El juez Arias encabezó la Audiencia Pública Popular realizada en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Ante la inminencia de la audiencia pública por el tarifazo de gas que prepara el Gobierno Nacional, la red nacional de multisectoriales y el colectivo Economía Política Para la Argentina (EPPA) realizaron ayer una jornada nacional de información y debate de la que participaron miles de personas en distintos puntos del país. Página/12 asistió a la actividad organizada en Florencio Varela, que encabezaron la economista Eva Sacco y el juez bonaerense Luis Arias, uno de los primeros magistrados que fallaron en contra de la exponencial suba en los servicios. “El Gobierno ha fijado nuevas tarifas en función de ecuaciones y no de derechos, y este fue un grave error que la Corte se encargó de advertirle”, aseguró Arias, quien advirtió sobre la audiencia oficial que “está todo muy mal organizado”.

Las multisectoriales de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, como el resto de las que funcionan en el país, nacieron al calor de los aumentos exponenciales de los servicios impulsados por el macrismo durante sus primeros meses de gestión. Se formaron con el aporte de vecinos, organizaciones sociales y de base, sindicatos y algunos funcionarios políticos locales. Ayer se reunieron en el auditorio central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en el marco de una jornada federal de Audiencias Públicas Populares. El objetivo general del encuentro era “debatir sobre las consecuencias sociales y económicas de los aumentos”, pero el eje de la charla derivó en la audiencia que tuvo que fijar el Gobierno de Mauricio Macri luego de que la Corte Suprema de Justicia congelara el aumento en las tarifas de gas.

“Queremos que los ciudadanos que vayan estén bien informados sobre el tema central en esta discusión que es el precio del gas en boca de pozo, y que el Gobierno sigue sin poner sobre la mesa”, advirtió Sacco, integrante de EPPA. “La Corte fue muy clara al plantear que la audiencia debía suceder en términos de igualdad entre ciudadanos, empresas y Estado y no puede haber igualdad si unos y otros no cuentan con la misma información”, añadió el juez Arias. Ambos advirtieron que, de no difundir “los costos de las empresas que expliquen semejante tarifazo” días previos a que se desarrolle la discusión de la semana próxima, la audiencia podrá ser impugnada.

“La audiencia pública es fundamental, pero tiene algunas falencias”, advirtió Sacco. Indicó que al hacerse solo una y en la Ciudad de Buenos Aires, “se acota el nivel de participación federal y es difícil que todos los afectados que quieran participar puedan hacerlo”. La economista hizo fuerte hincapié en otro “error” de la organización de la audiencia pública a la que la Corte Suprema de Justicia supeditó la definición del aumento de la tarifa de gas. “El tema central de la discusión, dicho esto por la propia Corte, es el precio del gas en boca de pozo. Esto no está en la agenda comunicacional del Gobierno, los ciudadanos no tienen absoluta información acerca de los costos que tienen las empresas”, puntualizó.

“Tengo toda la impresión de que está todo muy mal organizado”, evaluó el juez Arias en relación a la audiencia del próximo 16 de septiembre. Coincidió con las críticas planteadas por Sacco y añadió otra: “el Gobierno, con la ayuda de algunos medios de comunicación, ya habría elaborado otro plan de aumentos sin haber participado todavía de la audiencia pública ordenada por la Justicia”. “Quiera o no, el Gobierno va a tener que adaptar su plataforma tarifaria a los estándares que estableció la Corte o esto se va a judicializar permanentemente”, advirtió el juez.

El auditorio de la UNAJ estuvo repleto de vecinos y militantes políticos locales, entre los que el ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez fue el más aplaudido. Arias y Sacco estuvieron acompañados en la mesa de disertación por referentes de las multisectoriales organizadoras –Rita Paruolo, de Berazategui; Germán Verón, de Varela y Edith Llanos de Quilmes–, para reflejar una “construcción múltiple” compuesta por la lucha de organizaciones de base, la actuación de referentes de la Justicia y el análisis por parte de economistas. Esa combinación se repitió en casi todas las audiencias públicas populares que se dieron ayer en Santa Fe, Salta, Tucumán, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego

“El tarifazo es una transferencia de recursos enormes desde la sociedad hacia las empresas petroleras”, advirtió Sacco. Arias, en tanto, se refirió a los derechos: “El tarifazo atentó contra el derecho de los ciudadanos a tener información adecuada y veraz y a la vivienda, pero también afectó el salario y el derecho al trabajo, porque con tarifas altas e importaciones libres, las pymes no van a poder subsistir, lo que derivará en la pérdida de miles de puestos de trabajo. Me cuesta mucho creer que el Ejecutivo no haya advertido esto, creo que ese es el efecto deseado”, insistió.