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Por Plan Fénix *

La cuestión de la deuda externa afecta a la totalidad de los argentinos, por cuanto ha sido consustancial a un patrón económico centrado sobre lo financiero, que ha sumido a nuestro país en un estancamiento económico secular y una polarización social sin precedentes. Se trata de una problemática estructural, originada a mediados de la década de los ’70 y que se ha instalado durante el largo período de vigencia del “pensamiento único”, de carácter neoliberal. La crisis de 2001 es a la vez la crisis de la deuda y de un modelo. Esta deuda representa compromisos cuyo impacto se extenderá durante un largo período. Ello requiere la consideración simultánea de diversos aspectos e instancias que involucran al conjunto de la sociedad.
En el plano económico y social, la deuda constituye ante todo un obstáculo de magnitud al propósito de transitar un sendero de desarrollo sostenido con una distribución más equitativa de ingresos y riquezas. En consecuencia, el repago a comprometer no deberá impedir la necesaria recuperación de la economía ni la afirmación de un proceso de crecimiento. Por otra parte, sólo una economía en crecimiento podrá asegurar algún grado de solvencia externa en el mediano y largo plazo.
Un corolario de este proceso ha sido la persistente intervención de los organismos internacionales de crédito en diversas instancias que hacen a nuestra economía y sociedad, con evidente mengua del grado de autonomía nacional. Destacamos dos cuestiones en particular, por su importancia presente. En primer lugar, voceros de estos organismos han tomado posición a favor de los acreedores privados, lo que se ha corporizado en una fuerte presión sobre el gobierno nacional a favor de un pronto acuerdo con todos los acreedores; al respecto, habría sido esperable una actitud distinta, toda vez que la actual crisis ha sido consecuencia de un modelo económico que fue prohijado por una dirigencia local miope y dogmática, aunque con el indispensable apoyo de los organismos mencionados. En segundo término, la instrumentación de las políticas sociales indispensables para la recuperación de los sectores más expuestos, al encontrarse apoyada en el financiamiento multilateral, se ve sometida a los vaivenes de los acuerdos de refinanciación.
En el plano jurídico, no se ha recurrido al amplio andamiaje hoy disponible, que incluye –en especial– los antecedentes existentes en nivel mundial, para fortalecer la posición argentina en los foros internacionales y, en particular, argumentar contra el alza descontrolada de la tasa de interés operada a principios de los años ’80. Al mismo tiempo, se han dejado a un lado las responsabilidades que caben a cada una de las partes involucradas: además del Estado argentino y los tenedores de los títulos de deuda, a los organismos multilaterales de crédito y a la banca que participó como agente colocador (de un modo especialmente perverso en oportunidad de las últimas operaciones de canje), tras haber obtenido importantes utilidades en las primeras fases del proceso de endeudamiento. Todo ello, en operaciones que muestran sobradas evidencias de excesivas ganancias de intermediación y aun sospechas de actos de corrupción.
Siempre en el plano jurídico, cabe indagar acerca de la legitimidad de una deuda cuya génesis se remonta a compromisos asumidos por gobiernos de facto, o mediante dudosos mecanismos de delegación de facultades propias del Congreso Nacional. Una buena parte del actual endeudamiento puede en tal sentido considerarse como “deuda odiosa” (ilegítima), un argumento planteado en diversas oportunidades a lo largo de la historia, y en el presente por el gobierno de los EE.UU., en relación con la deuda de Irak.
Ahora bien, somos conscientes de que se ejercerán aún más fuertes presiones que las ya sufridas por el país, en un momento en que se afirma una recuperación económica que está desmintiendo –día a día– los apocalípticos pronósticos formulados hace sólo un año y medio, tanto porparte del FMI como por los políticos y economistas responsables del desastre de los años 90.
En vista de lo anterior, creemos necesario insistir en nuestra visión sobre esta temática, basada en una estrategia de desarrollo nacional con equidad y que asegure la continuidad de la gobernabilidad democrática. Ello se fundamenta en las pautas siguientes:
1 Los acuerdos que se logren no deben vulnerar la autonomía nacional en lo que hace a la fijación, en cualquier ámbito, de las políticas gubernamentales clave.
2 Es necesario rechazar la injerencia indebida de los organismos multilaterales de crédito en el proceso de renegociación de la deuda pública con acreedores privados, por ser la Argentina miembro de estos organismos y ser a su vez ellos mismos –hasta el momento– acreedores privilegiados, en detrimento de las aspiraciones del resto de los tenedores de deuda soberana argentina. Sólo es dable aceptar su mediación si ellos concurrieran a solventar parte de la quita, habida cuenta de su corresponsabilidad en el proceso de endeudamiento y en la adopción y apoyo a un patrón económico y social indeseable y en definitiva no sustentable.
3 Los agentes colocadores de los títulos, en cuanto corresponsables de este proceso de endeudamiento, también deberían contribuir a morigerar el impacto de la quita sobre los tenedores de bonos.
