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Estalló la cúpula de la Gendarmería: los dos altos jefes con legajos de la Conadep cuyos nombres publicó Página/12 el último lunes anunciaron ayer que pedirán su retiro. Se trata de Enrique Della Gaspera, director de Logística, y Carlos Omar Farías, jefe de Asuntos Internos.
La información aún no es oficial pero este diario pudo establecer que Della Gaspera y Farías ya anunciaron a sus colaboradores que dejarán la Gendarmería.
Los dos figuran mencionados en una denuncia de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que los sindica como oficiales operativos del campo de concentración de La Perla, en Córdoba. En ese momento Della Gaspera, que ahora se retira como comandante general, el cargo máximo en Gendarmería, era alférez primero, y Farías, comandante mayor, revistaba como alférez. Los dos prestaron servicios en la Escuela de Suboficiales de Jesús María, en Córdoba.
Patotas de Gendarmería cumplieron funciones operativas en varios campos de concentración de todo el país.
Della Gaspera y Farías llegaron a lo más alto de la fuerza por una combinación de circunstancias: en el interior del país hubo menos denuncias que en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, la Justicia en muchos casos puso a dormir las causas y, además, jefes de Gendarmería aprovecharon los dos elementos anteriores para justificar su laxitud y su falta de celo en los ascensos.
La nueva cúpula fue constituida bajo la supervisión del equipo de Seguridad Interior que supervisa Norberto Quantín y operan en la práctica José María Campagnoli, Ignacio Rodríguez Varela y Armando Zarabozo. Zarabozo es un teniente coronel de inteligencia. Fue miembro del estado mayor carapintada de 1987 y ahora encabeza la Dirección de Planeamiento y Control en Seguridad Interior, encargada de coordinar la relación entre las fuerzas federales. Ese equipo es el que buscó convertir a la Gendarmería en una policía urbana y una virtual agencia de seguridad privada por la profusión de servicios adicionales, con lo cual desprotegió las fronteras y de paso ofreció un justificativo maravilloso a los gobernadores que no ordenan sus propias policías. También quitó jerarquía a los gendarmes: después de pasar tres años en Haití, donde colaboraron en el armado de una nueva policía, ningún gendarme será de la partida en las fuerzas que prepara la Argentina para enviar a Puerto Príncipe.
La permanencia de Farías y Della Gaspera se apoyó en una suerte de coartada. El argumento era que ninguno de ellos tenía causa abierta por la Justicia, lo cual es cierto. Sin embargo, solo una decisión administrativa, es decir, política, mantenía a ambos en actividad pese a la sospecha. En un caso nada menos que a cargo de la estructura nacional de una fuerza casi militar y en el otro supervisando el control interno.
Los dos nombres aparecen en un testimonio recogido por la Conadep, según el que ambos habrían participado de un fusilamiento de detenidos disimulado bajo la forma de la aplicación de la “ley de fuga”, como se llamaba en la jerga la coartada de explicar que los secuestrados habían resultado muertos al intentar la huida de la prisión.
Funcionarios de la Secretaría de Seguridad informaron que tanto Della Gaspera como Farías hicieron su descargo en noviembre del año pasado. Della Gaspera dijo: “No es de mi conocimiento la ocurrencia de fusilamientos, ni de enterramientos dentro de sus límites”. Farías también negó incluso haber conocido “hechos que puedan ser considerados como de lesa humanidad” y dijo que la sospecha lo había perjudicado en su carrera. Fue un ejemplo más de cómo la impunidad impidió distinguir culpables de inocentes. Los dos relataron como acontecimiento más llamativo el de un avión de la Fuerza Aérea que le disparó al vehículo de un oficial de servicio de la Gendarmería.
La demora en la acción de la Justicia agiganta las dudas. Hasta el miércoles, la pregunta era cómo podía ser que hubiera una denuncia en la Conadep y no el registro del hecho y de sus víctimas. Desde ese momento, quien vacile puede apelar al testimonio entregado al jefe del Ejército, y publicado en este diario, por el teniente coronel Enrique Bruno Laborda. El oficial confesó haber participado en el asesinato de prisioneros en Córdoba en 1977, 1978 y 1979, y narró hechos que, como en otros casos, aún no fueron cotejados con las denuncias en poder de la Justicia. Luego de uno de los asesinatos en masa, después de los tiros a quemarropa los jefes convocaron a secciones de tiradores para que disparasen simulando un enfrentamiento.