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El justicialismo de la Cámara de Diputados impuso ayer la aprobación en comisión del proyecto de Presupuesto 2005, sin modificar una coma de las facultades especiales que requirió el Gobierno y que le permitirán, si finalmente se convierten en ley, modificar y redistribuir los recursos del Estado nacional sin consultar al Congreso.
El PJ lo terminó por aprobar prácticamente en soledad, ya que la UCR, el ARI, la CTA y los partidos provinciales expresaron su rechazo. El proyecto incluye dos artículos esenciales, el 10 y el 11, que permiten al poder Ejecutivo sortear las exigencias de las leyes de Responsabilidad Fiscal y Administración Financiera. De esa forma, el Gobierno tendrá facultades para cambiar los montos de las partidas aprobadas por el Congreso e incluso convertir fondos de inversión de capital, como los recursos destinados a obras públicas, en gastos corrientes, como por ejemplo los usados para pago de sueldos y jubilaciones.
La mayor parte de las críticas opositoras embistieron contra los poderes especiales. Pero también generó polémica el intento por ratificar, vía proyecto de presupuesto, el decreto 214 de 2002. No es un dato menor si se tiene en cuenta que fue la norma del gobierno de Eduardo Duhalde que instrumentó la pesificación de la economía argentina.
La ratificación parlamentaria del 214, que el justicialismo debió resignar el año pasado por el rechazo de los diputados opositores, se convertiría en una convalidación legislativa de la pesificación, que el martes fue declarada constitucional por la Corte Suprema.
El justicialista Rafael González justificó en la comisión la inclusión de la delegación de facultades y la ratificación del decreto con la necesidad de “respaldar la gobernabilidad”. “Estamos en un país en crisis, con variables que todavía son una incógnita: éste es el presupuesto posible”, aseguró. La justificación de González, con argumentos que luego subrayó su jefe de bancada, José María Díaz Bancalari, fue la respuesta justicialista a las críticas de los diputados de la oposición. Tales cuestionamientos pueden resumirse en dos aspectos centrales: la negativa a entregar al Gobierno facultades propias del Parlamento y la certeza de que el presupuesto subestima los ingresos fiscales del año próximo para acumular superávit y repartirlo discrecionalmente desde el Poder Ejecutivo. “No nos gusta que la mayor recaudación pueda ser asignada por la Jefatura de Gabinete como le plazca”, se quejó Horacio Pernasetti, titular de la bancada radical. En tanto, el diputado de la CTA Claudio Lozano cuestionó la “tendencia a centralizar poder y a transformar el Parlamento en una ficción”.