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Shell, Esso y Rhasa están siendo objeto de una fiscalización integral de parte de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, cuya hipótesis de evasión mantiene en reserva para “no alertar a las firmas que empezaron a ser controladas”. La embestida de la gobernación de Felipe Solá no tiene que ver con la reciente reacción presidencial al aumento de precios que aplicaron las dos primeras refinadoras pero, de producir los resultados previstos por los sabuesos bonaerenses, caldearían aún más el clima con esas petroleras. “Puede ser un escándalo”, sugieren en la repartición a cargo de Santiago Montoya, aunque sin develar el misterio de su pesquisa. Lo que el subsecretario de Ingresos Públicos provincial ya tiene claro y resuelto es iniciar un juicio a Coto por eludir el pago de Ingresos Brutos, falta que habría originado una deuda a favor del fisco bonaerense de 24 millones de pesos.
Las controversias con petroleras e hipermercados son cuestiones recurrentes para los administradores bonaerenses, que tienen en Ingresos Brutos una de sus principales fuentes de financiamiento propia. El problema es que el tributo que cobran las provincias es muy resistido desde la teoría por su carácter “distorsivo” y en la práctica por la negativa empresaria a tributarlo en todos los casos que indica la ley.
Con las petroleras hubo varias discusiones, en algunos casos zanjadas después de una fuerte pulseada. A principios del 2002, en plena debacle económica y fiscal, el gobierno de Felipe Solá salió a enrostrarle a Repsol YPF, Esso y Shell estar en mora en el pago de Ingresos Brutos por más de 123 millones de pesos en conjunto. También en aquel momento se abrió el debate acerca de una dudosa modalidad utilizada por algunas petroleras para liquidar un gravamen que debe tributarse sobre el monto total de ventas de todas las etapas: producción, refinación, venta a estaciones de servicio y a usuario final.
La sospecha es que las firmas “integradas” –que producen el petróleo y venden las naftas en surtidor– omitían al menos una de esas fases para pagar menos: en lugar de registrar la venta a la estación de servicio propia, por ejemplo, simulaban una entrega en consignación para eludir el pago. Pero éste no sería el caso de Shell, Esso y la local Rutilex Hidrocarburos Sociedad Anónima (Rhasa), que sólo refinan, lo que deja en pie la incógnita de cuáles son las “varias maniobras” que habrían realizado para evadir, según supone el fisco bonaerense.
También los supermercados tienen una historia controvertida, que incluye desde la resistencia en los tribunales al aumento de la alícuota de Ingresos Brutos: invocando la emergencia económica, la administración de Solá le aplicó una suba del 30 por ciento sobre el 3,5 por ciento que paga el resto de las actividades. A este conflicto se añadieron otros clásicos como la mora y, básicamente, el desacuerdo sobre la base para tributar. Esto último es lo que llevó al gobierno bonaerense a iniciar juicios a varias cadenas a las que en los próximos días agregará Coto.
Según el equipo de Montoya, un camino habitual de los supermercados para pagar menos IB es encubrir los ingresos que provienen de asignar una ubicación privilegiada a ciertos productos. Como retribución por estar en la punta de góndola, los proveedores suelen hacer importantes descuentos o entregar cantidad extra de artículos sin cargo, en virtud de contratos que los híper se niegan dar a conocer a Rentas.
Para los administradores provinciales ese ocultamiento sólo sirve para disimular ingresos. Así las cosas, aplica compulsivamente un “ajuste” en función de ciertos parámetros técnicos y de esto resulta que la cadena de Alfredo Coto debe más de 24 millones de pesos que serán exigidos por vía judicial.
Las presuntas maniobras para eludir el pago de impuestos provinciales involucran a otras tantas importantes compañías. Siderca, del Grupo Techint, tiene un faltante de 18,54 millones de pesos por el olvido de aplicar Ingresos Brutos sobre sus ventas finales. A Aerolíneas Argentinas, Rentas le reclama más de 30 millones por la misma omisión sobre una proporción de la venta de pasajes internacionales, que en virtud de un Convenio Multilateral deben computarse como vendidos en provincia. Transgresión similar a la que incurriría Visa, y por la que se le exigen 9 millones.
También el Impuesto a los Sellos funda reclamos. En el 2004, Rentas computó acreencias por 150 millones de pesos, empezando por los 46,02 que debería la concesionaria de trenes urbanos Ferrovías. La operadora del Belgrano Norte no habría oblado el tributo que corresponde al contrato de concesión, ahora objeto de una renegociación que llevará un tiempo difícil de precisar.