Horacio Rosatti respondió ayer las preguntas que le hicieron en el marco de la audiencia pública.
Imagen: Joaquin Salguero.

El candidato a integrar la Corte Suprema, Horacio Rosatti, pasó ayer casi seis horas respondiendo preguntas en el marco de la audiencia pública realizada en la Comisión de Acuerdos del Senado. El abogado y ex ministro de Justicia recibió reiterados cuestionamientos por parte del bloque del Frente para la VictoriaPJ por su decisión de haber aceptado su designación por un decreto del presidente Mauricio Macri. Ante esa situación, que contradice su propia postura planteada en su Tratado de Derecho Constitucional, Rosatti explicó que lo hizo porque en el mismo texto del decreto se determinaba el inicio, en paralelo, del procedimiento habitual establecido en la Constitución Nacional y reglamentado por Néstor Kirchner en el decreto 222. Durante el intercambio con los legisladores se pronunció a favor de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, así como de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal y el juicio por jurados. En cambio, esquivó definiciones precisas sobre la interrupción del embarazo, la llamada ley de derribo, el derecho de huelga y la derogación parcial mediante un DNU de la ley de medios audiovisuales. Se pasó para el próximo miércoles la audiencia con el segundo candidato, Carlos Rosenkrantz, mientras que una semana más tarde se volvería a reunir la comisión para emitir dictamen.

Cerca de las 12 del mediodía, el Salón Azul de la Cámara alta comenzó a llenarse de senadores (superaron los 30 cuando la comisión de Acuerdos tiene 17 miembros), de invitados especiales y una barra de mujeres del massismo que reclamaban la incorporación de juezas en el máximo tribunal. Si bien la exposición de Rosenkrantz estaba prevista para la semana próxima, tanto él como Rosatti se sentaron ayer a los costados del titular de la comisión, el peronista salteño Rodolfo Urtubey. Se le dio lectura formal a los pliegos enviados por el Ejecutivo y luego se dispensó a Rosenkrantz de continuar en la audiencia ya que su turno sería la semana siguiente.

La jornada de ayer había despertado gran expectativa luego de casi 3 meses de polémica por la decisión de Macri de nombrar a los magistrados sin consultar al Senado, como establece la Constitución en su artículo 99 inciso 4. Hubo incluso senadores del propio bloque oficialista como Ernesto Martínez, de Córdoba, que ayer marcaron sus diferencias con ese procedimiento elegido por el Poder Ejecutivo. Lo mismo dijo, pero en términos mucho más duros el peronista federal Adolfo Rodríguez Saá, quien consideró que el decreto lo “inventaron un grupo de tecnócratas que desprecian a la política”. Fue un dardo directo al asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón, indicado como autor intelectual de la maniobra. Uno de los más enfáticos sobre este tema fue el jefe de la bancada del FpVPJ, Miguel Pichetto, quien fustigó al “asesor iluminado” que lo planteó, ya que el instrumento utilizado (el artículo 99 inciso 19) se refiere a “los empleos” que requieren acuerdo del Senado, no habla de jueces de la Corte como “de manera clara, categórica e indubitable” señala la Constitución en el mismo capítulo. Además, Pichetto recordó que ese recurso sólo fue utilizado por dictaduras militares y que fue pensado en el siglo XIX, cuando el Senado solo sesionaba durante seis meses y los legisladores “se trasladaban en carreta” por lo que casi no podía convocarse a sesiones extraordinarias. El jefe de bloque reconoció la legitimidad del reclamo sobre la necesidad de incorporar mujeres a la Corte y señaló que en caso de una ampliación, deberán sumarse juezas al máximo tribunal. También exhortó al Gobierno nacional a que participe del debate sobre agrandar la Corte, algo también planteado por Rodríguez Saá.

