Estados Unidos dejará de oponerse a la concesión de créditos multilaterales a la Argentina. Así lo informó ayer el secretario del Tesoro de ese país, Jacob Lew, quien sostuvo que su gobierno pondrá fin a la “política de oponerse a la mayoría de los préstamos a la Argentina de bancos multilaterales de desarrollo”. La decisión conlleva una valoración positiva al acercamiento de Mauricio Macri al establishment financiero y a la eventual vuelta a las supervisiones del Fondo Monetario Internacional, en el marco de una política de mayor de endeudamiento con los mercados y los organismos internacionales. No obstante, Lew sostuvo que considerará cada proyecto del país en base a sus propios méritos. La eliminación del veto en los noventa permitió al país llevar a cabo un fuerte proceso de incremento de la deuda pública con aval del Fondo.

El cambio de política estadounidense respecto a la Argentina fue comunicada ayer al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en un encuentro que mantuvieron durante la reunión anual del Foro Mundial Económico que tiene lugar en Davos, Suiza. La política de oponerse sistemáticamente a los créditos para la Argentina rige desde 2001. El Congreso estadounidense había recomendado esta posición, previo lobby del sector financiero y empresario, para endurecer su reclamo ante el impago de deudas, principalmente al Club de París, y por las sentencias negativas ante el Ciadi, lo que había sido subsanado con la gestión anterior. Pese a ello, el gobierno de Estados Unidos mantuvo el veto con el argumento de que no había avances en el conflicto con los fondos buitre. En el encuentro con Lew, Prat-Gay le trasladó la preocupación del gobierno por la intransigencia de esos fondos especulativos de cara a la negociación.

La arcaica estructura del FMI contempla que los países miembro aportan recursos a un fondo común con el fin de proveer créditos. La cuota de un miembro en el capital del FMI determina entonces la ponderación de sus votos y, por ende, su influencia en el organismo. Pese a que la representación en el organismo a través de las cuotas entró en discusión en 2008, plena crisis financiera global, sólo se lograron reformas parciales. Las potencias emergentes, como los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), reclaman mayor representación. No obstante, Estados Unidos mantiene el 16,8 por ciento del capital del FMI, porcentaje que le otorga poder de veto porque, dado que para tomar decisiones referidas a la forma de funcionamiento del organismo, se requiere más del 85 por ciento de los votos.

Este poder de veto fue un duro obstáculo para que el gobierno anterior pudiera acceder a financiamiento pleno de los organismos en los que Estados Unidos tiene influencia. La administración Obama vetó todos los créditos de los organismos internacionales con destino a proyectos de infraestructura, salud y educación, entre otros. También logró trabar financiamiento proveniente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Luego de la reunión que mantuvo Prat-Gay y Lew en Davos, Estados Unidos anunció que pondrá fin a su política de oponerse a los préstamos de los bancos de desarrollo multilaterales. El secretario del Tesoro sostuvo que Estados Unidos estaba eliminando la política a la luz de “los progresos en asuntos clave y una positiva trayectoria de política económica”. El macrismo inició este mes negociaciones formales con los fondos buitre y también manifestó su voluntad de volver a adherir al Artículo IV del Fondo Monetario Internacional, un revisión macroeconómica que en los noventa fue utilizada para legitimar la aplicación de políticas fiscales, monetarias, laborales y cambiarias ortodoxas.

El alineamiento argentino a los intereses estadounidenses le permitió al gobierno de Carlos Menem contar con su apoyo para facilitar créditos del FMI, en muchos casos a altas tasas de retorno y con fuertes condicionalidades para asegurarse el cobro. En ese momento, el FMI adquirió un papel fundamental al ubicarse no solo como garante de la convertibilidad, sino también ante la comunidad financiera internacional del repago de esa deuda a través de un monitoreo minucioso.

La bola de nieve que generó la constante refinanciación de la deuda pública contra privados y organismos puso contra las cuerdas al país hasta que finalizó con la crisis económica y social de 2001. El país pudo desembarazarse de esa presión recién en 2006, cuando el gobierno decidió pagar en una sola cuota y en efectivo todo lo adeudado al organismo. Una década después, el ciclo de endeudamiento comienza a transitar los mismos carriles que habían sido marcados durante la década del 90.