La defensa de Diego Lagomarsino intentará evitar que la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman pase al fuero federal porteño, como lo dispuso en su fallo sorpresivo la jueza Fabiana Palmaghini en base al testimonio del ex jefe de Operaciones de la ex SIDE Antonio Horacio Stiuso y al de Carlos “Moro” Rodríguez, otro ex espía amigo del fiscal, quienes afirman que fue asesinado. Para eso presentará su apelación a más tardar el lunes por la mañana y la Cámara del Crimen tendrá que saldar la disputa con una nueva resolución. Como para poner presión e instalar una única versión de los hechos, el fiscal que actúa ante la Cámara, Ricardo Sáenz, alineado con la querella de Sandra Arroyo Salgado, salió a decir públicamente que “se está empezando a afirmar que estamos frente a un homicidio” y que Lagomarsino debería ser imputado por ese delito y no solo por haber prestado su pistola Bersa a alguien que no era legítimo usuario. La fiscal Viviana Fein no apelará el pase al fuero federal, no porque acuerde con Palmaghini sino porque ya se conoce la postura de Sáenz, que es su superior y será el fiscal que actúe ante la Cámara previo a un fallo. Cualquier cosa que ella diga perdería sentido y se volvería abstracta, razona. Entonces, ya se sabe que Sáenz apoyará el cambio de fuero cuando llegue la apelación de Gabriel Palmeiro, el abogado de Lagomarsino. Habrá que ver qué postura adoptan los camaristas Mario Filozof, Marcelo Luicini y Rodolfo Pociello Argerich, y cuán independientes se muestran de la operación desplegada en estos días.

Al mirar en perspectiva los últimos hitos judiciales del caso, se advierte que Sáenz –quien encabezó el año pasado la marcha del 18F– preparó una parte importante del terreno para todo lo que está pasando ahora. Hace dos semanas presentó un dictamen donde afirmaba que a Nisman lo asesinaron. Invocaba argumentos tramposos, como –entre otros– que no se encontraron rastros de fulminante en las manos de Nisman, lo que no es cierto de acuerdo al estudio que se hizo en el laboratorio del Ministerio Público de Salta, que decía que “se hallaron partículas consistentes con residuos de disparo”. Su escrito repetía argumentos de Arroyo Salgado y de la querella de la madre del fiscal, Sara Garfunkel, y afirmaba que fue un homicidio vinculado a la actividad de Nisman en el caso AMIA y su denuncia contra Cristina Kirchner por encubrimiento. Todo eso era para justificar que la causa debe tramitar en el fuero federal, siempre dócil a negociados políticos, operaciones y ahora fuente de confianza del macrismo.

Ese planteo fue presentado por Sáenz ante la Cámara que debía resolver un pedido de las querellas para que Palmaghini se aparte, algo que la jueza esa vez había rechazado. Faltaban cuatro días para que se concretara la declaración testimonial de Stiuso. Y casualmente, dos semanas antes, el 15 de febrero, había testificado “Moro” Rodríguez, un amigo de Nisman que fue personal civil de inteligencia, quien le había presentado a Lagomarsino, y declaró que estaba convencido de que lo mataron. No creía que pronto se hubiera convertido en “un mal padre, mal amigo”, que “dejaba a la madre con un lío, a las hijas destrozadas”, y además “no le gustaba perder ni a la bolita”, “un suicida para él era un perdedor”.

Así, ni el fiscal Sáenz, ni Stiuso ni Rodríguez, aportaron nada concreto acerca del supuesto asesinato. Sin embargo, cada uno en su ámbito, de pronto se volvieron claves como sustento de esa teoría. La declaración de los dos ex agentes fue la excusa que usó la jueza Palmaghini para justificar su propio golpe de timón, después de haber dicho que la competencia en el caso era suya en una resolución firmada tres días antes de la declaración de Moro. Stiuso llegaría luego con su versión de que a Nisman lo mató un grupo vinculado al gobierno de Cristina Kirchner, tras la denuncia por encubrimiento que tenía que ir a defender al Congreso; dijo que el Poder Ejecutivo no quería que investigaran a Irán y que hacía llegar advertencias; que había negocios de fondo. Nada de esto había dicho en su primera declaración hace algo más de un año, cuando afirmó que la muerte del fiscal lo había tomado por sorpresa y la asociaba con suicidio. Esta vez, para allanarse el camino, acusó a la fiscal Fein de haber omitido que dijo que relacionaba la muerte con su trabajo en la UFI AMIA.

En definitiva, el viraje de la causa comenzó con el cambio de gobierno, en diciembre último, cuando Palmaghini decidió asumir la investigación que había manejado hasta entonces Fein. Su postura y la de Sáenz ahora ignoran las pericias forenses y criminalísticas que decían que no había nada que acreditara la presencia de terceros, ni rastros de homicidio ni de que hubieran movido el cuerpo. Después de un año la jueza dice que la base está contaminada.

A diferencia de Stiuso, que no vincula a Lagomarsino con la muerte, Sáenz sugiere que sí y que su presunta participación puede haber sido una puesta en escena para ocultar su verdadero papel. Tampoco justifica el razonamiento ni explica cómo es que las cámaras de la autopista lo toman volviendo a su casa en la nochecita del sábado 17 de febrero y otras haciendo compras la mañana siguiente, cuando el horario de data de muerte es del domingo entre la mañana y el mediodía.