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La Corte Suprema decidió tomar las riendas en el conflicto por los ñoquis del jurado de enjuiciamiento. En una resolución inusual, dispuso la reducción casi a la mitad de los empleados del cuerpo encargado de hacer juicio político a los jueces. La intervención sorpresiva de los supremos tiene una explicación: tanto en el Consejo de la Magistratura, que analizaba un posible recorte de los gastos, como en el propio jury, había demasiadas resistencias internas como para llegar a una solución pese a que está perfectamente probado que el personal en la mira cobra sueldo pero no siempre va a trabajar.
Para poder ordenar el recorte, la Corte acordó reasumir las “facultades de superintendencia” sobre los funcionarios y empleados del jurado, que había delegado en 1999. En una resolución firmada ayer, señaló que no se justifica la existencia de un staff de 54 colaboradores para la escasa cantidad de causas que el jury tiene a su cargo. Ordenó, entonces, una poda que limita el número de nombramientos a “un secretario letrado y un escribiente” por cada uno de los nueve vocales. Además, establece una reducción de la planta permanente de 25 a 10 personas. De esta manera quedarían en total 28 cargos.
La decisión del máximo tribunal incluye modificaciones al reglamento del jury. Entre ellas, instruye a la secretaría general para que controle la asistencia e informe en qué horarios se cumplen funciones. Todo el mundo, especifica el nuevo texto, debe “desempeñar sus tareas en la sede del jurado”. Los funcionarios permanentes serán reasignados a otras dependencias. Para los transitorios los contratos caerán recién a fin de año. Si no hay juicios en marcha, los empleados recibirán otras tareas. La resolución está firmada por Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda. Augusto Belluscio no firmó porque, como vicepresidente de la Corte, le toca presidir el jury.
El problema de los ñoquis entró en discusión en el Consejo de la Magistratura, que administra el dinero del Poder Judicial, a partir de un informe que presentó a mitad de año el consejero Beinusz Szmukler. Este abogado advirtió que el tribunal de enjuiciamiento resuelve sólo 1,33 juicios políticos al año y que lo venía haciendo con un plantel cinco veces más grande que el de un tribunal oral criminal –que suele contar con once funcionarios– para tramitar unos 500 expedientes en el mismo lapso. Entre junio y fines de agosto, por ejemplo, el jury no tuvo ningún proceso de remoción para resolver.
Por otro carril, Belluscio fue un día cualquiera a pasar lista entre el personal y se topó con que los despachos estaban vacíos. Abrió un sumario para investigar por qué nadie iba a trabajar, pero por mayoría sus pares lo cerraron y ordenaron a sus colaboradores que no dieran ninguna clase de explicación. El malestar provenía, especialmente, de los tres miembros del jury que concentran la mayor cantidad de asesores designados: los senadores Jorge Agundez (UCR) y Sergio Gallia (PJ) y el camarista federal de La Plata Sergio Dugo. Este juez incluso carga con una causa penal porque habría usado los servicios de algunos de sus empleados del jurado en el tribunal bonaerense y en otro expediente se analiza su posible enriquecimiento ilícito. Por ambos asuntos tiene pedido de remoción.
La semana pasada quedó claro que las dificultades –producto de intereses corporativos cruzados– para avanzar con modificaciones no sólo estaban dentro del jury sino también en el Consejo, que había llamado a un plenario extraordinario para debatir qué hacer con los ñoquis, pero no tuvo quórum. Esta situación hizo madurar la intención de intervenir que ya venía creciendo en la Corte Suprema. Si bien la iniciativa perturba a algunos consejeros que la ven como una intromisión en sus facultades, a la vez les saca un peso de encima. Nadie descarta, sin embargo, que haya choques entre ambos órganos.
El Consejo tiene el tema en agenda, otra vez, para la reunión plenaria de hoy. Szmukler anunció que planteará dos debates: cree que “la reducción es insuficiente” y, más allá de que pueda aceptarla, pondrá sobre la mesa la polémica sobre la competencia de los supremos. “La medida trata de componer el conflicto, pero no va a fondo. Aún queda un exceso de gente en la planta permanente. ¿Qué hacen todo el año?”, comentó. Su par Eduardo Orio se mostró conforme: “Estamos, al menos, frente a un principio de reducción. Los consejeros podemos controlar el dinero del jurado, pero no podemos darle directivas ni modificar su estructura”.
Con este escenario, el Consejo podría dejar todo como está y que surta efecto la resolución de Sus Señorías. Aunque también podría hacer propio el espíritu cortesano y ratificar la resolución. Las reformas más profundas, de todos modos, sólo podrían ser resueltas por el Congreso. En el Senado hay un proyecto para que el jurado sea un cuerpo transitorio, que funcione sólo cuando hay un caso por resolver. Pero marcha a fuego lento.