Desde la Ciudad de México

La “verdad histórica” sobre la que se montó el gobierno de Enrique Peña Nieto para dar un virtual carpetazo a la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de fuerzas policíacas, es cada vez más una pesadilla de derechos humanos que ejemplifica la indefensión en que vive la sociedad mexicana desde hace años.

Apenas la noche del jueves, la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) dio un giro a la historia al presentar las declaraciones de un “testigo clave” que sostiene en la desaparición forzada de los 43 estudiantes no sólo participaron las policías municipales de Iguala, sino que también lo habrían hecho tres patrullas del vecino municipio de Huitzuco e incluso al menos dos elementos de la Policía Federal que arribaron en dos patrullas, justo cuando los efectivos municipales iniciaban el traslado de estudiantes a un lugar desconocido. Los policías federales hablaron con varios policías municipales y los habrían dejado partir con los estudiantes bajo su poder, presumiblemente hacia el municipio de Huitzuco. La CNDH exige que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie de urgencia una nueva búsqueda, ahora en Huitzuco.

Desde hace más de un año, la PGR sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, por órdenes del crimen organizado local al que vincularon al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, hoy detenido. Los restos habrían sido arrojados a un río.

Este jueves, se afirmó una segunda línea de investigación ignorada hasta ahora por las autoridades federales. El testigo no fue identificado, pero se dijo que éste acudió personalmente a la propia CNDH para contar hechos de los que “fue testigo y no partícipe”. El presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, y el investigador de este organismo para el caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, resaltaron que el testimonio “es congruente y coherente” con otras evidencias en los expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la propia comisión.

Al expediente de la CNDH se habrían agregado cuatro fotografías del momento en que un grupo de entre 15 y 20 estudiantes son bajados del autobús 1531 de la línea Estrellas de Oro, uno de los que los jóvenes habían tomado para viajar a la Ciudad de México. Las imágenes fueron captadas por un militar en un paraje conocido como Puente del Chipote.

En este vehículo viajaba Alexander Mora Venancio, el único estudiante hasta ahora identificado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entre los pocos restos encontrados.

El testigo asegura que los estudiantes fueron entregados a un supuesto líder criminal, identificado con el sobrenombre de El Patrón, quien habría decidido su suerte.