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Pese a la oposición de la Subsecretaría de Combustibles, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que recomienda fijar un marco regulatorio a todo el negocio del gas en garrafas. El proyecto le reconoce el carácter de servicio público al fraccionamiento y la distribución del gas licuado de petróleo y a su provisión para el uso domiciliario.
Cristian Folgar, subsecretario de Combustibles, estuvo presente ayer en el encuentro de la comisión referida, donde presentó objeciones a la decisión tomada. El proyecto de regulación del GLP fue presentado por los diputados justicialistas Jesús Blanco (titular de la comisión) y Blanca Osuna. Tras la aprobación en la Comisión de Energía, los próximos pasos serán pasar por la consideración de las de Defensa del Consumidor y de Presupuesto y Hacienda.
La decisión de los diputados de la Comisión de Energía de establecer el fraccionamiento y distribución domiciliaria como un servicio público abrió un fuerte debate entre los legisladores y cuestionamientos desde el Poder Ejecutivo. Folgar planteó que dicha decisión es inconveniente y recomendó, en cambio, que lo mejor sería disponer la fijación de precios de referencia para la venta de este producto. Sin embargo, los diputados decidieron mantener en el dictamen el artículo en cuestión, sosteniendo que será la única forma en que el sector público podrá garantizar, en el futuro, la provisión de garrafas a las franjas más pobres de la población a precios razonables.
Blanca Osuna, intentando tranquilizar a Folgar, aclaró que “la iniciativa intenta generar el menor grado de intervención posible, salvo cuando sea necesario para proteger a los sectores socioeconómicos más vulnerables”. Los radicales miembros de la comisión apoyaron el proyecto. Su portavoz, Víctor Fayad, señaló que “desde 1996 queremos aprobar un marco regulatorio para el gas licuado, pero siempre se posterga; por eso optamos por acompañar el proyecto pese a que tenemos algunas diferencias”.
El dictamen establece que en el marco regulatorio quedan comprendidas las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicio de puerto y comercialización de GLP. Además, dispone que el precio del mercado interno no podrá superar la paridad de exportación (precio internacional menos retenciones).
Entre los intentos planteados hasta ahora por contener el precio del gas en garrafas, el Gobierno acordó semanas atrás la venta de garrafas de 10 kilogramos a una “tarifa social” de 18 pesos en 600 puntos de abastecimiento distribuidos en toda la geografía nacional. El miércoles último, Repsol-YPF hizo su aporte disponiendo un precio de referencia de 21 pesos por garrafa para los comercios abastecidos a través de su red oficial de distribución. El precio en el mercado oscila entre 24 y 25 pesos, aunque en determinadas zonas del país no se obtiene a menos de 27 pesos.
A su vez, el interbloque del ARI en Diputados presentó ayer un proyecto elaborado por el legislador Alberto Piccinini para establecer una “tarifa de interés social” para los servicios de agua potable, energía eléctrica y gas natural. El proyecto beneficia con un descuento del 50 por ciento sobre el valor regular del servicio a los usuarios residenciales “en estado de vulnerabilidad económica”. Las empresas concesionarias, según establece, no podrán trasladar el costo de la reducción tarifaria a otros usuarios, debiendo hacerse cargo de ella.