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En pocas horas, el Gobierno recolectó diversas noticias favorables a su estrategia de renegociación de la deuda. Una ocurrió en Nueva York, donde un juez destrabó la reestructuración de un bono emitido por la provincia de Mendoza. Al respecto, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, dijo que aceleraría el proceso de la deuda porque el fallo “desalentará la vía judicial” a los bonistas. La otra novedad surgió en Italia. Por primera vez un alto funcionario de ese país prefirió trasladarle la responsabilidad a los inversores por sus compras de bonos que caerían en default antes que al gobierno argentino. Un hecho relevante si se toma en cuenta que en Italia hay 340 mil pequeños ahorristas con títulos en cesación de pagos, que poseen el 15 por ciento de la deuda argentina en default.
Ayer, el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, afirmó en el Congreso de su país que muchos ahorristas italianos conocían los riesgos de adquirir los títulos de deuda argentinos, que a fines de 2001 cayeron en default. Es la primera vez que un alto funcionario de ese país tiene esta posición, en público. La declaración suscitó una dura reacción del partido gobernante de Italia. “Afirmar, como hizo Fazio, que muchos pequeños y pequeñísimos ahorristas asumieron riesgos de modo consciente, significa ignorar lo que ocurre diariamente en los bancos italianos”, dijo Guido Rossi, vicepresidente del grupo de la Liga Norte.
La postura de la administración Berlusconi es muy diferente a la expresada por Fazio. Incluso, el gobierno italiano se hace valer en el seno del Grupo de los Siete para que, a través del Fondo Monetario, se ejerza presión sobre la Argentina.
Es evidente que, como máximo referente del sistema financiero, Fazio haya querido dejar a salvo la honorabilidad de los bancos italianos. Por eso cae sobre los pequeños inversores sin siquiera compartir responsabilidades con las entidades financieras que, ante la inminencia del default, transfirieron parte de su cartera en títulos públicos argentinos a sus clientes. Esta postura fue abordada insistentemente por la oposición italiana, y se cursaron distintos proyectos de leyes para salvar a los bonistas.
Para el gobierno argentino, los dichos del funcionario de la banca central de Italia se constituyeron en una buena noticia, ya que le quita presiones políticas en uno de los países más conflictivos, de cara a la etapa final de la reestructuración de la deuda.
La misma sensación generó el fallo judicial que destrabó la reestructuración de un bono emitido por Mendoza. El título público por 250 millones de dólares, por el cual el gobierno de Julio Cobos propuso una quita del 10 al 5,5 por ciento anual, fue objetado por un “fondo buitre” ante el Poder Judicial de Nueva York. Pero el mismo juez que hace un par de semanas suspendió el proceso de canje, ahora lo destrabó. Inmediatamente, Cobos le dio a esa disposición un carácter nacional. “El fallo es un aporte válido para presumir un mayor éxito en la operación de canje que va a realizar la Nación”, argumentó. El festejo para el Gobierno fue doble: el fondo buitre Greylock Global O- pportunity es comandado por Hans Hume, uno de los líderes del Comité Global de Acreedores (GCAB), junto al italiano Nicola Stock.
El ministro Rosatti le dio una dimensión relevante al fallo sobre el bono mendocino, conocido como “Aconcagua”. Dijo que ayudaba para desalentar la vía judicial de aquellos inversores que se oponen a la propuesta de Roberto Lavagna. Además, sugirió que allanaría el proceso, ya que los bonistas aceptarían sentarse a negociar en vez de realizar una demanda judicial y correr serios riesgos de perder en esa instancia. La apuesta de Economía es que la gran mayoría de los inversores acepten el canje, aunque es común que en estos procesos los “fondos buitres” recuperen el 100 por ciento de la emisión del bono en los tribunales.