Terminó la etapa de los expedientes y quizá comience una que incluirá coreografías. El juez federal Norberto Oyarbide anunció a sus empleados en los Tribunales de Retiro que inició los trámites jubilatorios con el objetivo de dejar el juzgado en los próximos meses. “Desde hace más de dos años que me invitan”, dijo el magistrado sobre su posible participación en el programa ShowMatch, que conduce Marcelo Tinelli. Oyarbide, que cumplirá 65 años el 1º de enero, se lo había anticipado poco antes al ex vicepresidente Amado Boudou, durante la declaración indagatoria que le tomó ayer por el supuesto delito de dádivas. El juez, que procesó a Mauricio Macri por espionaje, entre varios casos resonantes que pasaron por sus manos, explicó en su entorno que se retirará cuando le salga la jubilación, pero se comprometió a trabajar durante la feria judicial de enero. Es uno de los jueces federales con cuya renuncia contaba el macrismo.

Además de la causa por las escuchas telefónicas ilegales que el macrismo implementó utilizando la estructura del gobierno porteño, Oyarbide también tramitó la causa por irregularidades en el manejo de fondos del programa Sueños Compartidos de construcción de viviendas sociales de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la de medicamentos adulterados en la que encarceló al dirigente bancario Juan José Zanola. En estos tres expedientes terminó apartado de las causas por decisión de sus superiores de la Cámara Federal porteña, quienes dedicaron duras críticas a sus investigaciones.

Oyarbide fue denunciado reiteradamente ante el Consejo de la Magistratura, pero siempre pudo evitar el juicio político. Sin embargo, estuvo tres años sin ejercer su cargo durante el enjuiciamiento al que fue sometido por parte del Senado, y del que resultó absuelto en septiembre de 2001 con el voto del justicialismo. Tres jueces habían pedido su destitución por falta de ética, tras haber concurrido a un prostíbulo, haber omitido denunciar el delito de promoción y facilitación de la prostitución y tráfico de influencias por parte de su amigo Luciano Garbellano, haber incurrido en inconductas en su vida privada, enriquecimiento ilícito y amenazas contra empleados del restaurante Mirasol. Pero tras una sesión secreta sólo un cargo quedó en pie. Y los senadores decidieron que “no había pruebas suficientes en su contra para condenarlo, salvo su homosexualidad” (sic). El presunto delito más grave que Oyarbide habría cometido ya había quedado en el camino: cobrar a cambio de dar protección policial a prostíbulos en Buenos Aires.

En 1999, durante su alegato ante el Senado se había definido a sí mismo como un muerto social. El 12 de septiembre de 2001, día en que volvió a pisar la alfombra de su despacho, Página/12 le preguntó si se sentía revivido. “Después de un proceso se llega a una solución de la que dan cuenta los medios. Mucho antes del comienzo fue complejo, ahora de ninguna manera me siento de esa forma. Las circunstancias que acompañan a las personas se van modificando”, fue su respuesta.