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La Cámara Federal revocó los sobreseimientos dispuestos en primera instancia en favor de los hermanos Emir y Karim Yoma, involucrados en presuntas irregularidades con las garantías otorgadas por la curtiembre Yoma al Banco Nación para la obtención de créditos. En una resolución dictada el 15 de julio último, pero conocida recién ayer, la Sala I del Tribunal dejó sin efecto una medida del juez federal Claudio Bonadío que había desvinculado a los hermanos Yoma y a otros integrantes de la empresa familiar de la denuncia.
En esa causa se analiza una presentación del Nación, que denunció que la curtiembre “dio en garantía de líneas de crédito de exportación sus reintegros del IVA”, pese a que esas cesiones de derechos también habían sido ofrecidas al Banco Macro. El Banco Nación fundamentó su reclamo en que esa entidad exigía “exclusividad” de los avales y que las autoridades de la empresa no habían notificado que también los habían ofrecido a otro banco.
Los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo dijeron que la medida adoptada por el juez de primera instancia (que también había beneficiado a Miguel Angel Núñez, Elías Roman y Domingo Crivello) había sido “prematura”, pues “no han sido descartadas las hipótesis delictivas que conforman el objeto procesal de esta causa”. En el fallo, de sólo una carilla, los magistrados de la Sala I de la Cámara añadieron que tampoco se “realizaron las diligencias probatorias que proponen las partes y que son conducentes para la investigación”, por lo que el magistrado deberá ahondar ahora en la pesquisa.
Esta causa se conoce como “Yoma chica”, ya que existen otras actuaciones –que también lleva adelante Bonadío– en las que se investigan presuntas anomalías en la renegociación de deudas de Curtiembres Yoma y otras empresas de ese grupo familiar. En este último expediente el ex director del Banco Nación Miguel Enrique Crotto declaró en el mes de mayo dando inicio a una extensa ronda de indagatorias que incluirá a Emir Fuad Yoma, el 31 de agosto, mientras su hermana Amalia Beatriz (Amira) deberá hacerlo el 2 de septiembre.
En estas actuaciones –iniciadas en 1995 por denuncia del entonces senador radical Héctor Bertoncello– están acusados, entre otros, los integrantes de los directorios del Nación, del Provincia de Buenos Aires y del Ciudad, por las refinanciaciones acordadas entre los años 1995 y 1998. Durante el gobierno de Menem, el grupo Yoma habría sido beneficiario de créditos de la banca oficial por alrededor de 60 millones de pesos, aun en momentos en el que ya había entrado en mora por los créditos anteriores.
Otras denuncias refieren además a que gran parte de las operaciones de exportación de las curtiembres riojanas durante ese período está bajo sospecha. Según consta en la denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción por las entonces diputadas Graciela Ocaña e Irma Parentella, muchas de estas operaciones habrían tenido como comprador a una filial del mismo grupo en Hong Kong, la firma Austal. La AFIP le reconocía un importante reintegro de impuestos con liquidación casi automática, equivalente al 21 por ciento del valor exportado. Pero ni los valores declarados ni las mercaderías efectivamente embarcadas eran sometidas a control estricto alguno, pese a que gran parte de las operaciones era “intraempresa”.
En esa misma denuncia, se señalaba como irregular el trámite de adjudicación del beneficio de reintegros al grupo, cuando sus operaciones ya estaban desgravadas por regímenes de promoción regionales. Es decir, recibía devoluciones por impuestos que jamás había pagado.