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Sobresueldos, licitaciones dudosas, ventas extrañas, cuentas en el exterior. Toda clase de sospechas se siguen acumulando alrededor de Carlos Menem. El fiscal Guillermo Marijuán agregó una más y muy directa: le pidió al juez Jorge Urso que investigara si el ex presidente cobró coimas por 25 millones de dólares para darle a la empresa Thales Spectrum el control del espacio radioeléctrico en 1997. El contrato fue anulado en febrero por el Gobierno, que acusó a la compañía francesa de haber causado un perjuicio al Estado de 302 millones de pesos mientras registraba para sí misma ganancias descomunales.
Marijuán intenta dar nuevo impulso a la investigación penal, que comenzó en el verano con una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), radicada en el juzgado de Urso. Le pidió al magistrado que analizara si la privatización “fue desfavorable para el Estado argentino y si mediaron sobornos”. Sugirió medidas para establecer si Menem cobró una “millonaria suma dineraria en concepto de dádivas” y las hizo extensivas a “los directivos de Thales Spectrum y cualquier otra persona que haya participado” de la contratación.
Las conjeturas acerca de las coimas se basan en dos cuestiones:
- Thales se manejó cómodamente sin ningún control. Desde el vamos, según el contrato, la empresa se quedaba con el 75 por ciento –una considerable proporción– de lo recaudado en el cobro de canon a los usuarios del espectro radioléctrico. El 25 por ciento restante era para el Estado. Sin embargo, nadie supervisó qué pasaba con el dinero ya que si bien un decreto obligaba a la privatizada a depositarlo en el Banco Nación, una resolución del ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath permitió que fueran a parar al Banco Río. Según la denuncia del Gobierno, la firma francesa tuvo la extraordinaria rentabilidad del 113 por ciento anual. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2001 decía que el beneficio excedía en 100 millones a las ganancias empresarias habituales. También hubo duros señalamientos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que alertó sobre el incumplimiento en los pagos al Estado.
- En octubre del año pasado la revista francesa Le Point reveló que desde Thales se habrían girado 25 millones de dólares a cuatro cuentas de bancos estadounidenses vinculadas a funcionarios de la administración menemista (ver aparte). Marijuán se basó en ése y otros datos en su pedido de pruebas: quiere verificar si las transferencias de la posible coima se hicieron desde Ginebra, Suiza, a través de la empresa Finego, una financiera que quebró y que al parecer controlaba al grupo Thales. Una de las medidas que reclamó el fiscal es que se le pidan a Ginebra por exhorto las constancias de los envíos de dinero, así como el rastreo de quiénes son los titulares de los depósitos bancarios, que están individualizados. Quiere establecer la ruta de los millones, además de quiénes pagaron y quiénes recibieron. El delito de cohecho, activo o pasivo, tiene una pena máxima de seis años de cárcel y, por ende, es excarcelable.
La pesquisa de Urso y Marijuán intenta revisar todo el proceso que privatizó el control del espacio por donde pasan las ondas de comunicación. Thales Spectrum quedó a cargo de fiscalizar el uso apropiado del espacio radioléctrico y cobrar un canon a los usuarios: la telefonía celular, las radios AM y FM, los radiotaxis, los canales de televisión y las compañías aéreas, entre otros.
Aquel acuerdo, fruto de una controvertida licitación en 1997, convirtió a la Argentina en uno de los pocos países en el mundo que entregaron esa actividad a una empresa privada: los únicos antecedentes eran de dos países africanos. Junto con Menem, algunos personajes que estuvieron en el centro de la escena y que ahora se encuentran bajo investigación son Kammerath, su primo Roberto Catalán, que presidía la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y redactó los pliegos, y Jorge Neuss, accionista de Thales y compañero de golf del ex presidente. El contrato con la empresa francesa era por 15 años, con posibilidades de prórroga por cinco años más, y significó un negocio de 500 millones de dólares según los cálculos oficiales. El gobierno de Néstor Kirchner anuló la concesión en febrero y anunció la reestatización del control del aire. Al Presidente lo terminaron de convencer las numerosas irregularidades halladas por la AGN y la Sigen, los dos organismos a cargo de inspeccionar las cuentas públicas. Sus informes daban cuenta de que Thales Spectrum no cumplió “en un 70 por ciento” los compromisos asumidos en inversiones mínimas (por ejemplo, para reducir interferencias o evitar las transmisiones clandestinas) ni en el pago del canon a las arcas públicas.
La denuncia original habla de un perjuicio de 302 millones en las cuentas del Estado que corre en paralelo al crecimiento de las jugosas ganancias de la empresa entre 1997 y 2001. Ahora la OA, a cargo de Daniel Morin, sigue una investigación propia con intención de hacer aportes a la causa judicial. En los próximos días haría una presentación con datos nuevos. Una de las aspiraciones gubernamentales es recuperar la plata despilfarrada.
En tribunales vislumbran que las violaciones de Thales Spectrum al convenio que firmó con la gestión de Menem contaría con bastante prueba. Pero todavía, advierten, falta un trecho para llegar a los nombres de los responsables.