El gobierno de Mauricio Macri se aprestaba a enviar anoche al Congreso el proyecto de ley para el pago a los fondos buitre, que comprende la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y el reconocimiento del 70 por ciento del monto de las sentencias obtenidas en los tribunales de Nueva York. Se incluyen capital, intereses corridos desde el inicio de las demandas y los punitorios. El capital nominal de los bonos en cesación de pagos desde 2001 se reconocerá sin quita. Según el avance del articulado correspondiente al proyecto de ley, que se denomina de Normalización de los Servicios de la Deuda Pública, a aquellos tenedores que no iniciaron juicio se les ofrecerá un pago por el cien por ciento del capital adeudado más un 50 por ciento, pero esa cifra no podrá ser superior a lo que obtengan quienes tienen sentencia firme. El detalle de los instrumentos que se emitirán en el mercado financiero para conseguir el flujo de dólares para ese pago no consta en el proyecto, pero se tratará de tres series de títulos públicos con vencimientos a 5, 10 y 30 años y una tasa de interés de entre el 7 y 7,5 por ciento. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, acudirá hoy a una reunión plenaria de las comisiones de Finanzas y Presupuesto de Diputados para defender el acuerdo y el proyecto del Ejecutivo nacional. El país además renuncia a cualquier defensa de inmunidad y vuelve a someterse a tribunales extranjeros.

El equipo económico trabaja contrarreloj para adecuarse a los tiempos que el juez Thomas Griesa impuso en la negociación con los fondos carroñeros más duros. El lunes de esta semana se anunció que se arribó a un acuerdo con los cuatro principales fondos, entre los que se encuentran NML Capital y Aurelius. El equipo económico de Macri accedió a pagarle en efectivo un monto de 4653 millones de dólares, que comprende el 75 por ciento de la deuda en litigio. Se suman arreglos con fondos menores que elevan esa participación al 85 por ciento, mientras continúa la negociación con otras entidades sin sentencia firme. El dinero provendrá de la colocación de nuevos títulos públicos, por aproximadamente el equivalente unos 15.000 millones de dólares. El canje de 2005 y 2010 habían permitido cerrar ese capítulo con el 93 por ciento de los bonistas con una emisión de 30.000 millones de dólares.

Esta operación y el compromiso con los buitres requiere del Congreso la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Este marco impide, bajo el criterio de equidad para con quienes aceptaron la quita del 67 por ciento del capital e intereses, realizar una mejor oferta a los holdouts que no ingresaron en la operación y eligieron la vía judicial. El juez Griesa puso como condición la revocación de estas normas, además de que se cumpla con el acuerdo con los buitres antes del 14 de abril próximo. Esto derivó en un trámite super express que está implementando el gobierno nacional y los diputados del macrismo y de bloques aliados. En menos de una semana, el oficialismo tuvo listo el borrador con el proyecto y hoy el ministro acudirá a las 11 a una reunión conjunta de las Comisiones de Finanzas y Hacienda. El lunes próximo asistirán, en carácter de invitados, diversas asociaciones gremiales, empresariales y especialistas para exponer sus perspectivas. El bloque del Frente para la Victoria adelantó que no dará quórum.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (PRO), remitió a los diputados de ambas comisiones el articulado del proyecto, al que accedió Página/12, previamente a discutirse hoy durante la presentación de PratGay, quien iría acompañado del secretario de Finanzas, Luis Caputo.

El proyecto comprende en su primer artículo la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano y toda norma o decreto que impida avanzar en el pago a los buitres. Este artículo deja abierta la puerta a un ciclo de endeudamiento sin discusión parlamentaria, ya que se autoriza al Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a “realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar sus servicios a las posibilidades de pago del Estado Nacional en el mediano y largo plazo”. Como contrapartida, la cartera económica se compromete a informar semestralmente al Congreso el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación. De todos modos, el acuerdo alcanzado con los buitres tiene un plazo de 120 días, aunque puede ser prorrogado bajo consentimiento de los intereses de los fondos carroñeros. En el articulado del proyecto se ratifican los dos canjes realizados en 2005 y 2010. Esto no evitaría que los tenedores de bonos reestructurados puedan presentarse a la Justicia para reclamar una compensación por el tratamiento diferenciado que se hace con los holdouts litigantes.

El gobierno ofrecerá a todos los tenedores de títulos públicos defolteados un pago equivalente al monto de capital adeudado de sus títulos más un 50 por ciento de dicho monto de capital, bajo el concepto de oferta base. Esta oferta se pagara en efectivo contra la entrega de los títulos en cesación de pagos. “Con respecto a los tenedores de títulos públicos que hubieren iniciado reclamos ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, agrupados en una acción de clase, se autoriza a acordar una suma adicional para solventar los gastos administrativos necesarios para notificar a quienes se encuentran incluidos en la respectiva clase”, detalla. Si se adiciona ese plus para los que tengan órdenes de pari passu (tratamiento igualitario) antes del 1 de febrero de 2016, se reconocerá un pago equivalente al 70 por ciento del reclamo legal, que incluye el monto de la sentencia y los intereses judiciales devengados desde ese momento hasta el 31 de enero pasado.

El proyecto autorizaría a Hacienda a la emisión de bonos del Tesoro de la Nación y la contratación de otras operaciones de empréstito público por hasta el valor nominal del acuerdo. Por último, se mantiene la jurisdicción de las cláusulas a tribunales extranjeros, con lo que se renuncia a cualquier defensa de inmunidad soberana. Se mantiene el pedido de inmunidad sobre bienes que podrían ser embargables en caso de algún diferendo jurídico.