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En diez días el Gobierno tendrá definidos los puntos principales de un proyecto para reformular la Ley de Riesgos del Trabajo. Néstor Kirchner tomará la decisión final en base a una propuesta que le elevará Carlos Tomada, quien a su vez viene manteniendo una serie de reuniones con empresarios y sindicalistas. Ayer fue el turno de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que acudió a la cartera laboral para exponer su visión sobre el tema. El ministro definió en ese encuentro cuál será el criterio del Poder Ejecutivo para elaborar la iniciativa: “Vamos a priorizar el consenso, después la aceptación y más tarde la resignación” de las partes, advirtió. Fue una manera de anticipar que tanto las cámaras patronales como los representantes gremiales tendrán acuerdos y desacuerdos con sus ideas.
La instrucción de Kirchner a Tomada fue que debe estar listo el proyecto en dos semanas para ser remitido al Congreso. El Gobierno pretende que la nueva ley sea sancionada antes de fin de año. La otra tarea asignada a la cartera laboral y al Ministerio de Economía fue empezar a trabajar en un proyecto de reforma previsional, que recién irá al tratamiento legislativo cuando finalice el canje de deuda. Es decir, será un tema para las sesiones ordinarias del año que viene.
El apuro respecto del sistema de riesgos del trabajo se debe a la presión de las cámaras empresarias tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional un artículo clave de la ley de ART. Desde fines de los ’90 existía consenso –incluso de los empresarios– sobre las falencias del régimen de aseguradoras de accidentes, pero nunca hubo voluntad política para producir cambios. Las modificaciones se hicieron necesarias luego de la reciente intervención del máximo tribunal.
Tomada ya recibió a los empresarios y a la CGT, y ayer fue la CTA. Horacio Meguira, abogado de esta central sindical, señaló a Página/12 que una de las coincidencias con el ministro fue que “el sistema de ART era el que generaba inseguridad jurídica para millones de argentinos”, que tenían impedido acudir a la Justicia para exigir una indemnización integral en caso de accidente. Otros dos puntos en los que hubo acuerdo fueron los siguientes:
u Listado de enfermedades: La cobertura deberá ser integral. Las ART no cubren una amplia cantidad de enfermedades profesionales. La nueva ley terminará con esas carencias.
u Juntas médicas: Se reformulará su funcionamiento. Las juntas médicas son las que determinan la gravedad de la lesión del trabajador y definen, en función de ello, la indemnización que corresponde. Como son contratadas por las ART, terminan siendo juez y parte. El Estado podría reemplazarlas en su función.
Víctor Mendivil, secretario gremial de la CTA, y Meguira advirtieron, de todos modos, que el Ejecutivo no tendría voluntad de producir cambios más profundos, como inscribir la cobertura de accidentes en el marco de un sistema integral de seguridad social, con aportes solidarios de las empresas.