El principal desafío para clausurar definitivamente la disputa con los fondos buitre y rehabilitar el canal de financiamiento externo como pretende el Gobierno no está en Nueva York. En esa ciudad estadounidense el nuevo equipo económico retomará hoy las negociaciones con una porción del 7,6 por ciento de los tenedores de bonos que rechazaron los canjes, los representantes legales de los demandantes más agresivos. Pero el Congreso argentino reviste una importancia equivalente a las conversaciones con los fondos Elliott y Aurelius, entre otros, que acumularían sentencias por alrededor de 10.000 millones de dólares. Para implementar los posibles acuerdos a los que lleguen los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas con los diferentes grupos de acreedores litigantes, el presidente Mauricio Macri deberá cambiar el plexo normativo vigente. “Acá ha habido un cambio en la visión que tenemos acerca de nuestras deudas, nosotros queremos dejar de ser un país que es catalogado como incumplidor y queremos resolver todos los temas pendientes, este es uno”, prometió ayer Macri durante una conferencia de prensa donde se refirió al diálogo que comenzará esta tarde en las oficinas del abogado Daniel Pollack, el mediador impueso por la justicia norteamericana a mediados de 2014.

En el doble terreno de discusión, local y externo, que se abre para resolver el conflicto será fundamental modificar (o derogar) la ley Cerrojo y la más reciente ley de Pago Soberano. Esos cambios son condición necesaria para poner en marcha cualquier acuerdo donde los acreedores carroñeros reciban un tratamiento más ventajoso que el 92,4 por ciento de los inversores que participaron de la reestructuración de la deuda. El titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, ya comenzaron a conversar con gobernadores, diputados y senadores. El objetivo es garantizarle al Gobierno las adhesiones necesarias de las diferentes expresiones del peronismo que le permitan aprobar ese y otros proyectos. Las iniciativas económicas serán presentadas en marzo cuando comiencen las sesiones parlamentarias ordinarias.

El encuentro de hoy será el puntapie inicial para la negociación con los buitres, donde seguramente el secretario de Finanzas, Luis Caputo, intentará obtener una tregua legal (un levantamiento del bloqueo) de los carroñeros mientras dure el diálogo bilateral. El Palacio de Hacienda informó ayer oficialmetne que encarará ese proceso con un nuevo estudio de abogados. La decisión ya había sido anticipada por el ministro Alfonso Prat-Gay. Los funcionarios del equipo de Finanzas comenzaron a reunirse con los posibles representantes del país en las cortes estadounidenses.

Diecinueve meses atrás, cuando quedó firme el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda en el exterior, Macri expresó su compromiso con el cumplimiento al pie de la letra con los términos financieros validados por el juez Thomas Griesa. A lo largo de los últimos meses, en cambio, sus principales colaboradores plantearon un esquema de negociación para los buitres “con el cuchillo entre los dientes”. Ayer, el mandatario no dio definiciones pero buscó diferenciarse de la lógica que imprimió el kirchnerismo a la disputa con su reclamo de condiciones “justas, equitativas y sustentables”.

En ese intento corrió del eje de la discusión a los protagonistas: los acreedores carroñeros. “Le pedimos al señor mediador que nos ayude para que, más allá de que no hemos hecho tal vez las cosas de la mejor manera y la posición en que nos pusimos no fue razonable, hoy estamos para cerrar el tema, para encontrar una solución y le pedimos que medie en función de que la Argentina tenga un acuerdo razonable”, planteó el Presidente.

En los términos del nuevo gobierno, “un acuerdo razonable” no contempla discutir la fórmula que otorga una rentabilidad extraordinaria a los buitres pero, según afirmó Prat-Gay, buscarán obtener alguna concesión sobre el mecanismo de cálculo de los intereses. El monto a desembolsar, mediante una operatoria de emisión de deuda externa que contará con la participación de bancos de inversión internacionales, ronda entre los 10 mil millones y 22 mil millones de dólares. La cifra depende de las “quitas” que se acuerden.

“Espero que queden atrás rápidamente estas partes de deuda que no supimos negociar, que lo hicimos mal porque es una limitación para poder crecer. Cuando ese tema esté resuelto, va a traer aún más energía, más posibilidades, más financiamiento para aquel que pueda invertir, crecer y darle trabajo a otro argentino”, expresó Macri. Desde la visión del nuevo gobierno, alcanzar un acuerdo con los holdouts es condición necesaria para rehabilitar el acceso al mercado de crédito internacional sin riesgo y a menor costo. No se trata solamente de facilitar la emisión de deuda externa para obtener divisas, sino de aceitarle el camino a provincias y grandes empresas.

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