“Si la Anses no cuenta con el 15 por ciento de los recursos coparticipables, dejará de percibir 1 de cada 6 pesos”, advirtió ayer el director ejecutivo del organismo, Diego Bossio, al referirse a una serie de fallos de la Corte Suprema. El máximo tribunal declaró el martes inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional desde 1992 para financiar a la Anses. La decisión beneficia a tres provincias, Santa Fe, San Luis y Córdoba. “Naturalmente eso tiene un efecto que generará un déficit estructural en el sistema de seguridad social, nosotros se lo hemos advertido a la Corte”, indicó el diputado electo por el Frente para la Victoria. El fallo ordena al Gobierno cesar de forma inmediata la retención de los fondos. La cifra global para 2015 ronda los 15 mil millones de pesos. Los ministros que firmaron el fallo son Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. La sentencia establece además que las partes involucradas deben convenir, dentro de los próximos 120 días, la forma y los plazos para reintegrar a esas tres provincias la suma retenida desde 2006, más los intereses correspondientes. Los tres casos acumularían una “deuda” por más de 90 mil millones de pesos. La Corte Suprema exhortó a negociar la reforma pendiente del sistema de coparticipación federal.

“No es una sorpresa”, afirmó ayer Lorenzetti al referirse al timing de la decisión. “No es una cuestión relativa a los tiempos electorales. Hubo elecciones durante todo el año. Hubo que dictar esta sentencia porque el doctor Carlos Fayt se retira y ya no había más plazo para la postergación de esto”, justificó durante una entrevista radial.

–La decisión otorga margen de maniobra a esas tres provincias que ahora contarán con más recursos propios. Quien perderá recursos es el sistema de seguridad social. Las decisiones de la Corte Suprema no son generalizables. Sin embargo, el fallo habilita al resto de las jurisdicciones subnacionales argentinas a reclamar ante el máximo tribunal el mismo tratamiento. En ese caso, la cifra a reintegrarles a las provincias, posiblemente mediante una combinación de bonos y obras, supera los 400 mil millones de pesos. Cuando eso suceda pondrá en riesgo la sustentabilidad del sistema de la seguridad social: desde el pago de jubilaciones hasta la cancelación de las sentencias judiciales. La decisión de los supremos presenta algunas contradicciones. En el caso de la provincia de San Luis, la Nación se verá obligada a reintegrarle los fondos provenientes del 15 por ciento de la masa coparticipable retenida pero seguirá obligada a pagar las jubilaciones provinciales.

–Los fondos de la seguridad social se utilizan para pagar jubilaciones y pensiones, pero también para cancelar las sentencias provenientes de los juicios por recálculo de haberes. Esas demandas fueron habilitadas por los fallos Badaros, Sánchez y Eliff de la Corte Suprema. “Yo no quiero presagiar catástrofes, seguramente se va a resolver, pero es un fallo que no tuvo en cuenta la sustentabilidad del sistema”, remarcó Bossio. A pesar de los señalamientos, Lorenzeti consideró que la decisión “no va a provocar una crisis ni mucho menos va a condicionar al próximo gobierno porque, en definitiva, todos los gobiernos han tenido que sentarse y acordar con las provincias”.

–No. El titular de la Anses consideró “absolutamente garantizado” los pagos de diciembre y el medio aguinaldo. Dadas las prioridades de pago que tiene el organismo, un primer impacto, por ahora hipotético, será sobre los pagos de las sentencias. La decisión sí golpea a la movilidad automática de los haberes. No se sentirá en marzo pero menguará la base de cálculo para la actualización de septiembre, ya que se verán afectados los ingresos de la Anses, uno de los elementos de la fórmula establecida en 2009.

–Todavía no realizaron declaraciones oficiales, de hecho, ni siquiera confirmaron al nuevo director ejecutivo del organismo. El riesgo, advierten entre los funcionarios salientes, es que amparándose en los fallos se proceda a liquidar, total o parcialmente, el stock del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para financiar el flujo de fondos que se pierde. De hecho, ese mecanismo fue sugerido por la propia Corte Suprema en el fallo.