El que avisa no traiciona. La Cámara de Apelaciones de Nueva York destacó la actitud negociadora del gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre, pero dejó en claro que los tenedores que no quieran acogerse a la generosa propuesta argentina tienen vía libre para continuar litigando contra el país. Así lo expresa el tribunal en los argumentos conocidos ayer del fallo de miércoles pasado, en el que accedió a suspender las restricciones dictadas contra la Argentina que impedían emitir nueva deuda en los mercados internacionales y pagarle a los acreedores con títulos reestructurados. De esta manera se mantiene abierta la posibilidad a futuros litigios, no sólo de los bonistas que ingresaron al canje sino de los propios holdouts que consideren insuficiente la oferta del equipo económico de Macri, algo sobre lo que la oposición había alertado en reiteradas oportunidades cuando se debatió el proyecto de ley para el pago a los buitres.

El lunes próximo el gobierno hará una colocación por 15.000 millones de dólares, de los cuales 10.800 millones serán para pagarles a los fondos carroñeros que aceptaron el acuerdo de Macri y 4200 millones de dólares para gastos corrientes (ver aparte). Para poder llevar a cabo la operación fue necesario que la Cámara de Apelaciones de Nueva York convalidara el levantamiento de las restricciones impuestas por el juez Griesa, que impedían mediante una caprichosa interpretación de la cláusula pari passu (igualdad de tratamiento entre acreedores) pagarle a los tenedores de deuda reestructurada sin hacer lo mismo con los holdouts. Esto entorpecía la posibilidad de salir al mercado para buscar los fondos con qué pagarle a los buitres.

Esta semana, la Cámara neoyorquina resolvió habilitar al país a colocar deuda en los mercados sin riesgo de embargo por parte de los demandantes, lo que fue celebrado por el equipo económico de Macri. No obstante, fue ayer que se conoció la letra chica de ese permiso. La Corte reconoció que los tenedores que no aceptaron la oferta argentina, en su mayoría pequeños fondos de inversión, podrían acudir a la Justicia para proteger sus intereses. “Levantar el stay no obliga a los tenedores de bonos individuales a aceptar el acuerdo propuesto. La Corte expresamente reconoce que no tiene el poder de forzar a los demandantes a aceptar un acuerdo”, dice el escrito que también destaca la buena fe con que negoció el gobierno.

El mediador designado Daniel Pollack emitió ayer un comunicado en el que anunció que, tras la decisión de la Cámara, Griesa levantará las restricciones luego de que el país certifique la concreción del pago a los holdouts. Según había adelantado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, la acreditación del pago en las cuentas de los buitres se realizará el viernes próximo, lo que dejará a la Argentina en un vacío legal toda esta semana subordinado a la palabra de Griesa. “La Corte de Apelaciones de Estados Unidos este viernes (por ayer) emitió una orden sumaria que tendrá efectos positivos y enormes en los acuerdos entre Argentina y los holdouts. Explicó y elaboró respecto de su fallo que validó completamente la orden del juez Griesa del 2 de marzo, que levantó el stay condicionalmente en este conjunto de casos”, expresó el mediador designado por Griesa.

El mediador sostuvo que muchos holdouts se acercaron a Argentina, firmaron acuerdos o están en negociaciones activas para hacerlo” e incluso previó que se sumarán nuevos bonistas minoritarios. Sin embargo, hay muchos tenedores que no aceptarán la propuesta y podrían continuar litigando ante el país.

“Los tenedores individuales son libres de continuar negociando, sin un stay, y pueden avanzar para proteger sus intereses aún por medio del litigio”, remarcó la Cámara. Esta aclaración corresponde a la posición más dura que presentaron el miércoles, durante la audiencia en la Cámara, de parte del abogado de inversores más pequeños que reclaman desigualdades en el trato respecto a los fondos NML Capital y Aurelius. El abogado de estos tenedores minoritarios, Michael Spencer, argumentó ante la Cámara que tienen en su poder 600 millones de dólares y ratificó que rechazaban la oferta argentina.

El Gobierno presentó oficialmente una oferta casi inmejorable a los buitres, que les permitirá conseguir una ganancia de hasta 1600 por ciento respecto de sus tenencias. Estas concesiones fueron justificadas por el equipo económico como la posibilidad de sumar la mayor cantidad de adhesiones y dejar al país libre de cualquier tipo de litigios. Durante el debate parlamentario del proyecto para pagarle a los buitres, tanto en Diputados como en la Cámara alta, se señaló la posibilidad de que se mantenga el riesgo de litigio. Ese riesgo incluye tanto a los bonistas que ingresaron al canje y puedan verse defraudados ante el mejor acuerdo que consiguieron los buitres como entre los mismos holdouts. La inequidad entre lo conseguido por los fondos más grandes respecto al resto podría ser causal de litigio.

Si bien la quita total anunciada oscila el 27 por ciento sobre el total de la operación, a los que más se aplica el recorte es a los fondos más pequeños. A los buitres NML y Aurelius, por ejemplo, se les reconoce hasta los gastos de sus abogados, incluso en instancias que perdieron. La posición oficial es que el apoyo obtenido en la negociación por parte de Griesa –y ahora convalidado por la Cámara– reduciría las chances de que prosperaran nuevas presentaciones contra el país, aunque no se descartaba que pudiesen acudir a otros tribunales permeables a este tipo de demandas, como los fue el de Griesa. Pero la Cámara de Apelaciones de Nueva York fue incluso más concreta sobre esa posibilidad, al reconocerles a los bonistas minoristas que no quieran aceptar el acuerdo con el país el derecho de continuar litigando.