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He estado en el juicio al vasco Josu Lariz Iriondo, en los tribunales de Comodoro Py. Perseguido vasco por el gobierno español y que vive en nuestro país. Es evidente que se trata de un intento del gobierno hispano de hacerlo extraditar para que muera en las celdas de alguna de sus cárceles, no por cierto ordenadas de acuerdo con los mandatos humanitarios y de justicia. El odio a todo lo que sea vasco hace que la persecución de este hombre lleve al gobierno español a todas las presiones posibles. Ya fracasó en el Uruguay, donde la Justicia oriental rechazó todos los cargos primero de Felipe González, el socialista, y luego de Aznar, el franquista. Ahora, está en manos de la Justicia argentina darle el gusto al nuevo gobierno llamado socialista de Zapatero, o decirle basta a la persecución de años y dejar trabajar en esta ciudad en paz, como cocinero –que es su profesión– a este hombre que hace muchos años trabajó en un restaurante del Uruguay y que, por supuesto, casado ya con una uruguaya, continuaría con su oficio en esta ciudad.
No le bastó el veredicto de la Justicia uruguaya al gobierno hispano. Es que hay ciertas esferas en la metrópolis española que creen que todavía en Latinoamérica se teme y se obedece como en los tiempos de las carabelas y de la mita y el yanaconazgo. Por eso volvió a insistir, ahora en la Argentina. El fiscal argentino Eduardo Freiler lo dijo con toda claridad hace algunas horas: rechazo de la exigencia española porque los así llamados delitos que la policía hispana le enrostra al ciudadano vasco, están todos prescriptos. Sólo la acusación de “estrago” tendría vigencia pero el fiscal argentino, que se ve que conoce bien las condiciones en que se hace justicia en España, señala que en caso de extradición se exija que “el detenido no sea ni incomunicado ni torturado”. Cosa muy difícil, véanse si no las acusaciones en Naciones Unidas contra España.
El abogado defensor argentino Eduardo Soares pidió al mismo tiempo la nulidad del proceso porque corresponde a una operación política. Al mismo tiempo, el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Theo van Boven, solicitó que se garanticen los derechos del acusado y denunció al gobierno español de violaciones a los presos y flagrantes casos de tortura en el caso de ciudadanos vascos. Es que ya todo había comenzado con el dictador Francisco Franco cuando les prohibió a los vascos que hablaran su propio idioma y llevó a cabo una sanguinaria persecución porque ese pueblo había acompañado a la República Española en la Guerra Civil y por eso había sido bombardeada su ciudad Guernica por los aviones de la Alemania nazi. Sistema represivo que siguió el socialista Felipe González con los GAL, cuerpos que imitaron a los grupos argentinos desaparecedores de personas de la dictadura de Videla. El pueblo llamó la “ESMA”, con el nombre argentino a la comisaría de Inchaurrondo, donde la Guardia Civil Española cometió actos de torturas aberrantes con los detenidos políticos.
Con esos antecedentes, la Argentina, como Nación, no puede entregar a un perseguido político –al cual no se le ha probado nada– para marchar hacia toda una vida de cárcel y aislamiento. En Latinoamérica Josu Lariz Uriondo mostró ser un trabajador ejemplar, y más ahora, que ha formado familia. Eso es lo que hay que tener en cuenta, como lo dijo el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, hace unas horas durante el juicio. Sería lo mismo que la Argentina se dejara llevar por el odio de un problema profundo de la península que España todavía no ha logrado resolver. No va a lograr la paz con conseguir la extradición de un acusado al que no se logró probar nada. España tiene que solucionar por fin los problemas con el noble pueblo vasco con paz, inteligencia y grandeza. La Justicia argentina tiene que decir bien fuerte que Lariz Iriondo es un perseguido político y que para esa clase de hombres nuestra tierra siempre se mantendrá abierta.