El abogado Jorge Chueco habría llegado al Hotel Saint George de Misiones, el domingo pasado, donde dejó dinero y una nota.

Bajo indicaciones de un juez de Misiones, la policía buscaba ayer en el Parque Nacional Iguazú al abogado Jorge Chueco, vinculado a Lázaro Báez, quien la semana pasada fue mencionado por Leonardo Fariña como alguien muy importante en el armado legal de la estructura y operatoria del empresario de la obra pública que está detenido por lavado de dinero en Ezeiza. Chueco estaba cerca de ser citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello. Su familia le perdió el rastro hace cinco días cuando viajó hacia Iguazú y se contactó con su ex esposa, Patricia, a quien le habría dicho que estaba bajo “una presión enorme”. Los investigadores no descartan un suicidio. Esta semana Casanello resolverá la situación procesal de Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, quienes podrían continuar detenidos, más aún teniendo en cuenta que en un fallo durísimo la Cámara Federal dijo que había riesgo de fuga.

Chueco, de 64 años, es apoderado de Helvetic Service Group SA, una firma que compró la financiera SGI, la financiera donde fueron tomadas las imágenes del hijo de Báez, Martín, Pérez Gadín, su hijo Sebastián y otras dos personas más en el momento en que contaban más de 5,1 millones de dólares. La filtración de esas imágenes fue lo que aceleró los llamados a indagatoria y detención de Báez y de Pérez Gadín y sus hijos. Chueco no sólo estaría comprometido por los dichos de Fariña, en su extenso testimonio de la semana pasada, sino por cheques provenientes de operaciones de Helvetic que iban a parar a las cuentas de Austral Construcciones, una de las empresas de Báez, y por una compra dudosa de bonos. Helvetic en sí era utilizada como vehículo de abultadas operaciones.

“Presiento que está en riesgo de vida. Está siendo amenazado. Me da la sensación de que se ha alejado de su familia para protegernos”, dijo su ex mujer a una radio misionera. “No creo que haya querido suicidarse”, añadió, “no haría un acto de esa naturaleza, tiene seis hijos”. Ella viajó a Puerto Iguazú cuando dejó de tener noticias suyas y allí radicó una denuncia que quedó a cargo del juez Osvaldo Lunge, quien dijo que la búsqueda del abogado se realiza “por tierra, en las costas y en el río” del parque nacional. La pesquisa, señaló, no descarta que se haya suicidado. “Si bien no se descarta ninguna hipótesis, la aparición de una carta que según su esposa tendría la letra de él, le da fuerza a la teoría del suicidio”, precisó Lunge. Chueco nunca había denunciado amenazas.

Al parecer, Chueco estuvo alojado en el Hotel Saint George y la Hostería Los Helechos. Habría llegado allá el domingo pasado, dos días después de la declaración de Fariña. Según informó el juez, dejó dinero (1000 pesos y 43 mil dólares) en la caja de seguridad de una habitación y en la nota hallada decía para quién era. El juez Casanello le pidió informes a su par misionero y a última hora todavía aguardaba novedades. Lo que parecía corroborado es que no cruzó la frontera.

Quien mencionó originalmente a Chueco fue el fiscal José María Campagnoli en 2013, cuando intentaba ampliar los alcances de una causa originada por las denuncias de extorsión que hizo Federico Elaskar, quien decía que se tuvo que desprender de SGI sin cobrar el valor de venta. Ya el año pasado el fiscal Guillermo Marijuán pidió su indagatoria. En una ocasión en que hizo declaraciones periodísticas, Chueco dijo que él había instrumentado la venta de la financiera SGI, dijo que trabajaba para casos puntuales de Austral Construcciones y desligó a Báez de Helvetic.

En los primeros días de la semana, Casanello resolverá si procesa por lavado, y si lo hace con prisión preventiva, a Báez, Pérez Gadín, sus hijos, a Gustavo Fernández (titular de SGI), Walter Zanzot (dueño de la empresa de taxis aéreos Top Air) y el operador financiero Fabián Rossi. El juez fue cuestionado en un fallo de la Sala II de la Cámara Federal que, al negarles la excarcelación a los dos primeros, le señaló que se estaba deteniendo en cuestiones de “menor envergadura” y que tenía que ir más lejos que los 5,1 millones de dólares que aparecen en el famoso video, y que Báez reconoció como propios aunque intentó atribuirlos a una operación lícita de inversión inmobiliaria.

“Una y otra vez se ha advertido que la encuesta comprende también la supuesta expatriación de una suma de dinero muchas veces mayor que la que puntualmente se alude en la actual indagatoria, y el reingreso al país de otro monto, importantísimo también, a través de bonos de la deuda pública”, señala el texto. Un concepto que remarca es que están involucrados delitos “que se denunciaron como llevados a cabo al amparo de estructuras de poder en torno del Estado”, cuentan la relación de Báez con la obra pública y hasta hacen una relación con el caso Hotesur. Lo que llamó la atención en tribunales es que los camaristas (Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah) se explayaran tanto cuando lo único que se planteaba era los pedidos de libertad de dos imputados. Para ellos, son imputados peligrosos, porque se pueden fugar y advirtieron sobre posibles intimidaciones. Luego insistieron con que la plata involucrada podría estar en cuentas en otros países “y/o se especula que parte de ella pueda estar oculta en alguna de sus numerosas propiedades en la vasta extensión del sur del país”.

Casanello hará una denuncia por el intento de visita a Báez en la cárcel de parte de supuesto personal de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, porque la titular de esa cartera, Patricia Bullrich le aseguró que no mandó a nadie.