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El boicot convocado por el Gobierno contra las empresas que aumentaron el precio de los combustibles se hizo sentir. La caída en las ventas de Shell alcanzó al 70 por ciento, según un relevamiento de la Federación de Empresarios de Combustibles. La petrolera admitió el impacto, aunque aseveró que fue muy inferior a lo informado por los representantes de los dueños de estaciones de servicio: “La disminución osciló entre 25 y 30 por ciento”, dijeron a Página/12 fuentes vinculadas con la compañía. En Esso la evaluación es todavía más provisoria, pero la baja habría sido algo menor. Las empresas afirman, con tono desafiante, que a medida que pasen los días irán recuperando clientes y que la embestida del Gobierno quedará definitivamente opacada cuando sea necesario importar gasoil a un precio todavía más alto que el que ellas ofrecen.
La demanda de gasoil se multiplica entre abril y junio, que es cuando se realiza la cosecha gruesa. La producción local no alcanzaría para cubrir las necesidades, por lo cual haría falta importar el combustible. Por esa razón, el Gobierno impulsa un proyecto de ley para suspender por cuatro meses el cobro de impuestos a su importación. El secretario de Energía, Daniel Cámeron, y el subsecretario de Combustible, Cristian Folgar, acudirán esta tarde al Congreso a una reunión con las comisiones de Comercio y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La Casa Rosada aspira a que el proyecto quede aprobado mañana mismo. El radicalismo lo apoya en líneas generales, aunque tiene disidencias en algunos puntos.
Shell subió el gasoil a 1,48, pero el importado –según estiman fuentes empresarias– costaría 1,70, descontando incluso la carga impositiva. La compañía angloholandesa se maneja con esos cálculos y, en función de ellos, le resta importancia al perjuicio que le ocasionará el boicot lanzado por el Presidente: lo que pierda ahora lo recuperará más adelante, afirma. De todos modos, prolongar el conflicto con el Gobierno no parece una estrategia muy saludable.
Por estos días, el mayor enojo con la campaña colectiva contra Shell y Esso es de los dueños de las estaciones de servicio que firmaron contratos con esas marcas. Carlos Calabró, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles, enfatizó que en el sector “existe mucha preocupación, porque hay muchísimos expendedores de Shell que no pueden cubrir sus gastos, porque están registrando un 70 por ciento de disminución de ventas”. De las 930 estaciones de servicio que componen la red total de expendedores de esa compañía, sólo 150 le pertenecen. Calabró representa a las estaciones más grandes, de largo vínculo con la petrolera. “El Gobierno no sabe nada”, atacó, y luego dio su particular visión sobre el conflicto con las petroleras que subieron los precios. “Acá no necesitamos que se vaya una empresa, necesitamos que vengan diez. No nos engañemos, a todo el mundo le gusta trabajar en una multinacional donde pagan puntualmente.”
Calabró también se quejó por las protestas de los piqueteros frente a las terminales de venta de combustible. “Creo que hay un rechazo generalizado a este tipo de maniobras”, afirmó.
La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, recibió ayer a las organizaciones piqueteras afines al Gobierno. Estuvieron Luis D’Elía, de la Federación Tierra y Vivienda (FTV); Emilio Pérsico, del MTD Evita; y Humberto Tumini, en representación de Barrios de Pie. La funcionaria explicó que se analizó “cómo capacitar a las organizaciones sociales para ver de qué manera contribuyen a la campaña de concientización para no convalidar con la compra los precios abusivos”. D’Elía, por su parte, dijo que “en este país las petroleras han dado golpes de Estado, han puesto dictaduras, han creado hiperinflaciones”.
Además de la disputa entre estacioneros y petroleras, existe otro conflicto interempresario. Es entre Shell y Esso, por un lado, y Repsol YPF y Petrobras, por el otro. Estas últimas decidieron no ajustar sus precios al público, aunque subieron el precio del crudo que les venden a las otras dos compañías siguiendo el valor del petróleo a nivel internacional. Unos y otros se encontrarán hoy en una reunión de la Cámara de la Industria Petrolera, cuyo presidente es Juan José Aranguren, también titular de Shell. Será el primer encuentro desde la suba de precios y el inicio del boicot y se supone que más de uno levantará la voz. El Gobierno, mientras tanto, confía en que continúe el éxito del boicot.
Manuel García, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, protestó porque “en esta pelea entre el Gobierno y Shell los únicos que están perdiendo son los estacioneros y los trabajadores, que se pierden las propinas que componen un adicional importante a su sueldo”. García representa a las estaciones más chicas. “Para Shell no es un problema, porque lo que no vende en el mercado interno lo exporta. El problema es para el expendedor, que tiene un contrato firmado con la petrolera y se ve obligado a cumplirlo”, señaló. “Shell y Esso son las que imponen los precios”, agregó. Por último, dijo que “el Gobierno debería aplicar las leyes y castigar duramente a las empresas por formar parte de un oligopolio, en lugar de andar con retos que a ellas les resultan indiferentes y que a nosotros nos deja como únicos perjudicados”.