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Cuando todavía no se aplacan las repercusiones de la polémica suscitada en torno al obispo castrense Antonio Baseotto por su carta al ministro de Salud, Ginés González García, en la que mal utilizó una referencia bíblica condenando a ser arrojados al mar a quienes se atrevan a opinar en favor de la despenalización del aborto, la Comisión Permanente del Episcopado, que se reunió ayer en Buenos Aires, emitió una declaración ratificando la posición histórica de la Iglesia Católica sobre el tema de la interrupción provocada del embarazo. “La criatura humana que se desarrolla en el seno de la madre no es una parte de su cuerpo, de la cual pueda disponer a voluntad”, afirman los obispos católicos. Y agregan que “cortar este proceso natural por medio del aborto equivale a destruir una vida cuyo desarrollo es autónomo, continuo y progresivo”.
A pesar de la comunicación del Gobierno al Vaticano manifestando el deseo de que Baseotto sea removido de su cargo, la declaración de la Comisión Permanente, de apenas cuatro párrafos, no hace ahora alusión alguna al tema. Extraoficialmente se conoció que todo lo relacionado con el obispo Baseotto, sus declaraciones, las diversas reacciones y otros antecedentes que salieron a la luz pública y que dan cuenta de actitudes del obispo castrense contrarias a los derechos humanos, formó parte del debate episcopal de ayer. “No hubo una sola posición” fue el único comentario de uno de los participantes. Los obispos saben que el episodio Baseotto contribuye al deterioro de la imagen de la Iglesia Católica y conocen que en el seno de la feligresía el hecho ha desatado serias polémicas. Frente a la posición de algunos grupos señalando que el “silencio” episcopal es una forma de “tomar distancia” de Baseotto, otros reclaman una actitud más clara, activa y decidida que tome distancia expresa de las afirmaciones del obispo castrense, más allá de la conocida posición histórica de la Iglesia en materia de aborto. En círculos católicos se cuestiona además la institución del “obispado castrense”, pero la Conferencia Episcopal también guarda silencio sobre esto.
“La defensa de los derechos fundamentales debe ser preocupación de todos los ciudadanos. El primero de ellos es precisamente el derecho a la vida protegida desde la concepción hasta la muerte natural. En cuanto ciudadanos y en cuanto cristianos, nos sentimos urgidos a dar testimonio de verdad”, dicen los obispos y agregan que “los argumentos esgrimidos para legalizar el aborto reflejan lineamientos neocolonialistas que algunos organismos internacionales intentan imponer a nuestro país y a toda América latina”.
En este sentido, mencionan el “Informe Kissinger” recordando que “ya en la década de 1970 advertía sobre las ‘consecuencias del crecimiento mundial de la población para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar’”. En clara alusión a las recomendaciones del Comité sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (Cedaw), el pronunciamiento episcopal sostiene que “nuestro compromiso a favor de los derechos de la mujer no puede depender de acuerdos o recomendaciones que pretenden garantizar la práctica del aborto como servicio público”.
La declaración ahora emitida por la Comisión Permanente se ubica en la misma línea de la posición histórica de la Iglesia en la materia, ratificada no sólo por el Vaticano, sino por varios obispos argentinos en las últimas semanas, incluso a través de declaraciones colectivas. “Invitamos a todos a no dejarse engañar por argumentaciones estadísticas nunca comprobadas que respaldan las tendencias abortistas. La muerte provocada no puede ser camino de solución para nuestros problemas. Defendamos la vida, cuidemos la vida, apostemos siempre por la vida”, remata el comunicado del Episcopado.