestión, la Cámara Sexta ordenó (a otro) iniciar actuaciones al respecto. Si el caso de Márquez, hasta la condena, fue pasando de mano en mano como una papa que quema, es complicado aventurar el resultado de esta futura investigación.

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