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Shell y Esso ya no están solas en su pelea con el Gobierno: el Fondo Monetario Internacional decidió salir a su rescate. Su director gerente, Rodrigo Rato, condicionó ayer la firma de un nuevo acuerdo con Argentina a que la administración Kirchner desista del boicot a las petroleras. “Al FMI le parece imprescindible que haya reglas de inversión claras y respetuosas con el funcionamiento de la iniciativa privada”, afirmó el ex ministro de José María Aznar y remarcó que esa política debe aplicarse tanto a los capitales “nacionales como extranjeros”. El mensaje fue contundente, más allá de los eufemismos y medias palabras que constituyen el lenguaje habitual de los burócratas de Washington. “Desde luego” que este tema “formará parte de las discusiones que tendremos con el gobierno argentino de cara a un posible nuevo programa con el FMI”, insistió Rato, quien envió su advertencia desde Shanghai, en una de las escalas de su gira por China e India.
Rato podrá tener la mejor intención de cumplir con su rol de lobbista de las multinacionales, pero la ayuda que les ofrece a Shell y Esso parece más bien un salvavidas de plomo. Es como un Chapulín Colorado del establishment, sin el candor del original. Para el Gobierno, que un actor tan desprestigiado y antipático como el FMI se ponga del lado de las petroleras le facilita las cosas para ganarse el apoyo de la opinión pública. La intervención del Fondo refuerza el discurso que pretende imponer la Casa Rosada: “No deje que los de afuera y los poderosos le metan la mano en el bolsillo”.
Shell es una compañía de capitales angloholandeses, mientras que Esso es estadounidense. Un directivo de la primera de esas empresas confesó a Página/12 que lo mejor para ellos es bajar los decibeles del conflicto, para ir recobrando la normalidad. “Muchos clientes fieles dejaron de venir por miedo a eventuales disturbios”, señaló el empresario. Mientras más rápido pase el incidente con el Gobierno, mejor, fue su conclusión. El FMI está haciendo todo lo contrario.
La primera respuesta a Rato desde el Poder Ejecutivo corrió por cuenta de la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja: “Hay quienes desde el exterior exigen reglas de inversión claras y respetuosas. Es importante decirles que es cierto, pero que las reglas claras deben ser también de las empresas y, por lo tanto, cuando las variables económicas no justifican las subas en forma unilateral no se las debe aplicar”, replicó.
El Gobierno insiste en que los aumentos de combustibles fueron injustificados y amenaza con sanciones a Shell y Esso. Así lo dijo el último domingo el secretario de Energía, Daniel Cameron, y ayer lo repitió su número dos, el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar. “Las leyes ofrecen muchas herramientas”, indicó escuetamente, sin dar más precisiones. Fue en el marco de una reunión con diputados en el Congreso para analizar el proyecto de ley que suspende por cuatro meses el cobro de impuestos a la importación de gasoil (ver aparte). El funcionario derivó la cuestión a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia.
La información que entregó la Casa Rosada es que este última dependencia avanzará por la “vía administrativa”. Es decir, abrirá una investigación para verificar si hubo alguna violación a la Ley de Defensa de la Competencia. Vaca Narvaja, por su parte, estudiará si se infringió la Ley de Defensa del Consumidor. En ambos casos, el proceso es largo y trabajoso. Las eventuales sanciones, entonces, no serían inmediatas.
El FMI presionará para que no las haya. Rato sumó este tema a la lista de exigencias del organismo para pactar un nuevo programa con Argentina. Otro de sus pedidos principales es que el Gobierno complete la renegociación de contratos con las privatizadas y habilite inmediatos aumentos de tarifas. Un tercer reclamo vinculado a las empresas es en favor de los bancos: pretende que el Estado los compense por los amparos que debieron liquidar a los ahorristas que lograron retirar su dinero del corralito, a valordólar. La respuesta del Gobierno a este último tema es que no puede intervenir hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre la constitucionalidad o no de la pesificación. De todos modos, el FMI quiere que su planteo quede expresado.
Además de la presión del Fondo en defensa de los intereses de privatizadas, bancos y, ahora, petroleras, el organismo se puso muy firme para que el Gobierno renegocie con quienes no entraron al canje de deuda. Esa es, en definitiva, la principal de las batallas. Todas esas cuestiones requieren de un acuerdo político, que no parece sencillo. A nivel técnico, las negociaciones comenzarán hoy en Washington con la presencia del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo. Otros funcionarios de segunda y tercera línea de distintas reparticiones del Palacio de Hacienda también viajaron para reunirse con sus pares del Fondo.
En este caso, empezarán a discutir sobre la política para contener el avance de la inflación. Rato le dijo a Lavagna la semana pasada que corresponde aplicar la receta tradicional del organismo: ajuste fiscal y política monetaria contractiva. Si hacía falta algo más para corroborar que para el FMI nada ha cambiado, a pesar de fallar en todo, ahí está el abrazo a Shell y Esso.