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A las cinco y media de la mañana, después de doce horas de sesión, la Cámara de Diputados encaró un tema siempre polémico: el contrato con Aguas Argentinas. En el recinto quedaban 129 legisladores, justo el número necesario para que hubiera quórum. Lo que debían tratar era el acta-acuerdo que firmó el Gobierno con la empresa, fijando las condiciones para la operación del servicio hasta fin de año. Después de mucha discusión, el oficialismo se impuso en la votación por 80 a 49. El Poder Ejecutivo consiguió de ese modo un aval indispensable para renegociar el contrato con la concesionaria, que pese a sus probados incumplimientos una vez más logró salir a flote.
“¿Se podría haber rescindido el contrato? Posiblemente, pero eso significaba contar con todo un montaje para seguir operando el servicio, de modo tal que la rescisión no implicara un ejercicio bueno desde lo principista, pero que en los hechos produjera la no prestación del servicio.” Esa fue la explicación que dio Cristina Fernández de Kirchner para justificar por qué el Gobierno decidió renegociar el contrato con Aguas Argentinas, en lugar de quitarle la concesión. La senadora defendió la posición del Ejecutivo durante la sesión del Senado de anteanoche. La Cámara alta aprobó los términos del acta-acuerdo cerca de las veinte del miércoles, y a las cinco y media del jueves, sólo unas horas después, Diputados completó el trámite.
Roberto Lavagna y Julio De Vido olvidaron sus diferencias por unos días para trabajar juntos muy activamente en favor de la aprobación. La semana pasada invitaron a un almuerzo al Palacio de Hacienda a los diputados y senadores del PJ que comandaban el tema en el Congreso. Eran los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo: Hugo Toledo, Jorge Capitanich, María Laura Leguizamón, Marcelo López Arias, Mabel Müller y Graciela Camaño. Ellos habían sacado un dictamen avalando la actuación del Gobierno, que abrió la puerta al tratamiento en ambas cámaras.
El dictamen fue muy curioso, ya que los legisladores denunciaron que el Ejecutivo había violado la ley –llegó a un acuerdo con Aguas sin solicitar autorización previa al Parlamento–, pero accedieron a ignorar la falta “por una razón de prudencia política, de carácter necesariamente excepcional, que de ningún modo deberá tomarse como precedente”. Müller y Camaño, incluso, firmaron en disidencia parcial, lo que evidenciaba la resistencia del propio bloque oficialista. Lavagna y De Vido admitieron en su reunión con los legisladores que el Ejecutivo había procedido mal y prometieron cumplir con la ley en lo sucesivo, en la renegociación de los demás contratos con las privatizadas. En concreto, lo que debe hacer el Gobierno es consultar al Congreso antes de llegar a cualquier arreglo con las empresas.
Lavagna y De Vido fueron convincentes: en las sesiones de anteayer y ayer, hasta Müller y Camaño votaron a favor. El ARI, los socialistas y demás partidos de centroizquierda, al igual que el radicalismo, se opusieron, pero salieron derrotados en la votación. Toledo señaló a Página/12 que, “si bien tenemos grandes objeciones hacia Aguas Argentinas, consideramos oportuno aprobar este acuerdo por ser transitorio. Las diferencias que tenemos con la empresa se salvarán de aquí en más, pero este convenio da lugar a la realización de inversiones y mantiene las tarifas congeladas hasta fin de año”.
Desde la vereda opuesta, la diputada María América González (ARI) cuestionó duramente todo el proceso y pidió la anulación del contrato, para lo que sobran motivos. La propia Cristina Kirchner admitió esto último: “Hubo permanentes modificaciones a las condiciones contractuales y una política de la empresa de comprometer obras –con lo que lograba autorizaciones para subir tarifas– que luego no realizaba”, ejemplificó. Pero la senadora justificó la aprobación del acta-acuerdo por las dificultades para conseguir un operador sustituto.