Sobre el decreto insistieron múltiples legisladores kirchneristas como Ruperto Godoy, María de los Angeles Sacnun, Virginia García y María Ester Labado, entre otros. “Lo que hoy sucede acá es el efecto de la decisión de un grupo de senadores que puso en valor el Senado de la Nación”, reaccionó Labado frente al intento de plantear la discusión como “abstracta”, ya que ni Rosatti ni Rosenkrantz juraron efectivamente en sus cargos más allá de haber sido designados. La respuesta de Rosatti fue siempre la misma con distintas formulaciones: el mecanismo es constitucional y él aceptó porque la designación por decreto estaba asociada al procedimiento regular de manera “inescindible”. Sostuvo que se trató de un mecanismo “excepcional”: “Fue un proceso utilizado para salir de una coyuntura difícil porque no es una situación normal tener tres miembros sobre cinco”. Desde el kirchnerismo le recordaron que la Corte sigue funcionando y dictó un fallo el 23 de febrero.

García fue una de las más ácidas con el “señor candidato propuesto por decreto a la Corte Suprema”. Consideró que objetivo del decreto de Macri es “cercenar las voces de este Congreso como lo ha venido haciendo desde el 10 diciembre” y le planteó a Rosatti el “temor de parcialidad” que se desencadenó por su aceptación. Rosatti respondió que su independencia estaba determinada por el desconocimiento absoluto tanto de Macri como del jefe de Gabinete, Marcos Peña, así como por su participación política dentro del peronismo y de la expresión pública de haber apoyado a Daniel Scioli en la última elección presidencial.

Marina Riofrío y Sigrid Kunath (FpV), volvieron a la carga con el tema de género. “Esa observación excede a mi capacidad de decisión”, dijo, pateando la pelota hacia el Ejecutivo.

Entre las múltiples preguntas aportadas por organismos de Derechos Humanos y ONG, Rosatti consideró que es constitucional la obtención de ADN en contra la voluntad de la persona, en el marco de investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Esa consulta fue remitida por Abuelas de Plaza de Mayo. El Inecip le preguntó por la tenencia de drogas para consumo personal y aseguró que “debe ser despenalizada” y que “la persona que se droga no debe ser criminalizada”. Inscribió el tema en un problema a abordar desde la medicina, no desde el derecho penal y señaló que no funcionaron las estrategias de combate al narcotráfico mediante la penalización del consumo. Mucho menos taxativo fue sobre el aborto. Afirmó que el tema debe ser abordado por el Congreso y consideró que hasta podría convocarse a una consulta popular dada su profundidad. Sobre el comienzo de la vida, afirmó que la Convención de los Derechos del Niño la ubica “con la concepción”.

En un tema más técnico, Rosatti afirmó que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo son obligatorios en los casos en que la Argentina es parte.

En unas pocas ocasiones recurrió a sus propias obras, en otros casos, como el del impuesto a las ganancias, el ex ministro recordó que opinó a favor del pago cuando le tocó ser conjuez de la Corte Suprema. En ese punto incluso se comprometió ante la consulta de la peronista Liliana Negre de Alonso a empezar a pagar ganancias en caso de ser designado. Rosatti también recordó que fue convencional constituyente de la reforma de 1994.

Se pronunció en contra de revisión judicial de las decisiones políticas y consideró que su declaración de inconstitucionalidad debe ser “sumamente restrictiva”. Senadores como Juan Manuel Abal Medina lo consultaron sobre la coparticipación, tema actualmente en pugna entre el Ejecutivo y los gobernadores. Al senador del FpV, Mario País, le dijo que a contramano de la interpretación que hizo la ex presidenta Cristina Fernández, el fallo de la Corte que restituyó el 15 por ciento a tres provincias “tiene vigencia para los casos concretos”. “Toda medida que tienda a generar un atajo para impedir la intervención del Congreso me parece que no sortea un control de constitucionalidad”, dijo genéricamente ante la consulta de Lucila Crexell (MPN) sobre la constitucionalidad del régimen de DNU.

Sobre el final, el jefe del interbloque PROUCR, Angel Rozas, rescató “los antecedentes académicos como la trayectoria profesional intachables” del candidato y anticipó su acompañamiento. El resto de las fuerzas políticas se tomará su tiempo para opinar. El foco está puesto en el FpVPJ, que se dividía en un sector más proclive a su aprobación y otro más duro. Consultado por Página/12, Rosatti afirmó que no haría ningún tipo de declaración hasta una vez concluido el proceso de designación. Fuentes del Senado consideraron que podría demorar, al menos, tres semanas más.