El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el Renatre era una organización que garantizaba la “progresividad de los derechos sociales”, sin abundar en demasiados detalles. Por lo general, los recursos en queja no avanzan sobre la cuestión de fondo, pero la sentencia del Máximo Tribunal, que aceptó un planteo de inconstitucionalidad sobre la creación del Registro de los peones rurales, por un pedido de Gerónimo “Momo” Venegas, sí lo hace. “Le marca la cancha, le arma el equipo y el resultado final a la Cámara laboral”, sostuvo a Página/12 un abogado especialista en casos de trata laboral. El fallo de Lorenze- tti no contempla la inacción del organismo que era conducido por Venegas, ni las denuncias de connivencia entre las empresas fiscalizadas y los supuestos fiscalizadores.

Mauricio Macri le había prometido al Momo Venegas recuperar el Renatre. La Corte allanó este camino, a pesar de las proclamas de independencia judicial de Lorenzetti. “El Renatre tenía una concepción neoliberal ya que le asignaba a las patronales y al mismo sindicato el control de las relaciones laborales, tarea que por muchos años no ejercieron. Sorprenden las palabras de Lorenzetti, porque con ese esquema de control, los peones explotados tenían que ir a realizar las denuncias a los locales de Uatre o la Sociedad Rural”, sostuvo el titular del Renatea, Guillermo Martini, en diálogo con Radio Nacional (A Cara Lavada).

En los últimos tres años, el Renatea cumplió un rol central en las denuncias de casos de trata laboral, en conjunto con la Procuración contra la trata y explotación laboral (Protex). En total, fueron realizadas 947 denuncias de potenciales víctimas y se rescataron 60 menores de edad. De este tipo de denuncias, el Momo Venegas registra el récord de cero.

Dentro de los casos relevantes se destacan la causa penal contra el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta (también amigo de Mauricio Macri) por tener 40 tareferos en su campo en condiciones infrahumanas. Otro ejemplo es la causa 6688/2015, de Mendoza, llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan, pero iniciada por el Renatea ante la denuncia de los peones.

De la connivencia con los empresarios y el miedo a ser “marcados” por la Uatre, se pasó a que los peones rurales, frente a una situación de explotación laboral, realizaran la denuncia ante el Renatea. Ahí se activa un mecanismo junto a la Protex y las autoridades locales para realizar las inspecciones y las posteriores demandas penales.

De quedar firme la inconstitucionalidad del Renatea, los peones rurales volverán a una situación de vulnerabilidad, de la cual supo usufructuar Venegas. Por su rol en la entidad, más la titularidad de gremio y la obra social, cobraba más de un millón de pesos al año.