Miércoles, 16 de diciembre de 2015 | Hoy
EL PAíS › SóLO EL GOBIERNO DEFIENDE LA DESIGNACIóN POR DECRETO DE LOS DOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
La decisión del Presidente de nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sin intervención del Congreso suma múltiples rechazos, entre ellos los de Zaffaroni y Gil Lavedra. Diversas ONG y toda la oposición pidieron a Macri que diera marcha atrás.
Por Werner Pertot
La decisión del presidente Mauricio Macri de nombrar por decreto y sin acuerdo del Senado a dos jueces de la Corte Suprema en comisión generó la primera polémica de su gestión nacional, a sólo cuatro días de haber asumido. El mecanismo que utilizó, que a la vez dispuso que los magistrados asuman y se envíen los pliegos al Congreso para su aprobación, fue cuestionado tanto por aliados de Cambiemos como por integrantes de la oposición. Mientras el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se despegaba de la iniciativa, el ex juez Raúl Zaffaroni aclaró que su vacante no se produjo durante el receso del Senado, al contrario de lo que argumenta el decreto de Macri. Diversas ONG y organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS y Poder Ciudadano, reclamaron al Presidente que dé marcha atrás con las designaciones. En Balcarce 50, anoche sostenían que, de momento, se mantienen las designaciones.
“Quiero decir muy claramente que nosotros como Corte Suprema no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el Presidente, no la Corte”, indicó Lorenzetti sobre las designaciones en comisión de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. “No tenemos ninguna opinión que dar al respecto. Es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está en la ley y en el Parlamento”, dijo, con lo que contradijo a los dirigentes macristas que aseguraban que el titular de la Corte había dado su visto bueno.
El gobierno PRO también recibió ayer críticas de sus propios aliados.
“Me ha sorprendido y creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto y no el envío al Senado y, en todo caso, la convocatoria a sesiones extraordinarias si es que hay celeridad”, sostuvo el senador radical Julio Cobos. El jefe de la bancada del radicalismo en Diputados, Mario Negri, dijo que “hubiera preferido que se transitara el camino del diálogo y del consenso hasta el inicio del período ordinario”.
El diputado Ricardo Alfonsín señaló que el método deja “mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”. El constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra remarcó que “es un error y una lástima porque todos apostamos a la normalidad institucional. Sienta un precedente muy siniestro porque cualquier presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano”. Si bien Elisa Carrió no emitió palabra sobre la decisión de Macri, uno de sus dirigentes de confianza, el diputado Fernando Sánchez, afirmó: “Formamos parte de la lógica del oficialismo, pero también tengo que ser crítico”, dijo. Sobre Carrió, afirmó que “está en el exterior, pero pude hablar y me comentó que fue consultada por los nombres y me dijo que Rosatti tiene buenas referencias”.
Las primeras líneas del PRO salieron a defender la decisión. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que las designaciones son “totalmente legales y bien fundamentadas”. La vicepresidenta Gabriela Michetti destacó: “No es verdad que Macri esté eludiendo el Parlamento. Todo esto entra en discusión cuando comience el trabajo de sesiones ordinarias en el Senado”. “Respaldo absolutamente lo que ha hecho el presidente. Me llaman la atención los reproches que incluso toman cierto tono fundamentalista”, afirmó el ex titular del radicalismo Ernesto Sanz, quien consideró que si hubieran convocado a sesiones extraordinarias y se hubieran rechazado los pliegos hubiera sido “un síntoma de debilidad”.
“Tiene todo el derecho a construir fortaleza de su gobierno”, indicó.
También salió a defender la decisión el fiscal Ricardo Sáenz, que suena como posible procurador si Macri consigue remover a Alejandra Gils Carbó.
“Es una facultad que la Constitución prevé y que el Presidente puede ejercer”, indicó. La división Panzer del PRO se completó con Laura Alonso, quien señaló que el decreto fue “bien recibido” por la Corte.
Sergio Massa le reclamó al Presidente que “revea el error y mande los pliegos al Senado porque será un gesto de respeto al Congreso”. Indicó que le hizo ese pedido al jefe de Gabinete, Marcos Peña. El referente del Frente Renovador sostuvo que “los nombres elegidos para ocupar esos cargos me parecen impecables, pero la forma me pareció horrible”. “¿Qué tiene que ver la designación de dos jueces por decreto con garantizar la gobernabilidad? ¿Qué hubiese pasado si este decreto era firmado por el gobierno anterior?”, se preguntó. Massa recordó que Macri “planteó en la Asamblea Legislativa que no iba a haber más jueces partidarios, que iba a haber jueces independientes y esto contradice”.
Por su parte, el dirigente cordobés José Manuel de la Sota también le reclamó a Macri construir “una República entre todos, gobierno y oposición”. “No se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto”, indicó. “No se entiende la propuesta de Mauricio Macri. No se condice con el llamado al consenso que saludamos cuando nos convocó a todos los gobernadores o con su reunión con los líderes de la oposición”, indicó el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.
“No cuestionamos nombres, sino el método. Es contradictorio que quien criticó el envío de pliegos al Senado defina por decreto a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo el diputado Facundo Moyano. “Utiliza un recurso que usaron los militares para designar jueces en comisión”, se sumó Pino Solanas.
“Es una decisión de otro siglo propia de dictadores y no de un presidente democrático elegido por el pueblo”, indicó la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, mientras que el jefe de bloque Héctor Recalde indicó que está produciendo “un tembladeral republicano”.
La diputada del FIT Myriam Bregman manifestó “su enérgico repudio a la designación de los ministros de la Corte Suprema” y reclamó sesiones extraordinarias.
En tanto, Poder Ciudadano indicó que el decreto “rompe innecesariamente con un procedimiento ampliamente consensuado entre los actores de nuestro sistema democrático”. El CELS, ACIJ y otros organismos de derechos humanos remarcaron que se trata de un “grave retroceso institucional”. “La independencia, imparcialidad y legitimidad de la Corte Suprema resultan gravemente afectadas si sus integrantes son designados por decreto”, señalaron. Esta polémica continuará...
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