Página/12 En Colombia

Tras más de un año de discusiones sobre el tema víctimas en las negociaciones de paz en La Habana, ayer se dio a conocer el acuerdo logrado entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC). Con un histórico apretón de manos entre los jefes negociadores de ambas delegaciones, Humberto de La Calle y alias Iván Márquez, se selló el pacto sobre el tema más complicado en la discusión que las partes llevan adelante en Cuba desde hace tres años.

“Lo que se ha logrado hoy es fundamental, es un avance y nos da no solo una gran alegría sino más esperanza”, le expresó a Página/12 la líder de víctimas Soraya Bayuelo, quien hizo parte de la delegación de 60 víctimas que participó directamente de las conversaciones y se vio a cara con sus victimarios. Bayuelo ha perdido a sus familiares y amigos a manos de la guerrilla en la región de los Montes de María (Norte), donde además el paramilitarismo ha arrasado con poblaciones inocentes donde el Estado fue ausente y cómplice y la única opción de vida fue la resistencia civil. “Para nosotros los sobrevivientes y los resistentes sin armas de esta larga guerra en Colombia, los anuncios de hoy son trascendentales, entre otras cosas, porque nos tiene a las víctimas en el centro del acuerdo”.

En La Habana, los delegados de los países garantes del Proceso de Paz Cuba y Noriega aseguraron que esperan que “con la implementación de este y de todos los acuerdos se asegure la dignificación de las víctimas, se haga justicia y se sienten las bases para acabar para siempre con la violencia del conflicto en el país”.

El acuerdo, que fue leído ayer por los mismos garantes, fija que aquellos insurgentes y miembros de las fuerzas militares que acepten sus responsabilidades por crímenes cometidos en medio del conflicto, y que además confiesen la verdad sobre los hechos, recibirán penas de “restricción efectiva de la libertad” de entre cinco y ocho años. “Seamos claros, hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos”, manifestó el jefe negociador del gobierno, tocando un tema que ha generado una gran polémica en Colombia.

“Nosotros no vemos impunidad. Que una guerrilla tan vieja como las FARC vaya a dejar las armas, nos da la esperanza de que el fin del conflicto se aproxima. Además, las personas que hemos sufrido la guerra vamos a seguir apoyando el proceso de paz, porque no queremos que nadie en el mundo sufra los dolores, la desazón y la angustia que hemos vivido”, dijo Bayuelo a este diario. El reconocimiento de las víctimas y las responsabilidades, la satisfacción de éstas, y la verdad son algunos de los principios del acuerdo firmado ayer, además de garantías de no repetición, protección y seguridad, y reconciliación.

El Acuerdo firmado ayer contiene el polémico Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, y el compromiso sobre Derechos Humanos. Iván Márquez, número dos de las Farc y quien está al frente de la llamada Delegación de Paz de esa guerrilla en La Habana, hizo énfasis en que “este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas”.

Para Bayuelo, “si el momento de las cortes y la verdad se hacen con ética, se conocerán no sólo los responsables directos de la guerra sino los que la patrocionan, y será entonces cuando se haga justicia”. El comandante fariano, quien cada vez muestra menos distante del jefe negociador del gobierno Humberto de La Calle, insistió en que todas las partes del conflicto armado en Colombia deben asumir la responsabilidad de reparar. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el gobierno está listo para firmar y decretar un cese bilateral y definitivo del fuego, pero que necesitan “que todo sea verificable y efectivo”.

Bayuelo agregó que, además de los pactos que resulten en La Habana, el Estado colombiano debe continuar la reparación de las víctimas y las transformaciones sociales que requiere una sociedad para cerrar un ciclo de violencias. “Además, los que hacemos la paz estamos en los territorios, la sociedad civil que ha resistido sin armas por décadas estará acá en nuestra resistencia y compromiso, y a la espera de los retos que vengan con la entrega de armas”. También, el regreso a la vida civil de parte de los insurgentes de las FARC está por verse en el amplio territorio colombiano donde, tanto en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, como en los pueblos apartados, conviven narcotraficantes y ex combatientes de las diversas fuerzas.

“Uno de los principales retos está en nosotros como ciudadanos”, asegura la señora. “Las víctimas sabemos que la salida negociada es lo mejor, por eso apoyamos este proceso de paz y esperamos que se inicie prontamente el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”. Por lo pronto, de los seis puntos que contiene la Agenda de los Diálogos de Paz, ya se han firmado cuatro y restan fin del conflicto, es decir, la entrega de armas, y la implementación de los acuerdos. Todo lo que se pacte en la isla deberá ser legimitado en las urnas, el año próximo si se cumple el plazo de marzo que Santos y el máximo líder alias Timochenko fijaron en su histórica aparición reciente donde, como De La Calle y Márquez ayer, se dieron un apretón de manos que empieza a replicarse entre antiguos contrincantes en trincheras rebeldes y guarniciones militares.