¿Van a seguir los despidos en el Estado? La pregunta fue formulada ayer a Mauricio Macri en la conferencia de prensa que el Presidente ofreció en la Casa Rosada. Fue la primera de un año que, a pesar de llevar apenas 12 días, contabiliza más de diez mil empleados públicos puestos en la calle, vía cesantías en las plantas permanentes –como en el Senado–, no renovación de contratos en los ministerios, municipalidades y cierres de programas convenidos con las universidades. Frente a los cronistas acreditados en la Casa de Gobierno, el Presidente defendió la política de despidos con el argumento de que se trata de ñoquis del kirchnerismo. En este marco, dio a entender además que la “limpieza” todavía no terminó. Un informe dado a conocer ayer por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. contabiliza en 18 mil los echados en el Estado desde que asumió Cambiemos, a los que se suman otros 10 mil en el sector privado. “Hay que aclarar que hoy no tenemos a 18 mil compañeros en la calle: ese es el número de gente a la que le dijeron que no fuera más a trabajar, pero parte de los despedidos pudieron ser reincorporados, otros están en revisión, con contratos prorrogados, pero otros, lamentablemente, se siguen agregando”, señaló a Página/12 el titular de ATE, Hugo Godoy.

Ayer, por caso, hubo 150 nuevos cesanteados por el Ministerio de Salud. Se trata de contratados por universidades que sostenían el funcionamiento de los 20 camiones hospitales para intervenir en situaciones de emergencia. “Los camiones están parados porque los compañeros están siendo despedidos, mientras en el litoral las poblaciones costeras necesitan asistencia por las inundaciones”, apuntó el dirigente, para indicar con un ejemplo la amplitud de las consecuencias de la política de despidos indiscriminados en el sector público.

La ola de despidos tiene como sostén el decreto que el presidente Macri firmó el 24 de diciembre, en el que instruyó a ministros, secretarios y autoridades de todos el estado a “revisar” los concursos y selección de personal de los últimos tres años. La medida establecía que los contratos serían renovados por tres meses mientras se realizaba esta revisión, aunque luego fue tomado el camino contrario de despedir y –en caso de que los trabajadores logren organizarse y generar algún nivel de conflicto– extender una parte de los contratos.

“Hemos encontrado un Estado puesto al servicio de la militancia política”, sostuvo ayer Macri en la conferencia de prensa. El mandatario habló de los despedidos como personas que “no vienen y cobran un salario” y los mencionó como “los que hemos encontrado escondidos”.

Macri insistió así en los argumentos ya conocidos del discurso PRO sobre el tema. Pero como parte de la respuesta a si habrá más despidos, también dijo una frase que quedará para el archivo: “Como presidente –agregó– quiero que tengamos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre la manera y el lugar donde ser feliz”.

Disciplinar

En sintonía con las declaraciones del Presidente, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó que hay una decisión de seguir avanzando sobre el empleo público. “No hay para nada un objetivo de reducción específica, sino que se están evaluando situaciones que no son justificables”, sostuvo entrevistado por FM Latina. El funcionario aseguró que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el número de empleados públicos creció “en más de un 50 por ciento”, y atribuyó este aumento a la designación de ñoquis. “No podemos mirar para otro lado cuando son los propios empleados los que nos dicen ‘en la oficina de al lado hay personas que cobran y no van nunca’.”

El listado de los despidos, y el registro del modo en que el Gobierno está realizándolos, sin embargo, continúa poniendo en evidencia que la denuncia sobre los ñoquis es una pantalla para justificar despidos indiscriminados. “Hay una intención de disciplinar para imponer la aceptación del plan de ajuste del Gobierno”, indicó ayer ATE al difundir un informe realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. El estudio, que recuerda la advertencia del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, sobre que “cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo”, contabiliza en más de 18 mil estatales que en el último mes han sido informados que no continuarán trabajando y en otras 10 mil las cesantías en el sector privado.

“La reducción del salario real de los trabajadores constituye un objetivo del gobierno nacional y de las principales cámaras patronales”, advirtió el observatorio de la central sindical. “El Estado cumple una función clave en este proceso y en las últimas semanas ha venido enviando una señal muy fuerte al sector privado a partir de la implementación de despidos. La mayoría de estas desvinculaciones se realizaron a través de la decisión de no renovar contratos temporales o de asistencia técnica, cuya proliferación en los últimos años da cuenta de la existencia de fuertes niveles de precarización contractual.” El observatorio señala que la masividad de los despidos se apoya en los niveles de precarización laboral que viene del kirchnerismo: según ATE, en el Estado hay 95 mil trabajadores precarizados mediante distintas formas de contratos y convenios con universidades.

Entre los dirigentes sindicales que ayer salieron a replicar las declaraciones presidenciales estuvo Norberto Di Própero, titular de APL, uno de los gremios del Senado, donde la vicepresidenta Gabriela Michetti echó por decreto a dos mil personas. Di Próspero explicó por qué el discurso de que están limpiando al Estado de ñoquis no se sostiene: “En la Cámara alta despidieron sin mirar a quién. Nosotros no nos vamos a oponer a que saquen a una persona que no trabaja, pero en todo caso lo que hay que hacer es una auditoría. En el Senado la pidieron, pero no esperaron sus resultados. La prueba es que tuvieron que dar marcha atrás con los despidos de empleados discapacitados. Ni siquiera sabían que los habían echado”. El dirigente recordó que “la angustia de no tener trabajo es algo que todos hemos pasado en algún momento, y es realmente tremenda”, y pidió “no estigmatizar a los trabajadores del Estado”.

Desde ATE, Godoy coincidió en que “si el objetivo fuera detectar a los ñoquis, se resolvería con un simple control de presentismo”. En cambio, señaló, “lo que están haciendo es alentar a que las provincias, los municipios y los privados sigan el ejemplo”.