El gobierno de Mauricio Macri establecerá, a través de un nuevo decreto, la emergencia en el sistema eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2017. “Estamos en una situación precaria, al borde de un colapso, pero si tomamos medidas podemos evitarlo”, manifestó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. El objetivo de la emergencia, señaló, es el “desarrollo de medidas para mejorar el suministro de distribución, propender al uso racional y convocar a las provincias para un trabajo conjunto”. Nada de lo que establecerá el nuevo decreto estaba ausente de la legislación vigente. De hecho, el aspecto más relevante pendiente en la relación con las empresas distribuidoras, que es la renegociación de sus contratos, ya estaba contemplado en la prórroga de la Emergencia Económica que votó el Congreso este mismo año. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo ante una consulta de Página/12 que todavía no tuvieron tiempo de ver “el cumplimiento de los contratos” para dirimir si las empresas distribuidoras, Edenor y Edesur, tuvieron alguna responsabilidad en la falta de inversiones en los últimos años.

Para el ex ejecutivo de Shell, toda la responsabilidad por la “herencia” corresponde al kirchnerismo. En relación con las tarifas, manifestó que espera que “los asalariados puedan hacer frente a un valor que reconozca los verdaderos costos, una vez que se alcance una inflación de un dígito”. Los ajustes tarifarios serían graduales, como también los cortes de luz “programados”.

“Venimos a decir la verdad, como nos pidió el Presidente”, lanzó el ex CEO, parado desde el pequeño atril del Salón de los Pensadores y Escritores del Bicentenario. Detrás de él se destacaban los cuadros de Arturo Jauretche, Leopoldo Marechal, María Elena Walsh y Rodolfo Walsh. “Acá ha habido una ausencia de renegociación de contratos y ajuste de tarifas desde hace 14 años. Estamos en una carencia de marco normativo. Estamos frente a un posible colapso del sistema si no tomamos las medidas necesarias”, manifestó Aranguren.

En relación con las medidas concretas para resolver la aparente situación crítica, no hubo detalles. Aranguren especificó que el Gobierno, junto a las empresas distribuidoras, seguirán avanzando en las obras para mejorar los cables y equipamientos existentes y, en caso de ser necesario, “vamos a realizar anuncios de cortes preventivos”. Para enterarse de estas decisiones, los usuarios deberán recurrir al sitio web del ENRE.

Para Aranguren, la situación es crítica en la distribución, pero no así en la generación de electricidad, donde no se prevén mayores inconvenientes, incluso con la parada que habrá en Embalse el próximo año por cuestiones técnicas.

Las empresas distribuidoras vienen quejándose del “atraso tarifario” desde hace varios años, razón por la cual, según la explicación de Edesur y Edenor, no pudieron realizar inversiones en el mantenimiento y ampliación de la red. Si bien el gobierno saliente, con Julio De Vido a la cabeza como ministro de Planificación, tuvo responsabilidad sobre el control de esas compañías y el esquema montado de subsidios, la administración de la Alianza Cambiemos aparece más enfocada en solucionarles los problemas económicos a los privados, que ahondar en cómo ha sido su comportamiento empresario.

–No hemos tenido tiempo de ver los contratos y su cumplimiento. No tengo dudas de que si obtenemos evidencia de algún tipo de de- sidia, vamos a actuar. Hoy estamos tratando de resolver la emergencia. En los dos años que dure, veremos las condiciones de la renegociación de los contratos –respondió el funcionario, quien también abogó por un uso racional de la energía.

Uno de los temas más ríspidos en su relación con las distribuidoras será la quita de subsidios y el ajuste tarifario. Sobre lo primero, el funcionario manifestó que “la Argentina debe entrar en la normalidad”, lo que hace suponer un cambio en la distribución de recursos. Respecto del segundo punto, aclaró que los incrementos serán de manera gradual sin especificar cuándo comenzarán. Lo que quedó claro en el discurso de Aranguren fue que el ajuste tarifario prometido será absorbido en un ciento por ciento por los usuarios. “El objetivo es llevar la inflación a un dígito, ahí los asalariados podrán hacer frente a una tarifa que reconozca sus verdaderos costos”, manifestó Aranguren. La explicación que dio el funcionario sobre la quita de subsidios y su impacto en los cuadros tarifarios no permite avizorar que los sectores de mayores ingresos vayan a pagar más que los asalariados por la energía que consumen.

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