4 El gobierno argentino debería efectuar una presentación ante la Corte Internacional de La Haya, a fin de que esta última se expida acerca de la legitimidad de la deuda externa, dadas las condiciones en las que ella fue originalmente contraída y luego sucesivamente reestructurada, y de los efectos de este proceso sobre la economía y sociedad argentinas.
5 Se requiere asegurar que el mayor peso del pago de los compromisos originados en la deuda reestructurada recaiga en los sectores sociales de mayor ingreso y riqueza, en particular de aquellos que se han beneficiado como consecuencia del proceso de concentración económica verificado durante la última década; para ello será menester constituir un fondo, alimentado por la tributación específicamente dirigida a tales sectores, incluida la que debe terminar alcanzando a los activos de residentes argentinos transferidos al exterior.
6 Debe asegurarse la continuidad del financiamiento a las políticas sociales requeridas en esta crítica situación, aislándolas de eventuales efectos ocasionados por la renegociación de la deuda; para esto es necesaria su desvinculación del financiamiento multilateral, en particular, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
7 En caso de que el Fondo Monetario Internacional persista en exigir condicionalidades referidas a la renegociación de la deuda pública con acreedores privados o, en general, un esfuerzo mayor al que la sociedad argentina puede tolerar sin afectar el cumplimiento de sus objetivos, deberá abandonarse el acuerdo suscripto, cancelando las obligaciones asumidas y procediendo en consecuencia a incrementar la quita sobre los bonos hoy en default y a reprogramar en su momento –y en la medida necesaria– los vencimientos de capital de la deuda ya reestructurada.
8 Por último, señalamos que deben respetarse las disposiciones constitucionales en el sentido de que es al Parlamento al que corresponde decidir sobre todas las cuestiones vinculadas con la deuda externa.
La negociación de la deuda externa transitó desde el principio sobre carriles diferentes, al aceptarse cuatro premisas: 1) se descartó el reclamo por la ilegitimidad total o parcial de la misma; 2) se otorgó el carácter de acreedor privilegiado a los organismos multilaterales de crédito; 3) no se realizaron gestiones para determinar las responsabilidades compartidas entre el gobierno argentino, el FMI y la banca privada en la colocación de los bonos en default; 4) se aceptó la necesidad de generar superávit primario todos los años y que su piso podía estar en el equivalente al 2,4 por ciento del PBI para la Nación y 0,6 para las provincias.
A partir de parámetros tan rígidos se presentó la propuesta de Dubai, que recientemente ha sido notablemente mejorada para los acreedores en la presentación de Buenos Aires. No obstante, la reacción de éstos se ha exacerbado, seguramente en la creencia de que pueden obtener aún mejores condiciones. Es preocupante que se haya asumido un compromiso de superávit fiscal primario superior al originalmente previsto: el 2,4 por ciento fijado como límite de superávit del Estado nacional ha sido elevado ahora al 2,7 por ciento. Esto no se compadece con las estimaciones de crecimiento que se prevén a partir de 2005.
En primer término, no es justificable el reconocimiento que se realiza de los montos de interés devengados a partir de diciembre de 2001, siendo muy elevadas las tasas del período precedente al default (del orden del 11 por ciento anual). En segundo lugar, debemos destacar que el ingrediente del “premio por crecimiento”, que favorecería a los acreedores cuando la tasa anual de mejora del PBI excediese el 3 por ciento, sumaría transferencias adicionales al exterior y, por lo tanto, el costo efectivo de la propuesta (con la paradoja de que los acreedores parecen no “valorar”, en rigor, este “premio”).
Debe señalarse, por último, que el país se enfrenta una vez más con una durísima negociación con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina ha cumplido en forma acabada con los compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales, atendiendo no sólo los pagos de los intereses sino también cancelaciones netas de deuda en plena depresión (por más de u$s 7000 millones, durante las gestiones de los últimos dos gobiernos, el actual y el de transición). Parece que, a medida que el Gobierno realiza actos manifiestos que tienden a la plena reinserción del país en el mundo financiero, el FMI incrementa de modo sistemático sus exigencias, involucrándose indebidamente en la negociación con los acreedores privados.
Debemos responder a esta difícil situación nacional con la constitución de una amplia confluencia de opiniones, que apoye la negociación sobre bases firmes y realistas y que reúna a todos aquéllos dispuestos a asumir una postura de defensa de los intereses colectivos. La configuración de un espacio político-social interno firme y coherente es un requisito fundamental para que pueda concretarse una negociación externa adecuada.
Si esto se logra, no sólo daremos una respuesta digna y adecuada a la cuestión de la deuda. Habremos también dado un paso importante para la constitución de un orden social, económico y político más justo y cohesionado –de una verdadera Nación, en suma– del que las futuras generaciones podrán ser orgullosas beneficiarias.

* Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires. Abraham L. Gak, director.